El Instituto de Crédito Oficial (ICO) ha rechazado una solicitud por transparencia en la que Newtral.es le pedía los informes internos con los que se hace el seguimiento de los avales ICO, que son los préstamos que esta institución concedió a empresas durante la crisis del coronavirus. Estos informes los elabora la consulta PwC y son trimestrales. En ellos se verifican las operaciones ICO ejecutadas durante la pandemia y se señala en cuáles hay impagos.
El Instituto de Crédito Oficial contrató en 2021 a la consultora PwC por 5,5 millones de euros (IVA incluido) para controlar el cobro de los créditos con aval público concedidos a empresas afectadas por la crisis económica derivada del coronavirus.
El ICO es una empresa pública adscrita a la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, con naturaleza jurídica de Entidad de Crédito y consideración de Agencia Financiera del Estado.
La única información a la que se puede acceder acerca de los impagos de los créditos ICO se desprende de un informe del Tribunal de Cuentas elaborado este año. En él se alude a una “nota informativa interna” del Instituto de Crédito Oficial que plasma impagos en 5.846 concesiones de créditos ICO por un valor total de 339,14 millones de euros que el Gobierno avaló con 267,15 millones de euros.
El Gobierno avaló con 267 millones más de 5.000 créditos ICO con impagos
El Tribunal de Cuentas señaló en su informe que “la mayor parte de las operaciones fiscalizadas se encontraban aún en periodo de carencia”. El periodo de carencia es una ampliación que se concede a los prestatarios de los créditos ICO para extender sus obligaciones de pago hasta un máximo de 24 meses.
No obstante, el Tribunal de Cuentas apuntaba que estos datos no implicaban “que el riesgo de impago o la morosidad en las operaciones avaladas vaya a ser bajo, sino que la ampliación y generalización de los plazos de carencia hacen previsible que la relevancia de estas situaciones se pueda empezar a manifestar a partir del año 2022”.
En su respuesta a este medio, el Instituto de Crédito Oficial ha denegado el acceso a los informes de control que elabora PwC argumentando que “hay que tener en cuenta otros intereses y derechos protegidos, que podrían ser vulnerados en caso de acceso por terceros a la información solicitada, y que la Ley 19/2013 configura como límites al derecho de acceso, en su artículo 14”.
En este sentido, apunta que “los datos bancarios están sujetos al deber de confidencialidad, que emana del secreto bancario, institución jurídica de validez plenamente admitida en nuestro ordenamiento tanto por la doctrina científica como jurisprudencial”. También que facilitar los informes solicitados “vulneraría el deber de guardar reserva exigible al ICO en relación con las entidades financieras concedentes y de éstas con sus clientes”.
Además, desde el ICO señalan que las líneas de avales COVID-19 están reguladas en el Real Decreto-ley 8/2020 y Real Decreto-ley 25/2020 y las condiciones desarrolladas en los Acuerdos de Consejo de Ministros. Por último, recuerdan que la entidad financiera “es -y no el ICO– la que decide sobre la concesión de la correspondiente financiación al cliente elegible de acuerdo con sus procedimientos internos y políticas de concesión y riesgos”.
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