El plan de ahorro energético del Gobierno impone una temperatura obligatoria en determinados edificios y obliga a apagar la luz de los escaparates por la noche, entre otras medidas. Para los casos de incumplimiento, el Ejecutivo prevé multas de hasta 60.000 euros. Sin embargo, no se aumenta ni la frecuencia de las inspecciones ni el número de estas para garantizar el cumplimiento de las nuevas medidas de ahorro energético, según el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica.
La norma que aprueba las medidas para reducir el consumo energético expone la existencia de revisiones “para el consumo racional de energía” en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE). “El real decreto ley amplía el alcance del RITE, de modo que se mantienen los sistemas de supervisión previstos”, precisan desde el IDAE.
Por su parte, desde la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), encargada de realizar inspecciones a los agentes que operan en el mercado energético, apuntan hacia las comunidades autónomas como responsables, en este caso, de “velar por el cumplimiento y hacer un seguimiento de las medidas de ahorro energético”.
Las empresas que revisaban la eficiencia energética se ocuparán de las inspecciones
En el real decreto ley aprobado el 1 de agosto por el Gobierno, se añaden nuevos requisitos a vigilar en el ámbito de la eficiencia energética. No obstante, las inspecciones quedan reguladas en el RITE, en el que ya se prevé, por ejemplo, que no se pueda usar “energía convencional” para poner la calefacción por encima de 21 °C o refrigerar por debajo de 26 °C, como recoge en el decreto ley del pasado mes de agosto.
Eso sí. La nueva norma de medidas para el ahorro energético adelanta las inspecciones para aquellos edificios obligados a ello “cuya última inspección sea anterior al 1 de enero de 2021”. El objetivo de este requisito es que “llegado el final del año 2022, todos los edificios con un consumo relevante de climatización habrán pasado por una inspección de este tipo en los últimos dos años”, de acuerdo con la ley.
El RITE, además, precisa que el titular de la instalación es el responsable de realizar las inspecciones obligatorias, que son realizadas por unos agentes cualificados. Por ejemplo, la Comunidad de Madrid recopila una serie de empresas mantenedoras, técnicos titulados y organismos de control regionales con capacidad de realizar las inspecciones, a los que se suman, según añade, otros agentes habilitados en otras comunidades. En su web, la autonomía agrega que la frecuencia de inspección de medidas de ahorro y eficiencia energética “varía según el tipo de energía que emplee la instalación”.
(*) Otro ejemplo es Extremadura, desde donde informan que la competencia corresponde a la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad. “No se ha instrumentado un plan específico de vigilancia, sino que es un componente más de los elementos a controlar en las revisiones periódicas que se realizan a estos establecimientos para evaluar la eficiencia energética”, señalan desde la Junta.
Las comunidades, responsables de multar el incumplimiento de las medidas de ahorro
En caso de que se observe algún incumplimiento de la norma, se podrán aplicar multas, que, según indicó el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), podrían alcanzar los 60.000 euros. No obstante desde la institución inciden en que “no está puesto el foco en las sanciones”, ya que su intención es dar “un primer paso hacia el ahorro”.
Aun así, si se percibiera alguna infracción, la ley de industria de 1992 –a la que alude el RITE mencionado en el plan de ahorro energético del Gobierno– expone que el encargado de sancionar dependerá de la gravedad del incumplimiento: si es muy grave, se ocupa el Consejo de Ministros; si es grave, el Ministerio; y si es leve, el “órgano que reglamentariamente se disponga”.
En concreto, en el ámbito del plan de ahorro energético, el Miteco indicó que la responsabilidad de imponer multas a quienes incumplan alguna medida recae sobre las comunidades autónomas.
Los inspectores de trabajo no revisan la eficiencia energética, sino las condiciones laborales
Pese a que las inspecciones de empresas puedan asociarse con los inspectores de trabajo, estos no se ocupan de las inspecciones en materia de eficiencia energética, como confirman desde la Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social (AEDTSS).
Frente a esto, entre sus principales funciones se encuentra vigilar el cumplimiento de las normas laborales y de los convenios colectivos, como recoge el Ministerio de Trabajo y Economía Social en su página web. Asimismo, el servicio de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) se ocupa de asesorar, conciliar, mediar y arbitrar en casos relacionados con su ámbito laboral.
(*) El artículo se ha actualizado para añadir las declaraciones de la Junta de Extremadura.
- Comunicación del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE)
- Real Decreto-ley 14/2022, de 1 de agosto, de medidas de ahorro, eficiencia energética y de reducción de la dependencia energética del gas natural
- Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios
- Comunicación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)
- Listado de agentes cualificados para realizar la inspección periódica de eficiencia energética en la Comunidad de Madrid
- Página web de la Comunidad de Madrid sobre los agentes que pueden realizar inspecciones de eficiencia energética de calefacción o climatización
- Comunicación de la Junta de Extremadura
- Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria
- Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social (AEDTSS)
- Funciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social recogidas en la página web del Ministerio de Trabajo y Economía Social
