Qué es la ‘inseguridad jurídica’, el concepto que el PP utiliza contra las leyes del Gobierno

El Partido Popular (PP) ha utilizado en varias ocasiones el argumento de que las leyes del Gobierno generan inseguridad jurídica para hacer oposición. El último paquete de medidas de ahorro energético del Ejecutivo no ha sido una excepción. En una entrevista en RNE el 4 de agosto, el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, habló sobre este real decreto y dijo que “lo no podemos hacer es trabajar con una inseguridad jurídica o con una imposición que lo único que puede provocar son errores”. Algo que también recoge el partido en su página web.

Esto también lo hizo Cuca Gamarra, la portavoz del PP en el Congreso, en mayo de 2021 para referirse a la llamada ley trans, como recoge el partido en Twitter. Pablo Montesinos, el exvicesecretario general de Comunicación del Partido Popular lo usó el 31 de julio de 2021 para hablar de los estados de alarma durante la pandemia. 

Y Pablo Casado, el exlíder del PP, empleó el término de inseguridad jurídica para criticar tanto la ley de vivienda que plantea el Gobierno, algo que también hizo Ana Pastor, vicesecretaria general, y los decretos del estado de alarma en marzo de 2020.

Aunque no es un argumentario político solo de los últimos años, Mariano Rajoy, expresidente del PP, ya usó la inseguridad jurídica para hablar de la situación en Cataluña en 2017. Y María Dolores de Cospedal, exministra de Defensa, también lo empleó en 2010 para hablar de la renovación del Tribunal Constitucional durante la última legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero, como recoge el PP en su web.

La Constitución española recoge en su artículo 9.3 que se debe salvaguardar la seguridad jurídica. “Garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos”, expone la carta magna.

Qué es la inseguridad jurídica de la que habla el PP y cuándo puede darse

Para Lorenzo Cotino, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia, la inseguridad jurídica que usa el PP puede referirse a dos niveles de las leyes. El primer nivel estaría relacionado con la redacción en sí de la norma. “La inseguridad jurídica puede decirse de una ley que no está clara o no está bien redactada. Por ejemplo, porque no especifica sanciones, porque las autoridades encargadas de aplicarla no sepan a qué atenerse o porque se deja lo suficientemente abierta para que haya una interpretación en los tribunales”, explica Cotino.

Para el experto el segundo nivel es “menos jurídico” y se refiere a cómo se concibe el país, en este caso España, en otros Estados cuando hay un cambio legislativo que les puede afectar. “Este caso se da sobre todo cuando hay cambios legislativos repentinos. La norma puede estar perfectamente clara y no tener ningún cabo suelto, pero afecta al plano económico, es decir, que otros países pueden pensar que hay menos seguridad para invertir porque se ha cambiado la legislación”, afirma.

La retroactividad de una ley no tendría por qué causarla

Aunque puede darse que se apruebe una ley con carácter retroactivo, es decir, que afecte a cuestiones anteriores a su aprobación, esto no tendría por qué causar inseguridad jurídica, como asegura Lorenzo Cotino. “Si las cosas están claras en la norma no debería haber problema”, afirma.

No obstante, en el mismo artículo de la Constitución donde se recoge la seguridad jurídica también se habla de la irretroactividad. Según Cotino, este concepto jurídico se aplica, sobre todo, al ámbito penal, ya que “no se puede encarcelar a alguien por haber cometido un delito antes de que su acción se recogiera como tal en el Código Penal”.

Por qué el PP usa la inseguridad jurídica como argumento contra el Gobierno

Gema Sánchez, doctora en Ciencias Políticas y profesora titular de la Facultad de Trabajo Social en la Universidad Complutense de Madrid, explica que la inseguridad jurídica de la que habla el PP es un argumento que puede utilizarse para “dar la imagen de que se gobierna sin consenso, sin contar con los partidos de la oposición”.

La experta apunta a que este argumento se utiliza cada vez más, aunque antes ya se usaba, y lo achaca a la fragmentación de los partidos y la necesidad de buscar mayorías parlamentarias que son cada vez más diversas, lo que puede generar incertidumbre. “Sobre todo por la presencia de pactos con los partidos nacionalistas”, apunta.

Para Cotino los políticos mezclan ambos niveles de la posible inseguridad jurídica con fines electorales. Tanto el primero de que la ley no esté clara, como el segundo de que pueda generar incertidumbre en el extranjero.

De hecho, el experto apunta a que si una administración, como una comunidad autónoma, tiene que aplicar un real decreto del Gobierno y considera que no está bien explicado o que da lugar a inseguridad jurídica puede recurrirlo ante el Tribunal Constitucional. Algo que la Comunidad de Madrid, liderada por el PP, ya ha dicho que hará con el real decreto de ahorro energético, como comunicó en Twitter.