España ha expulsado a más de 140.000 inmigrantes en los últimos 18 años, la mayoría por estancia irregular

Los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero, Mariano Rajoy y Pedro Sánchez han expulsado a más de 140.000 personas, principalmente inmigrantes en situación irregular en España, desde 2005 hasta 2023, últimos datos disponibles obtenidos vía ley de transparencia. Un volumen de personas equivalente a toda la población del municipio de Huelva. A lo largo de los últimos 18 años, el principal motivo por el que los gobiernos de distintos colores han expulsado a extranjeros ha sido porque estaban viviendo en España sin permiso de residencial oficial (67,7% del total). 

Otra parte del resto de expulsiones (18,4%) se produjeron o bien porque el extranjero ha sido condenado a una pena de cárcel superior a un año o bien porque el condenado conmutó parte de su condena por una expulsión, según los motivos que aporta el Ministerio del Interior, encargado de ejecutar las repatriaciones, en su respuesta por transparencia. Las restantes (13,7%) corresponden a casos vinculados con desórdenes públicos o salud pública, entre otros.

Estas cifras han sido recopiladas por Newtral.es y obtenidas a partir de diversas solicitudes de información pública utilizando la ley de transparencia. La última entrega de datos que recibimos fue este 15 de diciembre de 2023. Gracias a esta información se pueden conocer todos y cada uno de los motivos por los que la Administración, a través de la Policía y las distintas delegaciones del Gobierno, ha abierto, autorizado y ejecutado las expulsiones de extranjeros en España en los últimos 18 años.

No tener residencia legal en España es una falta administrativa

No tener residencia legal en España es una falta administrativa que está contemplada en la ley de extranjería, pero no se considera un delito y, por lo tanto, no es condenable con penas de prisión. La ley contempla sanciones económicas para aquellos inmigrantes que no tengan papeles y vivan en España sin permiso de residencia (en situación irregular), pero también considera la apertura de una orden de expulsión por el mismo motivo.

Cómo se producen las expulsiones en España. La expulsión de un extranjero comienza con una apertura de expediente por parte de la Policía y las delegaciones del Gobierno la ratifican, según marca la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, conocida comúnmente como ley de extranjería. 

El objetivo de esta orden de expulsión es devolver a la persona a su país de origen y prohibir su entrada en el país durante el período que fije la Administración. A día de hoy, la responsabilidad de las expulsiones está compartida entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, liderados en la actualidad por Fernando Grande-Marlaska y Ángel Víctor Torres, respectivamente .

• En España, las expulsiones por situación irregular se contabilizan con base en el artículo 53.1 de la ley de extranjería. Las de ciudadanos que, aunque viven regularmente en España, han sido condenados y se les ha abierto una orden de expulsión se amparan en el artículo 57.2 de la misma ley. Las expulsiones en las que el extranjero, viviendo en situación regular, sustituyen parte de su condena en la cárcel por su expulsión se contemplan en el artículo 89.1 del Código Penal.

El Gobierno de Zapatero, el que más personas ha expulsado de España en los últimos 18 años, la mayoría en situación irregular

Según los datos recopilados año tras año, el Gobierno que más expulsiones practicó desde que hay registros ha sido el de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE). Desde Newtral.es se solicitó el número de expulsados en los años previos, con José María Aznar y Felipe González al frente del Ejecutivo central, pero desde Interior responden por transparencia que estos datos no los tienen “recogidos digitalmente”.  

El Gobierno de Zapatero expulsó del país a, al menos, 81.000 personas, el 57,5% del total registrado desde 2005 a 2023, la mayoría inmigrantes que estaban en situación irregular en España. Aunque con Zapatero se regulariza la situación a más de 600.000 personas, según recogió la Universidad Pompeu Fabra, el experto en extranjería Diego Boza, profesor de Derecho Penal en la Universidad de Cádiz recuerda que también se llevaron a cabo prácticas de expulsiones masivas. De hecho, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) filtró una circular en la que se instaba a los agentes a cumplir un cupo de expulsiones para así demostrar una supuesta efectividad policial, según recogía también El Confidencial. 

Es más, durante el mandato de Zapatero, el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, defendió que la primera causa de expulsión de extranjeros era que estos tenían antecedentes penales. “El objetivo es la delincuencia y no buscar desesperadamente ‘sin papeles’ por la calle”, declaró. Un argumento esgrimido también por el Ejecutivo de Rajoy, con Jorge Fernández Díaz al frente de la cartera de Interior, asegurando en el Congreso de los Diputados que “el número de expulsiones no cualificadas [expulsiones por falta administrativa] ha disminuido en los últimos años” y que “el de expulsiones cualificadas, es decir, el debido a tener antecedentes policiales o judiciales, o los dos, ha aumentado de forma evidente [sic]”. En realidad, la mayor parte de las expulsiones eran ciudadanos en situación irregular que no tenían ni antecedentes delictivos, como reflejan los datos recopilados a través de diversas peticiones de transparencia.

Durante el periodo en el que gobernó Mariano Rajoy (2011-junio 2018*) se expulsó a más de 46.900 personas y con Sánchez (junio 2018*-actualidad) a más de 12.700, una cifra muy inferior con respecto a los dos expresidentes anteriores, al margen de los años de mandato total acumulados por cada uno. 

Ahora hay menos expulsiones, pero crecen las devoluciones

Aunque la cifra de expulsiones tanto de inmigrantes en situación irregular como los que tenían condenas ha ido disminuyendo a lo largo de los años, esto no implica que se hayan paralizado este tipo de prácticas en España. Tal y como detalla Ana Bosch, abogada experta en extranjería del Servicio Jesuita de Migrantes, esta disminución estaría relacionada con la llegada de la pandemia en 2020, que paralizó las expulsiones, junto a la política de externalización de fronteras que sigue España. Y también por el aumento de las devoluciones. 

Se trata de un procedimiento de repatriación forzosa más lesivo en materia de derechos humanos, según explica Boza, porque “supone que a un recién llegado lo mandan de vuelta en las 72 horas siguientes”. Según los datos recopilados por el Servicio Jesuita de Migrantes basándose en peticiones de información pública en los últimos años, las devoluciones, contempladas en el artículo 58 de la Ley de Extranjería, han crecido 1.4 veces más.

A todos estos estos casos de personas expulsadas, además, habría que sumar las devoluciones en caliente, una práctica de expulsiones automáticas sin garantías legales, según declaró el Defensor del Pueblo, de las que no constan registros oficiales.