El Congreso ha tumbado este martes la toma en consideración de una proposición de ley del Partido Socialista y Junts per Catalunya que contemplaba delegar a la comunidad autónoma de Cataluña competencias estatales en materia de inmigración.
- La propuesta no ha salido adelante con 177 votos en contra frente a 173 a favor. PP, Vox, Podemos y algunos miembros de Sumar no han mostrado su apoyo al texto el cual fue calificado de racista por la secretaria general de Podemos, Ione Belarra.
Qué dice el texto. El texto prevé delegar las competencias migratorias a Cataluña, unas competencias que, actualmente, pertenecen al Estado central. Es decir, si la propuesta saliera adelante la Generalitat de Cataluña pasaría a controlar esta área.
Autorizaciones de estancia en la comunidad. El texto prevé que la comunidad autónoma se encargue de controlar las autorizaciones de larga estancia para las personas que vayan a estudiar, la concesión de permisos de residencia temporal, las residencias de larga duración y los centros de internamiento de extranjeros, además de:
Contrataciones. Cataluña gestionaría las cuestiones de inmigración en la comunidad, entre ellas las contrataciones en origen, es decir, realizar la previsión anual de ocupaciones y las necesidades que la comunidad tendría.
Seguridad. Los Mossos d’Esquadra ejercerían control en puertos y aeropuertos junto al resto de Fuerzas de Seguridad del Estado y tendrían competencias sobre los informes previos para habilitar nuevos puestos de acceso de extranjeros en puertos o aeropuertos.
- De aprobarse este texto, los Mossos también controlarían las devoluciones de extranjeros a su territorio de origen.
¿Delegar o transferir? Lo que se prevé es una delegación de competencias, no una transferencia. Delegar implica que se ceden el derecho a ejercer ciertas competencias, en este caso sobre inmigración pero no se cede la titularidad de estas. Es decir, siguen siendo del Estado pero este permite que las lleve a cabo la comunidad autónoma.
- La Constitución recoge cuáles son las competencias exclusivas del Estado que este puede ceder (transferir) o dejar que ejerzan las comunidades autónomas a través de una ley orgánica que las faculte para ello (delegar).
Una ley orgánica. La Constitución detalla, en su artículo 150.2 que la delegación o transferencia de competencias del Estado a una comunidad autónoma debe hacerse a través de una ley orgánica, lo que implica que para su aprobación final tenga que contar con la mayoría absoluta de votos a favor.
Contexto. Según comunicó el PSOE cuando se registró la iniciativa, en marzo de este año, este pacto alcanzado con Junts responde al “Acuerdo de Bruselas”, el nombre con el que se conoce a las negociaciones entre ambos partidos para conseguir la investidura de Pedro Sánchez en 2023.
