No solo el Gobierno, diversos órganos públicos y los grupos parlamentarios tienen el derecho de proponer la elaboración de una ley. Sobre el papel, también pueden hacerlo los ciudadanos a través de las iniciativas legislativas populares. Sin embargo, en la práctica, solo se ha conseguido en dos ocasiones desde que se aprobó la Constitución, lo que supone el 1,12% de las propuestas presentadas.
Y es que conseguir sacar adelante una iniciativa popular es casi una hazaña. En primer lugar, por los requisitos que exige la ley para poder presentarla. Y en segundo, porque requiere de la aquiescencia de los partidos políticos, que muchas veces no se identifican con la causa que defiende el texto y, por lo tanto, van posponiendo su tramitación.
Temas vetados y medio millón de firmas
Cualquier español mayor de edad que esté inscrito en el censo electoral tiene el derecho de presentar una proposición de ley en las Cortes. Sin embargo, la Constitución exige que para que comience a tramitarse en la Cámara deberá contar con el respaldo de al menos 500.000 firmas de electores.
Veto previo. En primer lugar la Mesa del Congreso tiene que comprobar que la comisión promotora ha aportado todos los datos en la solicitud y que el texto no aborda las cuestiones que le están vetadas por ley, que no son pocas: las propias de las leyes orgánicas (normas que abordan los derechos fundamentales y las libertades públicas, el régimen electoral general o la aprobación y modificación de los Estatutos de Autonomía), las de carácter tributario o internacional, las referidas a prerrogativas de gracia, los Presupuestos Generales y las leyes que intervengan el mercado para “atender las necesidades colectivas, equilibrar y armonizar el desarrollo”.
Pero estas no son las únicas condiciones. Tampoco se aceptará la propuesta si existe en el Congreso o en el Senado alguna iniciativa que trate sobre lo mismo y que esté, al menos, en el trámite de enmiendas. De igual manera, se inadmitirá si alguien ya ha presentado una iniciativa legislativa popular similar o si el texto va sobre materias que no tienen nada que ver entre sí.
Teniendo todo esto en cuenta, la Mesa dispone de 15 días para pronunciarse. Si por su parte está todo bien, la Mesa se lo comunica a la Junta Electoral Central que, a su vez, notifica a los promotores que pueden empezar a recoger, como mínimo, medio millón de firmas. Tiene para ello un plazo de nueves meses -prorrogable por tres más-, aunque muchas veces las recolectan previamente a presentar la iniciativa en el Congreso.
- Compensación económica. El Estado compensará a la comisión promotora los gastos que les haya supuesto la difusión de la proposición de ley y de la recogida de firmas. El tope a ingresar por ello se fija en 300.000 euros, siempre que estas cantidades estén convenientemente justificadas.
Solo 12 de las 179 iniciativas legislativas populares terminaron su tramitación
Cumplir estas condiciones no es una tarea sencilla. De hecho, el 32,4% de las 179 iniciativas legislativas populares presentadas fueron inadmitidas en términos absolutos por la Mesa del Congreso. De las que sí pasaron su filtro, una de cada cuatro terminaron caducando por no conseguir las firmas suficientes. Y de las que sí las obtuvieron, el 22,3% en algún momento han tenido que ser trasladadas al siguiente Congreso porque el de entonces se tenía que disolver tras convocarse unas elecciones.
Récord. En este salto de una legislatura a otra, hay una iniciativa que lleva ocho años en tramitación. Aborda la situación de las personas dependientes y su autor, Luis Cayo Pérez Bueno, actual presidente del comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), la registró en el año 2014. En estos momentos, va camino de su siguiente ‘traslado’ porque acumula 73 ampliaciones del plazo de enmiendas y lo máximo que le queda a la legislatura es un año.
En definitiva, solo 12 de las 179 iniciativas presentadas -el 6,7%- terminaron su tramitación parlamentaria. Y de ellas, únicamente dos se aprobaron: la que en 2013 propuso reconocer la tauromaquía como patrimonio cultural y la que hace unos meses otorgó entidad jurídica al Mar Menor.
Los casos de la tauromaquia y del Mar Menor
El contexto parlamentario que rodeó a estas dos iniciativas legislativas populares fue bien distinto. En la referida a la tauromaquía, el PP contaba con mayoría absoluta en el Congreso y, como tal, únicamente fueron necesarios sus votos y los de UPN para aprobarla (PSOE y UPyD optaron por la abstención).
Con todo, del texto registrado por Alejandro Gasch Brosa al que terminaron aprobando las Cortes hay enormes diferencias. La versión inicial era mucho más concreta y ambiciosa. Entre otras, planteaba que se crearan materias universitarias específicas para estudiar la “fiesta de los toros” en la literatura, el teatro o la música y que los menores de edad pudieran acceder “en las condiciones que se precisen en su momento, al conocimiento de la cultura taurina de forma libre y espontánea”. Ninguno de ambos preceptos quedó, sin embargo, plasmado en el BOE, que la reconoció como “patrimonio cultural español” y, de forma genérica, instó a protegerla.
En paralelo, la iniciativa legislativa sobre el Mar Menor contó en el Congreso con el apoyo de todos los grupos parlamentarios menos Vox y, a diferencia de su caso precedente, la versión final concretó lo que proponía la iniciativa legislativa popular: qué derechos pasaba a tener el Mar Menor, quiénes compondrían los distintos órganos que representarían a esta laguna salada y las obligaciones de las administraciones públicas para con ella.
Partidos que hacen suyas algunas iniciativas legislativas populares
En algunas ocasiones, las menos, lo que hacen las formaciones políticas es asumir las reivindicaciones recogidas en las iniciativas legislativas populares e incluirlas en una de sus proposiciones de ley, que cuentan con un proceso más sencillo.
En el programa electoral de las últimas elecciones generales, Unidas Podemos incluía entre sus promesas “hacer efectiva la iniciativa legislativa popular de Proposición de Ley para la Efectiva Igualdad y Equiparación Salarial de las Policías del Estado español”. De igual manera, grupos como Unidas Podemos, ERC o EH Bildu han impulsado una proposición de ley sobre el derecho a una vivienda digna que se hacía eco de las exigencias requeridas por la PAH (Plataforma de Afectados por la Hipoteca) en la iniciativa legislativa popular presentada en legislaturas anteriores.
0 Comentarios