Fue un compromiso de Pedro Sánchez en su discurso de investidura como presidente del Gobierno y uno de los puntos del acuerdo de coalición que sellaron PSOE y Unidas Podemos. El ingreso mínimo vital se anunció en rueda de prensa en mayo de 2020, acelerado por una pandemia de COVID-19 que en esos momentos azotaba con su máxima fuerza y con una previsión del Ejecutivo de llegar a 850.000 hogares y 2,3 millones de personas beneficiadas. Han pasado ya dos años, pero el número de beneficiarios se ha quedado en la mitad.
Según los últimos datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en marzo la prestación cubría a 428.000 hogares en los que viven más de 1,06 millones de personas. La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales actualiza las cifras hasta junio, meses en los que se han sumado 111.000 personas a la prestación. En total, 1.176.187 beneficiarias del ingreso mínimo vital que suponen poco más de la mitad, el 51%, de la cobertura prevista por el Gobierno.
Esta misma semana, el ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, anunciaba que están trabajando en nuevas medidas para incentivar el acceso al empleo de los beneficiarios del ingreso mínimo: “Una vez que tenemos un número considerable de beneficiarios y hemos estabilizado la prestación, la clave tiene que ser la integración de esas personas”. Pero no todos creen que ese “número considerable” sea aceptable, puesto que apenas cumple con la mitad de lo previsto.
“Es inexplicable que el ministro haga declaraciones triunfalistas. La mejor vacuna que teníamos contra la pobreza, que es el IMV, no se ha hecho efectiva ni para las personas en extrema pobreza, que tienen las necesidades más básicas sin cubrir”, explica a Newtral.es el director de la asociación, José Manuel Ramírez.
De los casi 3.000 millones de presupuesto previstos en la partida de 2021, solo se ejecutaron 1.900, el 64,4%, según el informe que han elaborado. Ramírez denuncia que “no ejecutan el gasto por la desidia e impericia del Ministerio”. Desde la asociación se han reunido varias veces con Escrivá, aunque sin éxito. “La tozudez y cerrazón del Ministerio no nos ha permitido convencerlos de este problema gravísimo”.
Los potenciales beneficiarios del ingreso mínimo vital se enfrentan a una telaraña burocrática
Desde que se puso en marcha, la denuncia ha sido siempre la misma: la “telaraña burocrática” que rodea al IMV impide que éste llegue a donde debería. Tras tres meses de vigencia, el Gobierno intentó mejorar los procedimientos, reduciendo los requisitos previos y aligerando los trámites burocráticos. También ha modificado varias veces los requisitos de acceso. Pero solo se aprueban una de cada cuatro solicitudes, más allá de que un 9% estén duplicadas.
Los servicios sociales calculan que más de 100.000 familias en extrema pobreza no pueden acceder a las ayudas y han detectado que detrás de más de la mitad de las denegaciones está que, para acreditar la situación de vulnerabilidad económica, se comprueban las rentas anuales del ejercicio anterior. “Cuando te despiden en el trabajo y no tienes ahorros, pasas a ser pobre en ese mismo momento. Es incomprensible que no se pidan los ingresos actuales”, insiste Ramírez.
Otra de las principales causas de denegación es el acreditar con el padrón que la unidad de convivencia ha estado constituida de forma continuada durante los seis meses previos a la solicitud. “Las personas vulnerables son seres movientes, van cambiando de domicilio”, denuncia Ramírez.
El número de beneficiarios del ingreso mínimo vital crece, pero lo hace a cuentagotas, y el tiempo es un bien demasiado preciado para quienes viven en la cuerda floja. Además, la incorporación de nuevos usuarios se está ralentizando. “Se ha pasado de una media de unos 80.000 perceptores nuevos cada mes en el primer trimestre de 2022, a tener unos 37.000 entre marzo y junio de 2022”, indican los directores de servicios sociales.
El IMV es un derecho de ciudadanía
Cuando nació el ingreso mínimo vital, en España ya existían las rentas mínimas de inserción de las comunidades autónomas. Pero la principal diferencia es que el IMV es un derecho subjetivo de ciudadanía; esto es, está garantizado con independencia de la disponibilidad presupuestaria de la Administración. Tiene un carácter indefinido y una duración sujeta al tiempo en que se prolongue esa situación de vulnerabilidad.
Es por ello que Ramírez no cree que sea digno de aplauso que el ingreso mínimo vital haya superado en su cobertura (1.176.187 beneficiarios) al sistema de rentas mínimas en 2020 (795.861 perceptores). “Solo faltaría”, indica, y recuerda que “solo el 13,35% de la población que vive bajo el umbral de la pobreza se beneficia de esta ayuda”. Y en algunas comunidades, incluso se ha ido a peor: Cantabria, Asturias, Baleares, Cataluña, Navarra y País Vasco siguen sin alcanzar la cobertura que tenían con el anterior sistema de rentas mínimas.
Ramírez denuncia que hay comunidades autónomas que, en lugar de complementar las cuantías del ingreso mínimo estatal, “desmantelaron sus rentas de inserción”. Como contó Newtral.es, hace un año más de la mitad de las comunidades autónomas sustituyeron su prestación por el IMV.
- Acuerdo de Coalición
- Previsión del Ejecutivo para el IMV
- Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
- Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales
Carezco de ingreso alguno y a mí me niegan cualquier tipo de ayuda por "culpa" -según ellos- de convivir con una persona mayor a la que quiero y no desearía abandonar. En lugar de ayudar a las hogares, los rompen. Las personas sin ingresos no deberían ser dejadas atrás ni CENSURADAS en las estadísticas.
Yo lo pedí. Me lo denegaron por tener casa. Que no es mía porque pago hipoteca y necesito el dinero porque con los niños no llego a fin de mes.
Es una demagogia. Los requisitos hay que cumplirlos para que no exista acumulación de rentas con las que ya reciben de las CC.AA. y erradicar el fraude. El dinero de todos no se puede regalar a quien no lo necesita.