Un informe de la oficina científica del Congreso ve “necesario” reformar la ley electoral para combatir la desinformación

El ecosistema digital y sus avances han favorecido la proliferación de la desinformación, un fenómeno que se ha convertido “en una destacada amenaza para los sistemas democráticos”. Así lo plasma el informe elaborado por la Oficina de Ciencia y Tecnología del Congreso de los Diputados (Oficina C) bajo el título Desinformación en la era digital. Una amenaza compleja para las democracias. 

• Cada año, la Oficina C propone a la Cámara Baja una serie de temas que vayan a ser de importancia para España en los próximos cinco o diez años y relevantes para el Parlamento, como explica a Newtral.es Izaskun Lacunza, coordinadora de la Oficina de Ciencia y Tecnología del Congreso. En esta ocasión, el tema fue seleccionado por la Mesa del Congreso en enero de 2023 y el informe se publicó el pasado 14 de diciembre.

En él han participado un total de 18 expertos y han hecho hincapié en el impacto de la desinformación en los procesos electorales, pudiendo “influir sobre sus resultados o deslegitimarlos en base a información falsa o engañosa”. Es por ello que, entre otras conclusiones, señalan que “hay una necesidad de reformar la ley electoral para evitar las injerencias y garantizar un marco en el que se minimice el impacto de la desinformación”.

Consultados por Newtral.es, los especialistas han destacado que esta hipotética reforma no sería un proceso fácil, pues debería abarcar una amplia diversidad de temas y requeriría un consenso amplio. No obstante, contemplan una serie de propuestas con énfasis en el papel de la Junta Electoral Central (JEC) que permitirían hacer frente a la amenaza digital de manera más eficaz.

El informe de la Oficina C del Congreso plantea una reforma de la ley electoral para combatir la desinformación

Según el informe encargado por la Mesa del Congreso, la desinformación ya supone una “amenaza” para la seguridad nacional, puesto que tiene “potencial para desestabilizar los Estados y los procesos democráticos”. En las últimas elecciones celebradas en España y el extranjero se han observado narrativas que cuestionaban el proceso electoral, como aquellas que hablaban de un fraude electoral sin pruebas o que ponían en duda la validez del voto por correo.

Estas han proliferado, en parte, gracias a los avances digitales e Internet, señala el informe, que han favorecido el auge de campañas de desinformación online. Y es precisamente este detalle lo que ha llevado a investigadores como Rafael Rubio, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) que colabora en el informe, a plantear una reforma de la ley electoral para hacer frente a esta amenaza.

Preguntado por este aspecto, Rubio explica a Newtral.es que “la ley electoral no está adaptada a la campaña digital, cuando lo digital tiene cada vez más peso en los procesos electorales y genera amenazas que afectan a derechos y principios esenciales”. Además, insiste en que es un problema que debe afrontarse lo antes posible porque, a medida que las campañas de desinformación digitales evolucionan, “la ley se aleja más de la realidad”.

Es por ello que el catedrático aboga por la “creación de un cuerpo normativo que permita dar una respuesta eficaz a esta amenaza que cada vez es más común en todos los procesos electorales”.

Los expertos ponen el foco en el papel de la Junta Electoral Central para hacer frente a la amenaza digital

Si bien es cierto que el informe de la Oficina C del Congreso no entra en detalle en propuestas para esta hipotética reforma, la comunidad científica ya plantea algunas posibilidades para hacer frente a la desinformación. En este sentido, Raúl Magallón, profesor del departamento de Comunicación e investigador de la Universidad Carlos III de Madrid que también colabora en el informe, hace referencia a las recomendaciones del libro Lucha contra las campañas de desinformación en el ámbito de la seguridad nacional: propuestas de la sociedad civil, impulsado por el Departamento de Seguridad Nacional.

En declaraciones a Newtral.es, Magallón cita una posible modificación del artículo 19 de la ley electoral —sobre las competencias y capacidades de la Junta Electoral Central— para “permitir que el órgano tenga el apoyo tecnológico necesario y pueda recabar toda la información necesaria”. De esta manera, la JEC podría solicitarla a las plataformas digitales “en un plazo adecuado que permita hacer frente a las amenazas” que suponen las campañas de desinformación, añade el investigador. 

Con esta idea coincide Rafael Rubio, que recalca que “la Junta Electoral está muy limitada para hacer frente a esta amenaza, ya que no cuenta con los instrumentos válidos para detectar la desinformación”. Además, para el catedrático este es el órgano “idóneo” para hacer frente a estas decisiones por encima de otros como el Gobierno o la Justicia al considerarlos “incompatibles con la respuesta eficaz que requiere el proceso”.

Según Magallón, el papel de la JEC debería ser también el de “un árbitro” que tenga la labor de dar a los periodistas “una formación para explicar la función de la JEC en procesos electorales, el funcionamiento del voto por correo” y brindarles “herramientas para hacer frente y ampliar la confianza en estos procesos”.

Otras propuestas de la comunidad científica para combatir la desinformación en procesos electorales

Más allá del informe encargado por la Mesa del Congreso, existen otras recomendaciones de la comunidad científica para una hipotética reforma de la ley electoral teniendo en cuenta el impacto de la desinformación. El libro impulsado por el Departamento de Seguridad Nacional, citado también en el informe, plantea algunas de ellas, por ejemplo:

• Crear un grupo de trabajo para el asesoramiento y seguimiento en la lucha contra la desinformación electoral que involucre a sociedad civil, partidos políticos, Administración y JEC durante todos los procesos electorales.
• Introducir herramientas de alfabetización mediática y digital en las campañas institucionales (artículo 50.1 de la ley electoral sobre campañas institucionales).
• Modificar el artículo 144 de la ley electoral sobre “Delitos en materia de propaganda electoral”, puesto que en los últimos años se han detectado anuncios políticos digitales durante la jornada de reflexión —que, además, suele estar marcada por la proliferación de bulos de última hora.
• Identificar debidamente toda publicidad electoral en cualquier medio o plataforma tecnológica como la contratación de influencers para persuadir al electorado.

Los expertos también destacan los desarrollos tecnológicos de la inteligencia artificial como parte de la amenaza digital puesto que esta afecta a todo tipo de ámbitos. El informe de la Oficina C del Congreso señala que esta herramienta puede “amplificar la capacidad de detección de la desinformación y el alcance de su refutación”, pero que también tiene “capacidad para producir contenidos falsos y manipulados de cada vez mayor calidad. 

En este sentido, Magallón pone como ejemplo el caso de Brasil, donde se ha planteado la posibilidad de “establecer medidas para regular el uso de la inteligencia artificial por parte de los partidos políticos”. Con ello está de acuerdo Rafael Rubio, que señala que “la actualización de la ley electoral debería ir en esa línea”, teniendo en cuenta los avances digitales y los desafíos que suponen.

Posibles desafíos a la hora de reformar la ley electoral 

Una reforma de la ley electoral, como señalan los expertos en el informe de la Oficina C del Congreso, no sería un proceso fácil. “El ámbito que abarcaría es enorme y suscitaría muchas dudas, dado que es un tema muy sensible”, explica Rubio. Para el catedrático, la clave está en el consenso necesario para su hipotética aprobación porque afecta a un “ámbito esencial” como es el de la libertad de expresión.

“Se debe proteger la integridad electoral, pero al no estar clara la respuesta [para hacerlo] y siendo un debate en el que se pone en juego la libertad de expresión, se corre el riesgo de que esa respuesta acabe siendo más perjudicial para la integridad, que es lo que estamos intentando proteger”, explica Rubio. El experto considera que dicha respuesta no debería hallarse solo en el plano legislativo, sino poniendo también el foco en un “ámbito de comunicación”, informando debidamente a los ciudadanos y los medios de comunicación sobre el proceso electoral, y un “ámbito preventivo, con énfasis en la ciberseguridad, la comunicación estratégica y la alfabetización mediática”.

En este sentido, Rubio concluye que “la respuesta normativa, como es la hipotética modificación de la ley, es solo una parte de la respuesta eficaz” para hacer frente a la amenaza que supone la desinformación.