Presidencia desestima la petición de información para conocer el gasto del viaje a Abu Dabi de la infanta Elena

Infanta Elena Abu Dabi
Foto: Shutterstock
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La Secretaría General de la Presidencia del Gobierno rechaza a trámite la solicitud de información pública presentada por Newtral.es para conocer el gasto del viaje de la infanta Elena a Abu Dabi.

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  • La Infanta viajó la pasada Semana Santa hasta los Emiratos Árabes Unidos para visitar tanto al emérito Juan Carlos I, que lleva en el país desde 2020, como a su hijo Froilán, que se mudó a comienzos de año.

En su argumentación señala que los gastos de la infanta Elena para el viaje a Abu Dabi, el itinerario y los gastos de personal, entre otros conceptos solicitados, no son información de carácter público. En su escrito recalca que este viaje no ha sido realizado por miembros de la Casa Real en una actividad administrativa.

[Tú lo pagas: ¿Qué hace la Casa Real?]

El viaje de la infanta Elena a Abu Dabi: «no es una actuación sujeta a derecho administrativo de la Casa Real«

A día de hoy, la ley 19/2013, de 9 de diciembre, exige transparencia a la Casa Real como organismo público, pero no específicamente a los integrantes de la Familia Real o el resto de parientes de Felipe VI. Además, tal y como señala Presidencia en su respuesta, los datos de la Casa Real sólo pueden darse en el caso de que éstos se encuentren en alguna actividad institucional. Esto es, durante el ejercicio de actividades sujetas a derecho administrativo.

Aparte del viaje a Abu Dabi de la Infanta Elena, en solicitudes previas similares, Presidencia ha dado la misma respuesta denegando el acceso a esta información. Como es el caso de una petición que también fue rechazada en la que se pedía conocer quién pagaba los gastos del rey emérito en el exterior

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En declaraciones a Newtral.es, Miguel Ángel Blanes, doctor en Derecho y experto en Transparencia, explica que dado que la Familia Real no está sujeta a la ley de transparencia, no tienen la obligación de contestar. Aunque recalca que se pueden estar dando actividades en las que puede haber dinero público de por medio de las que se pierde el control sobre el dinero. 

Familia Real y familiares del rey

La Casa del Rey distingue entre los parientes de Felipe VI que forman parte de “La Familia Real”, que serían aquellos que regularmente tendrían actividad institucional relacionada con la jefatura del Estado, y el resto de los familiares del Rey, que no tendrían a priori este tipo de actividades. Del primer grupo formarían parte Felipe VI, la Reina Letizia, la princesa de Asturias, su hermana Sofía, y los reyes eméritos. 

Por tanto, la Infanta Elena y su viaje a Abu Dabi quedaría fuera de este grupo. No obstante, la Casa Real explica en su apartado de Transparencia que estos parientes del Rey contarán “con los apoyos personales y materiales necesarios para su desarrollo” en caso de que se le encomiende, por parte del Jefe del Estado, alguna actividad puntual.

Además, los miembros de la Familia Real tampoco son considerados altos cargos de la Administración General del Estado, según la ley que regula este tipo de cargos. Así, no tienen la obligación de presentar la declaración de bienes y actividades que sí publican los miembros del Gobierno y del Congreso y Senado. Ni tampoco debería informar sobre sus viajes, como es el caso de la Infanta Elena y su viaje a Abu Dabi

Desde AccessInfo, organización pro transparencia, enfocada en la promoción y defensa del derecho de acceso a la información, ya recalcaron a Newtral.es que «esto no quiere decir que no se pueda solicitar información relacionada a las actividades que realizan en función de sus cargos».

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Para que esto cambie, Blanes cree que debería cambiar la ley de transparencia e incluir a los miembros de la Familia Real como personas sujetas a la obligación de rendir cuentas o definirlos como altos cargos.

Fuentes
  • Petición de Información Pública realizada vía ley de transparencia
  • Miguel Ángel Blanes, doctor en Derecho y experto en transparencia
  • Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno
  • Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado

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