Circula por redes sociales una publicación que asegura que la empresa española Indra, que desarrolla herramientas para procesos electorales, supuestamente pertenece al PSOE y al Gobierno español. Varios usuarios utilizan esta afirmación sin pruebas para denunciar un supuesto fraude en las elecciones de Colombia, pero lo cierto es que Indra no pertenece al Gobierno ni al PSOE, ni puede interferir en los resultados.
En concreto, están difundiéndose mensajes de WhatsApp que han saltado, en forma de captura de pantalla, a otras plataformas como Facebook. Estas publicaciones mencionan al “software de 27.000 millones hecho por Indra”, empresa que supuestamente es “propiedad del Gobierno español y del PSOE”. Todo ello podría provocar que “se roben” las elecciones, según detalla el mensaje. Las afirmaciones circulan coincidiendo con el proceso electoral del Senado en abril y las elecciones presidenciales entre mayo y junio de 2022 en Colombia. Pero este contenido da información errónea.
Sí que es cierto que Indra fue la empresa adjudicataria de un contrato de 27.000 millones de pesos colombianos —6,2 millones de euros, aproximadamente— a finales de 2021. Sin embargo, la labor de la compañía era únicamente entregar sus dispositivos de escrutinio para las elecciones. Estas herramientas —que se utilizan en una fase posterior al recuento de los votos— son operadas y supervisadas por los Magistrados del Consejo Nacional Electoral de Colombia e Indra no interfiere en el proceso de recuento de los votos, algo que también ha confirmado la empresa a Newtral.es. Además, la compañía no pertenece al PSOE o al Gobierno, ya que sus acciones están divididas entre diversos organismos y empresas.
Indra no es propiedad ni del Gobierno de España ni del PSOE
Una de las afirmaciones del mensaje de WhatsApp que estamos verificando es que Indra pertenece al Partido Socialista o al Gobierno español. Pero esto no es cierto.
Como recoge el apartado de estructura accionarial de la página web de Indra, la compañía posee diversos accionistas. El Estado, a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) dependiente del Ministerio de Hacienda, posee el 18,7% de las acciones. Esto no significa que Indra pertenezca al PSOE por estar gobernando en este momento, o al propio Gobierno, si bien es cierto que el Estado es el accionista mayoritario.
Indra fue principalmente pública hasta 1999, cuando el Gobierno de José María Aznar vendió la participación estatal en la empresa. En 2013 el Estado recuperó participación y se convirtió en el accionista mayoritario, algo que mantiene a día de hoy. Pero también hay otras empresas que poseen acciones.
Asimismo, tras el acuerdo del Consejo de Ministros del 22 de febrero de 2022, el Estado pasará a controlar un 28% de las acciones de Indra, pero todavía no se ha hecho efectivo.
El software de Indra no interfiere en las elecciones de Colombia
Como señalan las publicaciones sobre Indra y el PSOE, la empresa fue adjudicataria de un contrato de la Registraduría Nacional del Estado Civil por un valor de 27.000 millones de pesos colombianos. El documento de la adjudicación fue publicado el 29 de diciembre de 2021, como se aprecia en el propio contrato publicado en medios de comunicación colombianos como Noticias Uno. El acuerdo consiste en la cesión por parte de Indra de un software para las elecciones de Colombia.
Según el Código Electoral de Colombia, el procedimiento de análisis de los resultados de las elecciones comienza con el preconteo, realizado por los miembros de las mesas electorales. Después se entregan los resultados preliminares, y por último se realiza el escrutinio, en el cual se verifican los resultados de las votaciones. En esta última fase actúa el software de Indra, gestionado directamente por el Consejo Nacional Electoral, como informa la Registraduría en su página web.
Como también ha explicado Indra en declaraciones a Newtral.es, su software “no contabiliza los votos”, sino los miembros de las mesas; por lo que la empresa está “absolutamente alejada del método humano”. Los miembros de cada mesa electoral son quienes abren las urnas, ordenan las papeletas, computan y reflejan en actas los resultados de cada urna. Después, la Registraduría recibe las actas, las revisa con un software de la empresa Disproel —compañía que lleva la mayor parte del proceso—, y después pasan por el software de Indra, operado por la Registraduría, para el escrutinio definitivo.
Asimismo, tanto el Código Electoral de Colombia como las declaraciones de Indra coinciden en la posibilidad de las auditorías independientes para revisar todo el proceso y evitar sesgos en el uso del software. Desde la empresa explican que, “en cada proceso interno del software, un tercero comprueba la coherencia de los datos de entrada y de salida”. Por ejemplo, en las elecciones al Senado de Colombia, las organizaciones políticas han tenido acceso a todos los datos y han podido revisar el escrutinio.
Otros contenidos falsos relacionados con la actuación de Indra en procesos electorales
Al igual que con el bulo del PSOE y las elecciones de Colombia, Indra ha sido falsamente señalada en procesos electorales en otros países. Ha ocurrido incluso en casos en los que no estaba involucrada la compañía.
Por ejemplo, coincidiendo con las elecciones presidenciales francesas, circuló una publicación que aseguraba que Marine Le Pen perdió más de un millón de votos durante el recuento. Los mensajes señalaban a Indra como la responsable de un ‘tongo’ o fraude en los resultados. Sin embargo, como explicamos en Newtral.es, Indra desmintió haber participado de alguna forma en las elecciones de Francia. El Ministerio del Interior francés señaló que “utilizan sistemas informáticos desarrollados por el Ministerio desde hace varios años”.
Además, ocurrió algo similar con las elecciones de Estados Unidos en 2020. El abogado de Donald Trump, Rudolph Giuliani, acusó a Indra de estar detrás de una de las compañías que supuestamente cometió fraude durante el recuento electoral. Pero como desmentimos en Newtral.es, es falso que Indra participase en el proceso y no hay pruebas de que se produjera un fraude electoral.
