Cuatro exmiembros del Gobierno han solicitado la prestación compensatoria tras su salida del Ejecutivo el pasado mes de julio, según indican desde la Oficina de Conflictos de Intereses en una respuesta a una solicitud de Transparencia. Así, tras solicitarla y ser aceptada, tres de los ministros cesados en julio van a percibir la indemnización que les corresponde por haber sido altos cargos: la exministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya; la exministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá; el exministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque. Además, también la percibirá el exdirector del gabinete de la Presidencia del Gobierno, Iván Redondo.
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Esta ayuda no tiene carácter vitalicio, ya que está limitada a un máximo de dos años, y finaliza en el momento en el que empiecen a percibir un sueldo público o privado.
Esto es lo que van a cobrar los ex altos cargos y durante cuánto tiempo según la información publicada en el Portal de Transparencia.
- Arancha González Laya (exministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación): 4.990,54 euros brutos al mes durante 18 meses
- Isabel Celaá (exministra de Educación y Formación Profesional): 4.990,54 euros brutos al mes durante 18 meses
- Pedro Duque (exministro de Ciencia, Innovación y Universidades): 4.990,54 euros brutos al mes durante 18 meses
- Iván Redondo (exdirector del gabinete de la Presidencia del Gobierno): 6.910,89* euros al mes durante 18 meses
La indemnización a los ministros cesados: 80% del sueldo y un máximo de 2 años
Cuando un alto cargo del Gobierno abandona su cargo, ya sea por cese o dimisión, tiene derecho a solicitar esta indemnización. No son los únicos, ya que también pueden disfrutar de esta ayuda el Fiscal General del Estado, los máximos responsables de los organismos reguladores y el Jefe y Secretario General de la Casa Real, entre otros.
Así, la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 1981 regula que el máximo que pueden percibir los altos cargos es el 80% de su salario durante el mismo tiempo que estuvieron en ejerciendo y hasta un límite de dos años. También declara su incompatibilidad con la percepción de cualquier otra retribución que provenga de la actividad pública o privada.
Como ministros tenían un sueldo asignado de 74.858,16 euros brutos anuales y Redondo en 2020 tuvo un sueldo de 118.131,66 euros brutos. Este es el último dato disponible en el Portal de Transparencia.
Los que siguen como diputados
En la información facilitada a Newtral.es a través del Portal de Transparencia, también se recogen las opciones escogidas por otros exintegrantes del Gobierno.
Por su parte, tanto Carmen Calvo como José Luis Ábalos, perciben la retribución que les corresponde como diputados en el Congreso, donde permanecen desarrollando su actividad pública.
En cambio, el que fuera Ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, está percibiendo la retribución que le corresponde como profesor titular en la Universidad Carlos III de Madrid.
No obstante, según indican en la información facilitada, Juan Carlos Campo Moreno no ha presentado por el momento su solicitud, por lo que no percibe ninguna prestación compensatoria por el cese de su actividad. Tras su salida del Ministerio de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó su reingreso al servicio activo en la carrera judicial, aunque todavía está pendiente su toma de posesión.
*Actualización 8/09/2021 15.32h. : En una primera versión de este artículo se indicaba que Redondo iba a a percibir 7.875,44 euros al mes haciendo el cálculo del 80% de 118.131,66 euros anuales. El Portal de Transparencia ha hecho públicos los datos y recogen que Redondo va a cobrar 6.910,89 euros al mes.
Fuentes
- Solicitud de acceso a la información realizada a través del Portal de Transparencia
- Ley de Presupuestos Generales del Estado de 1981
- Acuerdos de la Comisión Permanente del CGPJ de 15 de julio de 2021
Si bien pudiera parecer lógico que exaltos cargos públicos reciban una compensación que les permita mantenerse alejados de la función pública o privada durante un tiempo, también es cierto que estas personas han sido ya suficientemente bien remuneradas como para poder permitirse un comportamiento mínimamente ético, siquiera de este modo tan artificial.