Así se incumple la ley del aborto un año después de su reforma: faltan registros de objetores y se sigue derivando a la privada

La ley de interrupción del embarazo en España se aprobó en 2010 y se reformó en 2023 para lograr algo que en más de una década no se había conseguido: implementar esta prestación en centros sanitarios públicos. Sin embargo, un año después de su modificación, Newtral.es ha comprobado cómo se incumple la ley del aborto: faltan registros de objetores en varias comunidades autónomas y no en todas las que se ha creado dicho registro, este se ha utilizado para organizar los servicios hospitalarios de forma que se pueda dar cabida tanto a la objeción individual como a la prestación sin que ambos derechos colisionen. Por tanto, la derivación de pacientes a clínicas privadas sigue siendo la tónica generalizada. 

La reforma de la ley del aborto de 2023, que entró en vigor hace un año, establece la creación de un registro de objetores de conciencia en cada comunidad autónoma. La norma pretende que los centros sanitarios públicos se organicen de forma que siempre sea posible realizar esta prestación, evitando desplazamientos a otros territorios y derivaciones a clínicas privadas. Sin embargo, es cierto que la ley deja la puerta abierta a que esta prestación se pueda seguir externalizando al señalar que “la interrupción voluntaria del embarazo se realizará en centros de la red sanitaria pública o vinculados a la misma”.

Testimonios de mujeres que, a pesar de la reforma, han sido expulsadas de la red pública

A través de la asociación A Contracor, que ofrece acompañamiento a mujeres que viven un duelo por una interrupción del embarazo, Newtral.es ha hablado con pacientes —cuyos nombres hemos modificado para preservar su identidad— que en los últimos meses han sido derivadas a la privada para poder acceder a un aborto.

El caso más reciente que muestra cómo se incumple la ley del aborto es el de Gloria, residente en un municipio de menos de 4.000 habitantes de Toledo. Tras un diagnóstico de malformación fetal casi en la semana 18, decidió interrumpir. Dentro de su misma comunidad, el servicio de Castilla-La Mancha le ofrecía derivarla a una clínica en Ciudad Real o a una en Albacete. Le ofrecía cinco clínicas más, todas ellas fuera de la comunidad: dos en Madrid, una en Valencia y dos en Murcia. “Desde luego no me iba a ir ni a Valencia ni a Murcia, me parece una locura que nos expulsen y antes prefieran mandarnos a Valencia o Murcia que dejarnos en nuestro hospital. Al final me desplacé a Madrid porque en coche, desde donde yo vivo, estaba más cerca la capital que Albacete o Ciudad Real”, explica Gloria. 

Desde la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha indican a este medio que en esta comunidad “no existen centros públicos donde se realizan interrupciones”. “El SESCAM tiene convenios de vinculación con varias clínicas privadas entre las cuales las mujeres pueden elegir libremente donde desean realizarse la técnica”, añaden. Aseguran que están tramitando el decreto por el que se creará el registro de objetores: “Se encuentra en fase de tramitación y está previsto para el segundo trimestre de este año”, apuntan. 

En diciembre de 2023, Carmen tuvo que interrumpir su embarazo porque a su bebé le habían diagnosticado varias cromosomopatías de mal pronóstico. Su hospital es el Gregorio Marañón, en Madrid. La derivaron a una clínica privada. “En este hospital me han llevado todo el tratamiento de fertilidad y ni siquiera he terminado el primer ciclo. Es decir, si quiero quedarme embarazada tengo que seguir en el Gregorio Marañón, tienen todavía un embrión mío. Si vuelve a pasar algo parecido, ¿volverán a expulsarme del hospital?”, explica Carmen.

Como ya contamos en Newtral.es, algunos hospitales de la Comunidad de Madrid realizan interrupciones que no se notifican oficialmente. Este medio pudo documentar cómo el propio Hospital Gregorio Marañón expulsó a dos pacientes en 2021 que requerían un aborto terapéutico. En 2022, sin embargo, sí le practicó una interrupción por motivos médicos a una paciente. El caso de Carmen, quien también ha sido derivada fuera del circuito del hospital, es de finales de 2023. 

La Consejería de Sanidad de Madrid no ha explicado a Newtral.es por qué hay hospitales que sí realizan algunos abortos y otros no. Tampoco indica si está preparando algún protocolo para implementar esta prestación en la red pública. Además, ha denegado facilitar información sobre si tiene creado o tiene previsto crear el registro de objetores. 

El incumplimiento de la ley del aborto ocurre en más territorios. En Murcia, Sara relata a este medio cómo en agosto de 2023, su hospital, el Santa Lucía de Cartagena, no le dio más opción que ir a una clínica privada para un aborto por malformación fetal. “Pregunté si no me lo podían hacer en el hospital y me dijeron que no tenían medios para hacerse cargo. La trabajadora social me llegó a decir: ‘No te preocupes, si en la clínica no vas a pagar nada’. Como si eso fuera lo más importante. Solo quería sentirme acompañada y cuidada en el hospital que me había atendido el embarazo. Me da miedo volver a intentar quedarme embarazada porque no soporto la idea de tener que volver a ese hospital”. 

La Consejería de Salud de Murcia asegura a Newtral.es tener el registro de objetores desde 2022: 40 profesionales sanitarios de los cuales 38 son médicos. No especifican, en cambio, ni de qué centros formarían parte ni de qué especialidades. Han facilitado el protocolo de atención a la interrupción del embarazo, actualizado en junio de 2023. Según este documento, todos los abortos hasta la semana 22 son derivados a clínicas privadas. Las interrupciones a partir de la semana 23, las que pasan por un comité clínico, “se realizarán en el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca de Murcia siguiendo un protocolo específico”, señala la guía. 

Este medio ha preguntado a la Consejería de Salud de Murcia cuál es el criterio técnico para realizar interrupciones a partir de la semana 23 en la red pública pero derivar todas las demás a la privada. También ha requerido información sobre el registro de objetores con el objetivo de conocer qué porcentaje suponen esos 38 médicos del total de médicos que podrían realizar abortos. A fecha de publicación de este reportaje, no han respondido a ninguna de estas cuestiones.

Como apunta a Newtral.es Sílvia Aldavert, coordinadora de la Associació de Drets Sexuals i Reproductius, “los registros de objetores [artículo 19] sirven precisamente para poder planificar los servicios sanitarios que proveen abortos de manera que a las mujeres no les afecte que existan objetores”. “Si tienes hecho el registro de objetores y sigues derivando a la privada, ¿cuál es la excusa? ¿Cuál es el criterio técnico ahí?”, añade.

Recientemente contábamos en Newtral.es el caso de Marta, una mujer a la que su hospital, el de Manises, había derivado a una clínica privada para una interrupción por malformación fetal. En la clínica hubo una complicación durante el procedimiento y tuvieron que derivarla de nuevo a un hospital, en este caso, el más cercano, el Doctor Peset. “Ahí me dijeron, cuando estaba en la UCI, que qué rabia que ese no fuese mi hospital de referencia porque ahí sí practican interrupciones. ¿Por qué en función de dónde viva voy a poder acceder o no a una interrupción terapéutica con garantías?”, cuenta Marta. 

Según el último informe del Ministerio de Sanidad, hasta 14 hospitales públicos de la Comunitat Valenciana notificaron abortos en 2022. Este medio ha preguntado a la Conselleria tanto por correo electrónico como por transparencia cuántos abortos se han realizado en centros públicos durante 2023, pero no han facilitado datos. La Conselleria tampoco ha indicado cuál es el criterio técnico para decidir por qué unos hospitales sí realizan abortos y otros no. Sí sabemos, vía transparencia, que “el número total de profesionales sanitarios de la Comunitat Valenciana acogidos a su derecho de objeción de conciencia son 124”. 

Desde Extremadura, Cristina cuenta a Newtral.es cómo quiso abortar en enero de 2024 tras enterarse de que estaba embarazada de siete semanas. “Vivo en un pueblo de Cáceres y solo me dieron la opción de derivarme a una clínica privada en Badajoz. Yo quería un aborto farmacológico, pero me dijeron que no me lo recomendaban porque suponía traslasdarme hasta en tres ocasiones, mientras que el quirúrgico se hacía en un mismo día”, explica. 

La Consejería de Salud de Extremadura ha respondido a Newtral.es que aún no ha creado el registro de objetores que establece la reforma normativa. Han facilitado datos a este medio que muestran cómo se incumple el objetivo de la ley del aborto, ya que entre marzo y diciembre de 2023, Extremadura derivó el 100% de las interrupciones solicitadas a una clínica privada, en Badajoz. 

Más datos: ¿se incumple la ley del aborto en otras CCAA?

Navarra ha facilitado datos a Newtral.es sobre interrupciones realizadas entre marzo y diciembre de 2023, los meses posteriores a que la reforma entrase en vigor. Esta comunidad sí estaría implementando la interrupción en la red pública, ya que practicaron el 54,4% de los abortos en centros públicos frente al 45,6%, que fueron en la red privada. Eso sí, a costa del método farmacológico, ya que el 85% de los abortos en centros sanitarios públicos en Navarra son mediante este método.

Según los datos facilitados por la Consejería de Salud de Navarra, en esta comunidad todas las interrupciones por motivos médicos (es decir, pasada la semana 14) llevadas a cabo tras la reforma de la ley se han realizado en la red pública, en concreto en el Hospital García Orcoyen, en el Hospital Reina Sofía y en el Hospital Universitario de Navarra. 

A tenor de estos datos, Sílvia Aldavert señala que “los abortos terapéuticos se están realizando en hospitales, lo cual es una gran noticia”. “Es favorable que se hagan esfuerzos por realizar el resto de abortos en la pública, pero parece que solo se está ofreciendo el método farmacológico y que, por tanto, si prefieres el quirúrgico, ahí sí te derivan a la privada”. Para Aldavert, en este aspecto se incumple la ley del aborto, ya que “la norma establece que la mujer debe poder elegir entre los dos métodos”. 

Respecto al registro de objetores, Navarra ha respondido a Newtral.es después de la publicación de este artículo y fuera del plazo de un mes establecido por la ley de transparencia. En su resolución recogen que “el registro de objeción está en fase de reestructuración” y por ello nos deniegan el acceso a los datos.

En La Rioja, según la información facilitada por esta comunidad a Newtral.es, todas las interrupciones en la red pública —que suponen entre marzo y diciembre de 2023 el 78,8%— son mediante el método farmacológico. Para abortos quirúrgicos, las riojanas son derivadas a una clínica privada de Navarra —representan el 19,5% del total de interrupciones—. El porcentaje restante, 1,7%, corresponden a abortos médicos (pasada la semana 14). Son en total seis interrupciones médicas para las que la Consejería de Salud de La Rioja no ha especificado si se realizaron en un hospital público dentro del territorio o fueron mujeres derivadas a Navarra. Hace unos meses, el Tribunal Constitucional sentenció que derivar a una mujer a otra comunidad para abortar vulnera sus derechos fundamentales.

La información que sí ha facilitado La Rioja es la referente al registro de objetores, que ya han puesto en marcha y en el que constan 23 de los 26 facultativos especialistas en ginecología. Esto indica que en La Rioja solo hay tres médicos implicados en la práctica del aborto que no son objetores (del Hospital San Pedro) y que son los que realizarían estas interrupciones (farmacológicas).

Andalucía reconoce no tener registro de objetores aún, pero sí ha facilitado datos a este medio sobre interrupciones del embarazo llevadas a cabo entre marzo y diciembre de 2023: el 99,9% fueron abortos derivados a clínicas privadas. Además, la gran mayoría de abortos médicos se practicaron también en la red privada (99%). Solo siete interrupciones terapéuticas (1%) se llevaron a cabo en un hospital público, en concreto el Hospital La Inmaculada (Almería). 

• Un año después de la reforma de la ley del aborto, al menos seis comunidades aún no tienen el registro de objetores exigido
• Cuántos objetores del aborto hay: solo La Rioja, Valencia, Murcia y Cantabria aseguran tener el registro

“Hay territorios que quieren dar pasos atrás”

Del resto de comunidades autónomas, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Galicia y País Vasco, no tenemos respuesta respecto a interrupciones realizadas o protocolos implementados. Tampoco testimonios de mujeres. De estas sabemos que Cantabria ya ha puesto en marcha el registro de objetores recientemente. 

Cristina Romero, una de las fundadoras de A Contracor, explica a Newtral.es que “la percepción general es que todo sigue igual”: “Por mucho que el espíritu de la reforma fuese obligar a la red pública a encargarse del aborto, la realidad es que las comunidad autónomas incumplen con la ley del aborto porque siguen con el sistema de derivación. Las pacientes no tienen mucho margen de maniobra porque son situaciones de urgencia, con poco tiempo, y no puedes pelearte con la administración durante semanas”.

Por su parte, Sílvia Aldavert, de la Associació de Drets Sexuals i Reproductius, considera que “por mucho que la ley tenga un objetivo, si solo predomina la práctica conservadora, las cosas van a seguir igual”. “Por mucho que las competencias en sanidad estén transferidas, necesitamos que el Ministerio de Sanidad ejerza vigilancia porque hay territorios que no solo no quieren acometer la norma, sino que quieren dar pasos atrás”, concluye.

*Este artículo ha sido actualizado el 4 de marzo de 2024 para incluir la respuesta de Navarra vía transparencia respecto al registro de objetores.