Preguntas y respuestas: qué está pasando en Italia con la posible ilegalización de Forza Nuova

El Senado italiano ha votado a favor de la ilegalización del partido Forza Nuova por su tendencia neofascista. Sin embargo, el resultado no es vinculante, sino que ahora es el Gobierno el que debe decidir si procede “a la disolución de Forza Nuova y todos los movimientos políticos de clara inspiración neofascista”, como recoge la moción presentada por la senadora Simona Malpezzi. 

Varios senadores de diversos partidos presentaron mociones exigiendo la disolución del partido, como el Partido Demócrata (PD), la Izquierda Italiana, el Movimiento 5 Estrellas o el Partido Socialista Italiano. Estas mociones se aprobaron en el Senado el 21 de octubre, como recoge La Repubblica. La del centroizquierda con 225 votos a favor, 198 abstenciones y un voto en contra, y la de centroderecha con 193 votos a favor, 224 abstenciones y tres en contra.

Estas votaciones tuvieron lugar después de la manifestación en Roma el pasado 9 de octubre contra el certificado COVID (conocido como Green pass en Italia). Forza Nuova fue una de las organizaciones convocantes junto a otros grupos antivacunas, que culminaron la marcha con el asalto a la sede del sindicato italiano, la Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL).

Forza Nuova organizó a los participantes a través de su canal de Telegram, como recoge el diario italiano Il Messaggero. Los altercados se saldaron en 600 identificados, 38 agentes heridos y 12 detenidos, entre los que se encuentran Roberto Fiore y Giuliano Castellino, líderes del partido. Este último incitaba a los manifestantes al grito de “Esta noche tomaremos Roma”, como cuentan desde La Repubblica. 

Estos acontecimientos han llevado al Senado italiano a la decisión de ilegalizar al partido neofascista. Pero ¿se pueden vetar partidos en Italia? ¿Cómo se puede hacer? Te explicamos las circunstancias exigidas recogidas en la Constitución y si ha ocurrido otras veces.

¿Cómo puede ilegalizarse un partido en Italia? 

Como recoge el artículo 3 de la Ley Scelba y como explica a Newtral.es Stefano Ceccanti, catedrático de Derecho Público en la Universidad de Roma La Sapienza y diputado de la Cámara por el Partido Democrático, hay dos vías para disolver un partido considerado “reorganización fascista”:

• La primera vía, la única utilizada hasta el momento, consiste en una sentencia del Poder Judicial. Si la disolución del partido queda determinada por una sentencia, el ministro del Interior, tras consultarlo con el Consejo de Ministros, procederá a ordenar la disolución y confiscación de los bienes de la asociación, movimiento o agrupación.
• La segunda vía se aplica en casos “extraordinarios de necesidad y urgencia”. Se trata de un decreto-ley sin necesidad de sentencia judicial previa. El Gobierno, tras estudiar la situación y el cumplimiento de las circunstancias incluidas en el artículo 1, podrá disolver y confiscar los activos y bienes de la organización.

Ceccanti explica que, además, existe la Ley Mancino. Esta establece que se penalizará aquellos grupos que exalten la discriminación, odio o violencia por motivos raciales, étnicos o religiosos.

Tras los hechos sucedidos el 9 de octubre durante la manifestación, los senadores consideran que el Ejecutivo italiano debe actuar. “Las modalidades las decidirá el Gobierno”, añadió la presidenta del grupo PD en la Cámara, pero aclaró que desde su partido apoyan que “no hay duda de que hay que disolver Forza Nuova”, como recoge La Repubblica.

¿Qué dice la Constitución italiana al respecto?

Como explica a Newtral.es Stefano Ceccanti, la disposición transitoria y final XII de la Constitución italiana prohíbe “la reorganización, en cualquier forma, del partido fascista disuelto”. 

En la moción, los senadores mencionan la Ley Scelba, de 1952. Esta «señala las causas que podrían justificar la disolución de una asociación fascista y la represión de conductas violentas, indicando también cómo hacerlo», como explica a Newtral.es Daniele Coduti, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Foggia. Según el artículo 1 de esta ley, se define como organización fascista al movimiento que “persigue objetivos antidemocráticos del partido fascista exaltando o amenazando”. Ceccanti explica que la ideología no puede ser el único motivo para disolver un partido, sino que debe “ser un grupo que utilice la violencia”.

Además, se considerará fascista toda asociación que defienda la supresión de “libertades garantizadas en la Constitución, denigrando la democracia, sus instituciones y los valores de la Resistencia”. Realizar propaganda racista y exaltar principios, hechos y métodos de carácter fascista, así como manifestaciones externas propias de esta ideología, será también penado. 

La Constitución italiana, por tanto, prohíbe la reconstrucción “en cualquier forma” del desaparecido Partido Fascista Italiano. Además, existen diversas leyes, como la de Scelba que denuncian la apología del fascismo.

¿Se ha ilegalizado algún partido en Italia por fascismo? 

Desde que se aprobó la Constitución italiana en 1947, se han ilegalizado tres partidos considerados neofascistas: Ordine Nuovo (pág. 12), Avanguardia Nazionale  (pág. 12) y Fronte Nazionale. Las dos primeras fueron disueltas por estar «comprometidas con el terrorismo o con intentos de golpe de Estado», aclara Coduti. En todos los casos se utilizó la vía judicial, es decir, el Gobierno italiano nunca ha firmado un decreto-ley para disolver sin sentencia previa una organización.

Estos partidos tienen en común el uso de la violencia y la exaltación del odio. “En la democracia italiana no se prohíben partidos que sean de extrema derecha, sino aquellos que utilicen la violencia”, aclara Ceccanti. 

Como explica el catedrático italiano, nunca se ha planteado el debate sobre la ilegalización de partidos de otra índole, fuera del fascismo y, por tanto, no hay legislación sobre esto. Sin embargo, Ceccanti asegura que podría ser disuelto, ya que según el artículo 49 de la Constitución, «todos los ciudadanos tienen derecho a asociarse libremente en partidos para competir con un método democrático«, es decir, sin utilizar la violencia.

¿Cómo se ha llegado a esta situación? 

El 15 de octubre entró en vigor el conocido en Italia como Green pass, un certificado COVID obligatorio. A partir de ese momento, los trabajadores italianos, tanto del sector público como del privado, deben demostrar en sus puestos de trabajo que están vacunados o una prueba negativa realizada en las últimas 48 horas. En caso de no hacerlo, el empleado puede llegar a ser suspendido de empleo y sueldo.

La decisión del Ejecutivo provocó la indignación de los grupos antivacunas, así como de partidos de ultraderecha que se organizaron a través de plataformas como Telegram.