La Secretaría de Estado de Igualdad y Contra la Violencia de Género ha licitado un contrato con un valor estimado de 45 millones (IVA incluido), para contratar, durante los próximos dos años y medio, el servicio integral con el que hacer, durante 30 meses, seguimiento por medios telemáticos del cumplimiento de las medidas cautelares y penas de prohibición de aproximación en materia de violencia de género. El importe de este contrato es tan elevado, que se tuvo que modificar el límite de gasto, tal y como se recoge en las referencias del Consejo de Ministros.
Como recoge la documentación del contrato, este sistema lleva en marcha desde el 8 de junio de 2009 y la nueva licitación tiene un plazo de ejecución de 30 meses. La licitación de Igualdad, para el seguimiento de las medidas cautelares en materia de violencia de género y sexual, sigue un procedimiento abierto en el que puede participar cualquier empresa.
El contrato se tramita de urgencia, ya que Igualdad señala que “concurre una necesidad inaplazable y urgente de iniciar un nuevo procedimiento de licitación”, pero no argumenta la justificación (con este sistema los plazos para la licitación, adjudicación y formalización se reducen a la mitad y la ejecución del contrato se debe iniciar en el plazo máximo de 1 mes desde su formalización). Las empresas interesadas tienen hasta el día 22 de agosto, a las siete de la tarde, para presentar sus ofertas.
En la actualidad, el Ministerio de Igualdad gestiona este sistema de seguimiento de las medidas cautelares en materia de violencia de género y sexual. En el pliego del contrato establece que la empresa interesada en la oferta tiene que disponer de sets de dispositivos electrónicos con la tecnología adecuada para conocer e identificar en todo momento el lugar del territorio español en el que se encuentran las personas o persona inculpada o condenada en el procedimiento judicial con respecto a las víctimas o víctima del delito.
Dispositivos que localicen en cualquier punto de España y un centro de control que funcione las 24 horas del día, los 365 días del año
Estos dispositivos deberán ser compatibles con sistemas de posicionamiento GPS y además deberán contar con una solución técnica alternativa que estime la ubicación en aquellas zonas donde no pueda ubicarse al dispositivo a través de estos sistemas de posicionamiento universales.
El pliego del contrato de Igualdad, para el seguimiento de las medidas cautelares en materia de violencia de género y sexual, advierte que estos dispositivos deben de tener los mecanismos necesarios para prevenir, detectar y notificar cualquier intento de defraudar o falsificar el funcionamiento de los dispositivos electrónicos, así como de inutilizar o perturbar su funcionamiento normal.
La empresa adjudicataria debe de tener un centro de control que funcione las 24 horas del día, los 365 días del año y que, ante cualquier transgresión de la prohibición de aproximación impuesta e incidencia técnica, se ponga en contacto con la persona condenada, la víctima del delito y las personas profesionales o personas de contacto establecidas en aplicación de los Protocolos de Actuación vigentes.
Igualdad señala que la tecnología utilizada, para hacer el seguimiento de las medidas cautelares en materia de violencia de género y sexual, debe de ser capaz de comunicar las veces que se transgreda las órdenes de alejamientos entre la persona condenada y la víctima del delito.
Con este contrato, la Delegación del Gobierno contra la Violencia busca hacer una mejora integral del servicio de dispositivos de control de las medidas de protección a las mujeres víctimas para extender la protección a más víctimas de violencia contra las mujeres.
- En el apartado 4 del artículo 48 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, se establece la potestad para que un juez o tribunal acuerde imponer la pena de prohibición de aproximación a una víctima.
En el apartado 3 del artículo 64 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, se prevé la posibilidad de que los órganos judiciales acuerden la utilización de instrumentos de tecnología adecuada para controlar el cumplimiento de las medidas de alejamiento.
- Portal de Contratación
- Refrencias del Consejo de Ministros
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