El exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias y la exvicepresidenta y aún diputada Carmen Calvo pidieron permiso a la Oficina de Conflictos de Intereses (OCI) para poder trabajar en la actividad privada, como exige la ley. Esta oficina recientemente les ha concedido la autorización, según publica el Portal de Transparencia, concretamente para colaborar en medios de comunicación.
Así, tanto Calvo como Iglesias solicitaron la autorización para ejercer como tertulianos en la Cadena SER. Una luz verde que según los datos del portal llegó el pasado 1 de octubre para Calvo y el 4 de octubre para Iglesias, casi un mes después de la incorporación de los exvicepresidentes al programa de radio, que tuvo lugar el 6 de septiembre.
Iglesias y Calvo empezaron a trabajar en la radio antes de recibir la autorización
A la pregunta de Newtral.es sobre si estos ex altos cargos podían comenzar a trabajar antes de recibir la autorización y si en caso opuesto podían ser susceptibles de una sanción, el Ministerio de Hacienda y Función Pública responde que “la responsable de la Oficina de Conflictos de Interés (OCI) ha informado que esas autorizaciones se han examinado y son acordes a la Ley 3/2015, de 30 de marzo”. Este organismo es dependiente del ministerio que lidera María Jesús Montero.
Según el artículo 15.7 de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, norma que regula el ejercicio del alto cargo, la Oficina debe comunicar al interesado si es compatible o no su paso al sector privado en un plazo de un mes. Este periodo comienza desde la presentación de la declaración de actividad que va a realizar el ex alto cargo, que en el caso de Iglesias y Calvo se desconoce cuándo fue.
El régimen de los altos cargos en la Administración General del Estado que publica el Ministerio de Política Territorial expone que “el alto cargo deberá informar, con carácter previo a su inicio, a la OCI sobre las actividades que vaya a realizar”.
En cambio, el reglamento no indica qué pasa si el individuo ingresa antes de recibir la autorización para trabajar. Solo que si la autorización es desfavorable y la persona inicia la actividad donde no se le permite, la Oficina iniciará un procedimiento sancionador.
Iglesias y su nueva actividad en los medios de comunicación
El exlíder de Podemos se ha dirigido a este organismo hasta en cinco ocasiones más para que le dieran vía libre en su nueva vida fuera de la política.
El pasado julio la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) confirmó a Newtral.es que Iglesias participará como investigador asociado en un proyecto del centro y la OCI lo autorizó en septiembre. También dio su visto bueno a que Iglesias colabore en medios como Rac1 y los periódicos Contexto, Ara y Gara. ¿Por qué debe solicitar la aprobación?
La Oficina de Conflicto de Intereses, encargada de las autorizaciones
Cuando un alto cargo, ya sea vicepresidente del Gobierno, director general, embajador o Jefe del Estado de Mayor de la Defensa, deja de trabajar en la administración pública deben solicitar y recibir la autorización de la Oficina de Conflictos de Intereses para poder ocupar un puesto en entidades privadas.
Este periodo dura dos años. Una vez finalizado no tienen la obligación de dirigirse a este organismo. Así está establecido en el artículo 15 de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado.
De esta manera, la OCI se encarga de evaluar si existe incompatibilidad en este movimiento. Para la ley no es compatible si las entidades privadas en las que solicitan trabajar, “han resultado afectadas por decisiones en las que hayan participado”.
Nueve incompatibilidades desde 2015
Desde 2015 se han vetado nueve solicitudes, según la información facilitada a Newtral.es a través de una solicitud de información realizada a través del Portal de Transparencia. En cambio, han autorizado más de 300 solicitudes para que exempleados públicos trabajen en la actividad privada.
La primera incompatibilidad registrada por la oficina fue la del expresidente de la Autoridad Portuaria de Baleares, Alberto Pons Fernández. Éste pidió incorporarse a la empresa Amarres Deportivos tras dejar su cargo en un ente público agrupado en torno a Puertos del Estado y dependiente del Ministerio de Transportes.
Aquí puedes consultar las nueve resoluciones denegatorias.
Sanciones por no cumplir con la ley
Otra de las funciones de este organismo es controlar que los ex altos cargos cumplan con la normativa. Para ello contemplan diferentes infracciones y sanciones.
Consideran como una infracción leve que se entregue fuera de tiempo la declaración de actividades o de bienes y derechos patrimoniales. Una infracción grave es omitir datos y documentos que tienen la obligación de presentar y una muy grave es la presentación de documentación falsa.
Si cometen algún tipo de infracción grave o muy grave no podrán ser nombradas para ocupar un alto cargo durante un periodo de entre 5 y 10 años, entre otras sanciones.
Para verificar la situación laboral de los cesados, la Oficina puede solicitar información de carácter público y de las administraciones tributarias y entidades gestoras de la Seguridad Social.
Igualmente, todos los organismos públicos y entidades privadas tienen la obligación de colaborar con la OCI, si fuese necesario, para detectar posibles vulneraciones del régimen regulador.
En el primer semestre de 2021, 15 altos cargos que habían sido cesados comunicaron su cambio de actividad y la oficina solo registró un procedimiento sancionador del que no aportan más información.
Fuentes
- Oficina de Conflicto de Intereses
- Portal de Transparencia
- Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado
- Gabinete de prensa del Ministerio de Hacienda y Función Pública
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