Los inspectores de Trabajo anuncian una huelga indefinida y paralizan la investigación de temas más allá de las denuncias

El conflicto entre Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) y el Gobierno, que ha provocado huelgas de los trabajadores, se intensifica. La plantilla, que lleva organizando paros parciales desde diciembre, ha decidido paralizar las campañas de investigación específicas que van más allá de la atención de denuncias y las actuaciones habituales del organismo.

El objetivo es presionar tanto al Ministerio de Trabajo y Economía Social como al de Hacienda y Función Pública para que terminen de negociar y cumplan con lo pactado con los sindicatos en julio de 2021: una nueva relación de puestos de trabajo (RPT) que incluya la reorganización de la estructura de ITSS, mejorar las condiciones laborales y aumentar la plantilla. Si no lo hacen, los trabajadores amenazan con una huelga indefinida a partir del 26 de junio.

Las campañas paralizadas desde este lunes 12 de junio son las que el departamento que dirige Yolanda Díaz incluyó en el Plan estratégico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 2021-2023. Entre ellas se encuentran los controles de planes de igualdad, de tiempo de trabajo, de registro de jornada, de condiciones salariales o de economía irregular y trabajo de extranjeros en la agricultura. Los inspectores también han paralizado la campaña de control de falsos autónomos, el del estatuto del becario o las campañas para prevenir los golpes de calor en la agricultura y la construcción, como indican fuentes de la plantilla a Newtral.es. 

Los sindicatos piden la dimisión de Yolanda Díaz y María Jesús Montero

“Si somos imprescindibles tienen que reforzarnos y fortalecernos”, indica a Newtral.es Ana Ercoreca, presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo y de Seguridad Social (SITSS). “Sin nosotros todos los derechos laborales alcanzados estos últimos años quedan en manos de los empresarios, somos nosotros quienes velamos porque los trabajadores cobren conforme del salario mínimo interprofesional, los que garantizamos que no haya falsos autónomos o falsos becarios, que se cumple lo establecido en el contrato, que se paguen las horas extra… por mucha legislación que establezca el Ministerio de Trabajo o el de Hacienda”, enumera.

Precisamente, los trabajadores de Inspección en huelga echan la culpa de su situación tanto a Trabajo como a la cartera de Hacienda y Función Pública. A Yolanda Díaz por incumplir el pacto que firmaron hace dos años para mejorar sus condiciones laborales y a María Jesús Montero por no permitir la aplicación del acuerdo. Por tanto, piden la dimisión de ambas ministras. 

Desde Trabajo defienden que la pelota está en el tejado de Función Pública, que consideran que es la cartera que bloquea el acuerdo y no permite cumplir la nueva RPT que se consensuó entonces. Según indican a Newtral.es fuentes de Trabajo, ya se dispone de la partida presupuestaria para mejorar las condiciones laborales de Inspección pero es Hacienda quien tiene que aprobarla. 

Desde la cartera que lidera Montero responden a Newtral.es que, por su parte, siguen trabajando con el Ministerio de Trabajo, “de la misma forma que ha hecho y hace con el resto de ministerios, con el objetivo de ampliar el número de efectivos de la Inspección de Trabajo para reforzar su importante labor”. La negociación, por tanto, está en proceso. 

El plan estratégico de Trabajo también se ha incumplido

El acuerdo entre la plantilla ahora en huelga y Trabajo está reflejado en el Plan estratégico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 2021-2023. El documento consta de 40 líneas de actuación dividido en cuatro grandes áreas y la tercera es donde se expone la necesidad de aumentar los recursos del organismo para llevar a cabo las nuevas campañas, aunque no concreta ninguna cifra. 

“Estas actuaciones no serán realmente eficaces si no se avanza con firmeza en el fortalecimiento y modernización de la ITSS, adoptando medidas organizativas que permitan su implementación”, indica el texto del plan estratégico en su tercer eje, el que abunda en las reivindicaciones de los trabajadores de Inspección. También el punto 23.3 indica la “aprobación de una nueva Relación de Puestos de Trabajo que potencie y fortalezca la labor inspectora”

Ante el incumplimiento de estas normas para mejorar el ente público, los trabajadores organizaron los primeros paros parciales en diciembre de 2021. Las huelgas continuaron hasta marzo de 2022 cuando el Ejecutivo convocó a los sindicatos a una primera reunión donde el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, prometió reforzar la Inspección y anunció la contratación de 600 nuevos efectivos, como publica Europa Press. Sin embargo, la falta de desarrollo de esa promesa provocó que los sindicatos reactivaran el calendario de paros parciales, desconvocado temporalmente tras el anuncio del secretario de Estado.

Los representantes de los trabajadores presentaron entonces una denuncia contra el Gobierno ante la Comisión Europea por incumplir el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de Inspección de Trabajo. 

Y hasta ahora. Ante la paralización de los compromisos alcanzados con Trabajo por parte de Función Pública que tiene que dar luz verde a la nueva estructura, los representantes de los trabajadores anuncian que organizarán la primera huelga indefinida en la historia de Inspección de Trabajo en dos semanas.

El origen de la huelga de Inspección de Trabajo: el acuerdo incumplido de 2021

Todo comenzó en julio de 2021, cuando el Ministerio de Trabajo y todos los sindicatos que representan a los trabajadores de Inspección –SITSS, Comisiones Obreras (CCOO), Unión General de Trabajadores (UGT), Confederación Intersindical Galega (CIG), Sindicato de Subinspectores Laborales de Seguridad y Salud (SISLASS), la Unión de Subinspectores de Empleo y Seguridad Social (USESSS) y la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF)–, firmaron un acuerdo según el cual se aprobaba una nueva relación de puestos de trabajo (RPT). 

Esta nueva RPT incluía tres puntos principales: aumentar la plantilla, reestructurar el organismo y mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. “Más medios, estructura, adecuar las categorías profesionales a las retribuciones o reforzar el apoyo administrativo y tecnológico en las oficinas”, enumera Ercoreca.  

Actualmente, en España hay 1.093 subinspectores, 888 inspectores y 1.173 trabajadores dentro del personal administrativo. En total, 3.154 empleados “que trabajan con unos medios y en una estructura de hace más de 20 años”, denuncia Ercoreca. 

El objetivo del acuerdo era precisamente atajar este abandono, modernizar el organismo, aumentar la ratio y acercarla a las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que establecen que en países industriales con economías de mercado debería haber un inspector por cada 10.000 trabajadores. “Estamos en unos ratios muy bajos con respecto a la Unión Europea”, comenta la presidenta de uno de los sindicatos de los trabajadores de Inspección en huelga.