Guía sobre el caso del hermano de Pedro Sánchez: por qué se le investiga 

David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y jefe de la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación de Badajoz, está siendo investigado por presuntos delitos contra la Administración Pública (tráfico de influencias y prevaricación) y contra la Hacienda Pública en relación con su contrato en la institución extremeña. 

• Su puesto sufrió una modificación a mejor que, según la jueza, estuvo “eximida del trámite de negociación”, informaba la agencia EFE.

• Por esa supuesta contratación irregular, también se investiga al presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo, al que se le imputan además delitos contra la Administración pública y Hacienda. Gallardo es secretario general del PSOE en Extremadura desde el pasado marzo. 

Contexto. Como te contamos en Newtral.es, en 2017 David Sánchez fue seleccionado entre 11 aspirantes al puesto de coordinador de actividades de los conservatorios de música del área de Cultura, Juventud y Bienestar Social en la Diputación de Badajoz. Años después, este puesto cambió su nomenclatura a jefe de la oficina de artes escénicas. 

• La diputación aseguró entonces a Newtral.es que ese cambio no supuso un aumento en su sueldo y que los incrementos que experimentó desde 2017 fueron los mismos que los del resto de funcionarios.

La investigación. El sindicato Manos Limpias le denunció por un delito contra la Hacienda Pública, malversación de fondos públicos y fraude, alegando que estaba cobrando sin “sin asistir a su puesto de trabajo” y que reside en Portugal para ahorrarse impuestos, según informaron medios como elDiario.es o El Mundo.

El pasado 10 de junio, el Juzgado de Instrucción 3 de Badajoz abrió diligencias de investigación contra el hermano de Pedro Sánchez y el presidente de la Diputación tras aceptar la denuncia.

• Durante la investigación, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se personó hasta en tres ocasiones en dependencias de la Diputación de Badajoz para recabar información e incautar el contenido de correos electrónicos, informaba EFE. 

Tras analizar el informe de la UCO, el pasado 27 de noviembre la jueza decidió imputar al hermano de Sánchez y a Gallardo al ver “indicios racionales” de delitos contra la Administración Pública (prevaricación y tráfico de influencias) y contra la Hacienda Pública.

• La jueza entiende que su puesto sufrió una modificación de ‘coordinación’ a ‘jefe’ que estuvo “eximida del trámite de negociación y dictamen de la Comisión Técnica de Puestos de Trabajo”.

• Ambos están citados a declarar como investigados junto a otras siete personas el próximo 9 de enero. Otras tres lo harán en calidad de testigos.

Lo último. La Fiscalía de Badajoz ha recurrido el auto de imputación de Sánchez y Gallardo al considerar que no se “determinan los hechos concretos de imputación a cada uno de los investigados”.

• Ha pedido que se resuelva esa omisión de información antes de que Sánchez y Gallardo acudan a declarar el próximo mes.