En la rutina en la que ya se están convirtiendo las polémicas entre los socios de Gobierno, esta semana uno de los detonantes de la discusión es la próxima Ley de Vivienda. Y, más en concreto, la regulación del precio de los alquileres.
Todo comenzó con la firma del acuerdo de coalición entre socialistas y morados en diciembre de 2019. En él, ambos partidos se comprometían a tomar “las medidas normativas necesarias para poner techo a las subidas abusivas de precios de alquiler en determinadas zonas de mercado tensionado” y, entre ellas, incluían la creación de un Índice de Referencia de Precios que permitiera a comunidades y Ayuntamientos “establecer su índice de precios de acuerdo a una metodología objetiva”.
Un año después, el ministro socialista responsable de este área se muestra, sin embargo, reacio a impulsar la medida: “Desde el PSOE creemos que es más efectivo y más eficaz promover que no imponer. Nos parece que hay elementos -en eso estamos trabajando- para sacar viviendas al mercado y hacerlo a un precio asequible a través de incentivos. Obviamente los más recurrentes en este caso son los fiscales, pero también puede haber otras medidas…. que no imponer, que puede haber una detracción del mercado”, ha asegurado José Luis Ábalos.
Este mismo jueves, 25 de febrero, el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha vuelto a referirse a la cuestión sobre la que los socios de coalición siguen sin llegar a un acuerdo.
Ante las acusaciones de incumplir lo firmado por parte de Unidas Podemos, José Luis Ábalos ha asegurado que está comprometido con la “literalidad del acuerdo” sobre “intervenir en las zonas tensionadas para limitar los alquileres abusivos”, pero que hay muchas maneras de conseguirlo: “Tenemos muchas formas de hacerlo. Ese es el objetivo. Cómo se hace, con qué herramientas. Yo creo que sin descartar ninguna a priori tenemos que ver las más eficaces”.
Es en este punto donde ha situado las negociaciones con los morados, insistiendo en la línea socialista: “Hay instrumentos de promoción para intentar frenar esas subidas abusivas en zonas tensionadas”.
Pero no siempre han mantenido esta postura, y no es la primera vez que los integrantes del Gobierno chocan por la cuestión. Lo repasamos cronológicamente.
Enero de 2020 – Sánchez lo menciona en su discurso de investidura
El entonces candidato a la presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, incluía el control de los precios del alquiler como una de las medidas que adoptaría si llegaba a la Moncloa: “Vamos a frenar las subidas abusivas de los alquileres al poner techo en zonas de mercado tensionado y vamos a reforzar el marco competencial de las entidades locales para que puedan actuar en este ámbito».
Febrero de 2020 – Comparecencia de Ábalos en la Comisión de Transportes: “El gobierno no les va a dar la espalda”
Como el resto de ministros, José Luis Ábalos compareció al principio de la legislatura en la comisión de su ramo para explicar las líneas generales de su mandato.
En su caso, entre las principales actuaciones del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana se comprometió a llevar en los próximos meses una iniciativa para limitar la subida de precios del alquiler en determinadas zonas.
Sus palabras concretas fueron estas: “Les anuncio que antes del verano traeré a esta Cámara una iniciativa para permitir el control de precios del alquiler en aquellas zonas que hayan experimentado subidas desorbitadas. Vamos a plantear esta medida tras oír a todos los agentes, organizaciones sociales, administraciones públicas y, también, al sector privado”.
Y argumentaba una razón de peso para hacerlo: “Mi responsabilidad es mirar a la gente ―especialmente a los jóvenes― de cara y decirles que tengan esperanza porque este Gobierno no les va a dar la espalda”
Junio de 2020 – Desde el ministerio enfrían las expectativas
El 30 de junio, José Luis Ábalos presentó el Sistema de Índices de Referencia del Precio del Alquiler. Se trata de una herramienta impulsada por su ministerio que recopila más de once millones de datos de arrendamientos de vivienda habitual de los últimos años con el fin de “tener un conocimiento más preciso sobre el mercado del alquiler y reducir el margen de error en la toma de decisiones políticas”.
Hasta ese momento, dicho sistema se había planteado como el primer paso para limitar los precios de los alquileres. Pero ese día desde el ministerio ya se fueron rebajando las expectativas, según fuentes citadas por EFE. Estas recordaban que regular el precio de los arrendamientos era un compromiso “de legislatura” y apuntaban al impacto del coronavirus como causa para retrasarlo: «El mercado está cambiando y hay que ver qué está sucediendo antes de tomar decisiones».
Octubre de 2020 – Inclusión en la Ley de Vivienda
Las últimas semanas de octubre estuvieron marcadas en el seno del Gobierno por la negociación de los Presupuestos de 2021. Uno de los puntos que enquistaron las conversaciones fue el control del precio del alquiler, que los morados insistían en incluir en las cuentas en contra del criterio de Ferraz.
En el PSOE volvieron a señalar -esta vez en público- las circunstancias derivadas de la pandemia para retrasar la iniciativa: “Estamos dispuestos a seguir hablando, pero creemos que el momento más adecuado es cuando se despejen todas las incertidumbres del mercado de la vivienda y el encaje jurídico que entendemos más adecuado es la Ley estatal de Vivienda», aseguraba José Luis Ábalos.
Octubre de 2020 – Firma de un nuevo acuerdo con UP
Horas antes de que el Gobierno presentara los PGE de 2021, los partidos de la coalición informaron de que habían pactado un documento sobre la regulación de los precios del alquiler.
En concreto, se comprometieron en primer lugar a que el Ministerio de Transportes y la Vicepresidencia Segunda fueran “co-proponentes” de la Ley de Vivienda y a que esta llegara al Consejo de Ministros en “un plazo máximo de tres meses”.
A continuación, ponían por escrito “su voluntad” de que el futuro texto incluyera “mecanismos de contención o eventualmente de bajada de los precios” en las zonas de mercado tensionado, tanto para los contratos existentes como para los nuevos.
Sobre estos últimos PSOE y Unidas Podemos, además, especificaban: “En todo caso y en relación con la información obtenida por los sistemas de precios de alquiler, se contendrán las subidas injustificadas en los nuevos arrendamientos, tomando como referencia el precio del contrato del arrendamiento anterior y acotando los incrementos permitidos a las situaciones que se contengan en la ley de vivienda”.
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