La bajada del precio de las mascarillas, la realización de test de antígenos en las farmacias o las PCR en origen para llegar a España en avión o en barco. Son varias las cuestiones relacionadas con la pandemia en las que el Gobierno ha mantenido una posición aparentemente rotunda y, después, ha cambiado de criterio sin que hubiera una evidencia científica nueva que lo motivara o una explicación en esta línea que lo justificara. Y, muchas veces, con la Comunidad de Madrid al otro lado de la mesa.
La realización de test de antígeno en las farmacias
El vicepresidente del Ejecutivo madrileño pidió hace días al Ministerio de Sanidad que permitiera a los farmacéuticos hacer pruebas de antígenos a la población. En una entrevista en Al Rojo Vivo el 17 de noviembre, Ignacio Aguado señaló la realización de test masivos como un punto clave para “controlar la curva” y, ante las fiestas por Navidad, reclamaba que estos se pudieran extender a las farmacias: “Es fundamental en los próximos días poder hacer test en las farmacias (…) Quiero que se reúna el Grupo COVID-19 y que el Gobierno de España nos autorice”.
También se han manifestado al respecto Cataluña y la Región de Murcia. La responsable de Salud de la Generalitat, Alba Vergés, aseguró que estaban “trabajando” de forma conjunta con las farmacias en este sentido, aunque dejó claro que la decisión última dependía del visto bueno del Ejecutivo central.
Ese mismo día, sin embargo, se conoció que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, habría rechazado la posibilidad, según trasladó el Consejo General de Enfermería. Lo aseguró su presidente en una declaración recogida por Redacción Médica: “El otro día recibí personalmente una carta del ministro referida a esto y manifestó, desde luego, que rotundamente no se podía hacer en las farmacias estos test salvo en aquellas que pudieran tener departamento de análisis clínico”.
Un día antes, y en público, el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, mostró también sus reticencias. Planteaba dudas respecto a la aplicación de este test en sí, las competencias a la hora de tomar muestras, la lectura de su resultado, la conveniencia de que alguien con síntomas acuda a estos establecimientos y la capacidad de estos de hacer “circuitos” de COVID-19: “Si en algún momento conseguimos aclarar esos puntos y se puede hacer, yo entiendo que las farmacias pueden ser una ayuda importante, siempre y cuando todo esto se solucione correctamente. Si no, yo entiendo que tenemos que ser conscientes de los riesgos asociados y, si no se pueden solucionar, pues no se pueden solucionar”.
Todo ello, dos días antes de que Salvador Illa mantuviera su reunión semanal con los consejeros autonómicos del ramo. Durante la rueda de prensa posterior, el ministro de Sanidad se abría a lo reclamado por Madrid, Murcia y Cataluña. “He pedido que aquellas comunidades que quieran utilizar esta red [de farmacias] para su estrategia de detección nos hagan saber qué quieren hacer y cómo lo quieren hacer: qué tipos de test van a querer realizar estos establecimientos de farmacia, qué personal y con qué medidas de seguridad se van a administrar”.
Y concluía: “Pensamos que el sistema de detección está funcionando razonablemente bien, pero si alguien piensa que podemos ampliarlo un paso más en ese sentido pedimos conocer todos los detalles al respecto”.
Los test de origen para los viajeros internacionales
Siguiendo un orden cronológico, el siguiente vaivén fue a costa de los test de los viajeros llegados a España en avión o en barco desde lugares con una gran incidencia de coronavirus.
El pasado 12 de noviembre, el Boletín Oficial del Estado publicaba una resolución de la Dirección General de Salud Pública por la que se hacía indispensable que todo aquel que venga de un país muy afectado por la pandemia y llegue por los medios señalados presente una prueba diagnóstica negativa realizada en las últimas 72 horas. El texto remitió a esta recomendación de la UE -en concreto, al punto 17.B- como una de las causas para adoptarlo.
Sin embargo, no siempre se defendió esta medida y no todos los responsables sanitarios alaban la decisión. El director del CCAES, el 17 de junio, cuestionó el “interés real” de hacer una PCR a los viajeros que llegaran a los aeropuertos. Se trata de una medida diferente a la aprobada ahora -suponía que se hicieran las pruebas en destino-, pero en sus argumentos rebajó la utilidad epidemiológica de tener los resultados de los viajeros.
“Cuando tenemos una movilidad residual, como la hemos tenido algunos meses, ese planteamiento podría tener sentido. Yo, en realidad, creo que no. Cuando estamos hablando de hacer pruebas PCR masivas a todas las personas que vengan en un vuelo hay que replantearse desde varios puntos de vista. Uno es la utilidad real desde el punto de vista sanitario (…) Un negativo no implica que esa persona no esté infectada, implica que en ese momento no se ha detectado el virus. No sabemos lo que puede pasar en los días siguientes, con lo cual puede dar una falsa seguridad”.
Hace apenas unos días, con la medida ya aprobada, Fernando Simón matizaba ligeramente su postura: “Considero que el impacto que tiene en la transmisión es mínimo y el esfuerzo que requiere hacerlo, desde mi punto de vista, no compensa. Pero, desde luego, sí que puede prevenirse algún caso y alguna transmisión y por lo tanto no estoy en absoluto en contra de que hagan este tipo de medidas”.
Por su parte, el presidente del Gobierno también rechazó la medida. Isabel Díaz Ayuso reclamó en junio el mismo control aprobado ahora para el aeropuerto de Barajas: “Considero que, del mismo modo que para viajar a países tropicales es obligatorio vacunarse previamente, para venir a España parece necesario exigir una PCR a los viajeros procedentes de los países más afectados [por el coronavirus]”.
En la carta de respuesta, recogida por la Cadena Ser, Pedro Sánchez hizo caso omiso. Defendía el plan inicial de su Gobierno argumentando, entre otros, que los países de Unión Europea y el Espacio Schengen presentaban una “situación epidemiológica muy similar a la española”.
En estos momentos, no obstante, la norma exige una PCR negativa a viajeros procedentes de lugares europeos con menor incidencia acumulada que nuestro país. Es el caso, por ejemplo, de Alemania.
Bajada del precio de las mascarillas
Hasta principios de noviembre, el Ejecutivo justificaba mantener al 21% el IVA de las mascarillas quirúrgicas que los ciudadanos debemos llevar en cumplimiento con las directrices sanitarias. El 11 de noviembre, la ministra portavoz señalaba a la normativa comunitaria como causa fundamental: “En estos momentos, el reglamento europeo del IVA impide la bajada del precio de las mascarillas”.
Insistía también en ello la portavoz del grupo parlamentario socialista en el Congreso, Adriana Lastra, en La Hora de La 1: “Lo que no podemos o no queremos hacer es saltarnos la legalidad. Hay otros países que sí que lo han hecho, que no les importa las directivas europeas. A nosotros sí nos importa”. Supeditaba la decisión a llegar a un “acuerdo” con Bruselas.
Sin embargo, como contamos en Newtral.es hace meses, la Comisión Europea ya había advertido en una nota dirigida en mayo a los estados miembro que en el marco de la crisis del coronavirus sí se podía reducir este impuesto. La prueba es que países como Italia, Francia o Portugal ya lo habían hecho sin que se les abriera un expediente por ello.
El cierre perimetral durante los puentes de noviembre
Antes, la polémica llegó con los cierres perimetrales decretados en las comunidades para evitar la movilidad. El real decreto del estado de alarma publicado en el BOE el 25 de octubre establecía que las comunidades podían aplicar esta limitación durante un periodo no inferior a “siete días naturales”.
A pesar de ello, Isabel Díaz Ayuso planteó el 28 de octubre imponerlo durante los puentes más cercanos en el calendario: el de Todos los Santos y el de La Almudena. La reacción del Gobierno, en boca de la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, no se hizo esperar: “Absolutamente no se va a modificar el decreto. Primero porque estamos en este momento en el debate para su votación. La señora Ayuso hace estas cosas, además, yo creo de manera calculada para crear mucha más confusión”.
Es cierto que el real decreto no se modificó pero, horas después, el Ejecutivo autorizaba a Madrid a cerrar perimetralmente la comunidad en periodos inferiores a una semana.
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