Guía para entender la investigación al fiscal general del Estado por las filtraciones del caso González Amador

El Tribunal Supremo ha acordado este lunes procesar al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y a la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, por un delito de revelación de secretos en relación a la difusión de información sobre el procedimiento por presunto fraude fiscal de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. 

El magistrado señala que, a nivel indiciario, cabe presumir que el fiscal general facilitó a un medio de comunicación contenido confidencial de un correo en el que el abogado de González Amador “de común acuerdo” admitía al fiscal la comisión de dos delitos fiscales en su nombre. Un correo que le fue remitido por la fiscal jefe provincial de Madrid.

• Hurtado destaca que dicho correo contenía información sensible relativa a aspectos y datos personales de un ciudadano, en una “conversación privada” entre letrado y fiscal que está sujeta a “criterios de reserva y confidencialidad”.

El magistrado ha dado traslado a la Fiscalía y a las acusaciones para que, en el plazo de diez días, soliciten la apertura de juicio oral, formulando escrito de acusación o pidiendo el archivo del caso.

La respuesta del fiscal general. García Ortiz ha reafirmado su compromiso de continuar defendiendo la actuación y la integridad de la institución que representa pese al procesamiento dictado por el juez, según han confirmado fuentes fiscales a Newtral.es. 

• “Asimismo, reitera su inocencia sobre los hechos que son objeto de imputación en este auto”, señalan las fuentes.

¿Quién es Álvaro García Ortiz?

García Ortiz ocupa el cargo de fiscal general del Estado desde agosto de 2022, tras ser propuesto por el Gobierno tras la renuncia de su antecesora Dolores Delgado por motivos de salud.

Con el cese del Gobierno de la anterior legislatura, García Ortiz finalizó su mandato como fiscal general del Estado. 

El nuevo Ejecutivo volvió a proponerlo para continuar en el puesto, una iniciativa que no recibió el aval del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) al considerar que no era “idóneo” para el cargo, una decisión no vinculante. 

García Ortiz tomó posesión el 24 de enero de 2024, iniciando así su segundo mandato.

¿Cuáles son los antecedentes de la investigación?

La Fiscalía de Madrid presentó una denuncia contra González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, por un presunto fraude fiscal a Hacienda de 350.951 euros mediante facturas falsas a través de una empresa de su propiedad. 

El pacto propuesto por la pareja de Ayuso. El 13 de marzo de 2024, medios de comunicación publicaron una información asegurando que el fiscal encargado del caso de González Amador, Julián Salto, había ofrecido por correo electrónico un pacto al letrado defensor y le manifestaba que no había obstáculos para llegar a un acuerdo entre las partes.

Nota con el desmentido. La Fiscalía de Madrid emitió un día después una nota de prensa en la que realizaba una cronología de los hechos y publicaba la conversación entre el fiscal y el letrado, reflejando que había sido el abogado de González Amador quien admitió la comisión de los delitos por parte de su defendido y ofreció un pacto al Ministerio Público.

¿Y el inicio del procedimiento legal?

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid admitió a trámite en mayo de 2024 una querella presentada por González Amador contra la fiscal jefa de Madrid, Pilar Rodríguez, y Salto por presunta revelación de secretos al difundir la nota de prensa sobre su investigación. 

• Además, el TSJM también aceptó una denuncia del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) contra el Ministerio Público por este caso.

García Ortiz emitió en junio de 2024 un escrito en el que asumía la responsabilidad “última” de la nota de prensa difundida, la cual tenía el objetivo de “poner fin a un bulo” y para “cumplir con la obligación de la Fiscalía de ofrecer información veraz a la ciudadanía”.

El TSJM admitió su falta de competencia en el caso al estar el fiscal general del Estado en condición de aforado y elevó el caso al Tribunal Supremo.

La investigación del Supremo

El Tribunal Supremo acordó el pasado mes de octubre abrir una causa a García Ortiz, con el fin de determinar si la difusión de la información incumpliría el artículo 417 del Código Penal, que castiga a la autoridad o funcionario público que revele información que no debe ser divulgada. 

Tal y como recogió el auto del Supremo, al que tuvo acceso Newtral.es, previamente a la difusión del comunicado, hubo varias publicaciones en medios de comunicación que incluían las informaciones recogidas posteriormente en la nota de prensa, derivadas del intercambio de correos electrónicos entre la fiscalía y el abogado de la pareja de Ayuso.

En este sentido, el Supremo se centró en la posible participación de García Ortiz no en la elaboración y publicación de la nota que desmentía la información falsa, sino de la filtración a la prensa de su contenido poco antes.

• Además, el Supremo citó como testigo al exsecretario general del PSOE de Madrid, Juan Lobato, tras una exclusiva publicada por ABC. Según avanzó este medio, Lobato acudió a un notario para registrar una conversación que mantuvo con un alto cargo de Moncloa, Pilar Sánchez Acera, relativa a un email del abogado del novio de Ayuso.

Investigación de la UCO. A partir de su imputación, la UCO intervino los dispositivos electrónicos de García Ortiz con el fin de volcar toda la información que pudiera servir para investigar la presunta filtración de secretos.

Búsqueda de mensajes. La UCO encontró en el ordenador del fiscal correos relacionados con González Amador, pero nada en su móvil. Según los agentes, García Ortiz había cambiado de terminal una semana después de que el Supremo asumiera la investigación e informaron de que tenía dos números de teléfono.

Ante esto, el juez pidió el pasado mes de enero al proveedor de servicios de WhatsApp y Google los mensajes recibidos y/o enviados por García Ortiz, los datos almacenados en los servicios vinculados a la cuenta del fiscal general, así como copias de seguridad y archivos multimedia.

Las respuestas llegaron en el mes de abril. La justicia irlandesa remitió datos de Google y Estados Unidos envió dos carpetas zip de WhatsApp. Estos archivos fueron derivados a la UCO para que los analizase en dos piezas separadas.

• Pocos días después, el juez acordó levantar el secreto que pesaba sobre las dos piezas al vislumbrar que la Guardia Civil no había encontrado “información de interés” para la investigación en los datos recibidos de Irlanda y Estados Unidos.

Participación “preeminente”. La UCO ratificó el pasado 16 de mayo ante el Supremo que García Ortiz tuvo “una participación preeminente en la filtración investigada”. Los agentes llegaron a esta conclusión tras analizar el contenido del teléfono móvil de la fiscal jefa provincial, Pilar Rodríguez, también investigada por supuestamente enviar al fiscal general del Estado datos para la elaboración de la nota que posteriormente se difundió.

El informe de la UCO sobre el teléfono de Rodríguez señaló que esta envió a García Ortiz el correo que se investiga a las 21:59 aunque no se encontró prueba de la recepción de ese email porque García Ortiz borró todos sus mensajes tras ser imputado.

• De este modo, concluyó que “hasta que se publicó la filtración a las 23:51, hay tan solo un número muy reducido de personas” que tuvieron acceso a “todos los correos entre la Fiscalía y el abogado de la defensa” y que tienen conocimiento de que el Ministerio Público estaba preparando un comunicado. 

¿Qué defiende la Abogacía del Estado?

La Abogacía del Estado presentó este 6 de junio un escrito al Supremo en el que solicitaba que archivase la causa al considerar que el procedimiento “obedece a una estrategia procesal cuidadosamente dirigida a presentar una versión deformada de los hechos”. 

La defensa descartó cualquier participación del fiscal general en los hechos, recalcando que la instrucción no ha conseguido probar la acusación y que cuando García Ortiz accedió a la información esta “ya había sido conocida, transmitida y contrastada” por periodistas y terceras personas y, que por tanto, los hechos investigados no cuentan con relevancia penal.

• Además, apuntó también al entorno de González Amador como origen de los correos en los que la pareja de Ayuso admitía dos delitos fiscales y otro de falsedad documental.

Los indicios del juez contra los fiscales

En el auto emitido este 9 de junio, el juez señala que, a su juicio, “a raíz de indicaciones recibidas de la Presidencia del Gobierno y aprovechando la información publicada en el diario El Mundo, a las 21:29 horas del día 13 de marzo de 2024”, el fiscal general del Estado “entró en una dinámica de un frenético intercambio de comunicaciones entre distintos fiscales para preparar una respuesta, y dejar bien claro que, a juicio del investigado, la Fiscalía no había ofrecido ningún pacto de tal tipo”.

Añade que dichas comunicaciones comenzaron con una conversación telefónica mantenida con la Fiscal Jefe Provincial de Madrid tras la cual, “ésta realizó un par de llamadas telefónicas” al Fiscal encargado del caso, Julián Salto, “para solicitarle que le remitiera los correos electrónicos intercambiados entre él y el letrado de González Amador, porque iban a hacer una nota para desmentir una información que estaba circulando por las redes, lo que así hizo”.

Además, como indicios, subraya el informe de la UCO tras los registros de los despachos así como las declaraciones de los investigados y las testificales pero, ante todo, destaca que García Ortiz borró toda la información que contenían sus dispositivos.

(*) Actualización (09/06/2025): Esta pieza ha sido actualizada para incluir información sobre la investigación y el procesamiento por el Tribunal Supremo al fiscal general del Estado.