Guía para entender el caso del fiscal general del Estado por las filtraciones sobre González Amador

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, será juzgado por el Tribunal Supremo desde este lunes por un presunto delito de revelación de secretos en relación a la difusión de información sobre el procedimiento por presunto fraude fiscal de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. 

• Es la primera vez que un fiscal general español en activo se sienta en el banquillo de los acusados, tras una investigación de varios meses de duración.

• Está previsto que la vista oral se prolongue al menos hasta el próximo 13 de noviembre y no será hasta un día antes cuando el acusado tomará la palabra, tras haber escuchado en los días previos las declaraciones de hasta 40 testigos, tal y como solicitó la defensa de García Ortiz.

Qué solicitan. Las acusaciones -la particular de González Amador y seis populares- solicitan para García Ortiz entre cuatro y seis años de cárcel y hasta 12 de inhabilitación, mientras que la Fiscalía defiende que no hay delito y, como la Abogacía del Estado, pide la absolución del fiscal general, según EFE.

¿Quién es Álvaro García Ortiz?

García Ortiz ocupa el cargo de fiscal general del Estado desde agosto de 2022, tras ser propuesto por el Gobierno tras la renuncia de su antecesora Dolores Delgado por motivos de salud.

Con el cese del Gobierno de la anterior legislatura, García Ortiz finalizó su mandato como fiscal general del Estado. 

El nuevo Ejecutivo volvió a proponerlo para continuar en el puesto, una iniciativa que no recibió el aval del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) al considerar que no era “idóneo” para el cargo, una decisión no vinculante. 

García Ortiz tomó posesión el 24 de enero de 2024, iniciando así su segundo mandato.

¿Cuáles son los antecedentes de la investigación?

La Fiscalía de Madrid presentó una denuncia contra González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, por un presunto fraude fiscal a Hacienda de 350.951 euros mediante facturas falsas a través de una empresa de su propiedad. 

El pacto propuesto por la pareja de Ayuso. El 13 de marzo de 2024, medios de comunicación publicaron una información asegurando que el fiscal encargado del caso de González Amador, Julián Salto, había ofrecido por correo electrónico un pacto al letrado defensor y le manifestaba que no había obstáculos para llegar a un acuerdo entre las partes.

Nota con el desmentido. La Fiscalía de Madrid emitió un día después una nota de prensa en la que realizaba una cronología de los hechos y publicaba la conversación entre el fiscal y el letrado, reflejando que había sido el abogado de González Amador quien admitió la comisión de los delitos por parte de su defendido y ofreció un pacto al Ministerio Público.

¿Y el inicio del procedimiento legal?

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid admitió a trámite en mayo de 2024 una querella presentada por González Amador contra la fiscal jefa de Madrid, Pilar Rodríguez, y Salto por presunta revelación de secretos al difundir la nota de prensa sobre su investigación. 

• Además, el TSJM también aceptó una denuncia del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) contra el Ministerio Público por este caso.

García Ortiz emitió en junio de 2024 un escrito en el que asumía la responsabilidad “última” de la nota de prensa difundida, la cual tenía el objetivo de “poner fin a un bulo” y para “cumplir con la obligación de la Fiscalía de ofrecer información veraz a la ciudadanía”.

El TSJM admitió su falta de competencia al estar el fiscal general del Estado en condición de aforado y elevó el caso al Tribunal Supremo.

La investigación del Supremo

El Tribunal Supremo acordó en octubre de 2024 abrir una causa a García Ortiz, con el fin de determinar si la difusión de la información incumpliría el artículo 417 del Código Penal, que castiga a la autoridad o funcionario público que revele información que no debe ser divulgada. 

Tal y como recogió el auto del Supremo, al que tuvo acceso Newtral.es, previamente a la difusión del comunicado, hubo varias publicaciones en medios de comunicación que incluían las informaciones recogidas posteriormente en la nota de prensa, derivadas del intercambio de correos electrónicos entre la fiscalía y el abogado de la pareja de Ayuso.

En este sentido, el Supremo se centró en la posible participación de García Ortiz no en la elaboración y publicación de la nota que desmentía la información falsa, sino de la filtración a la prensa de su contenido poco antes.

• Además, el Supremo citó como testigo al exsecretario general del PSOE de Madrid, Juan Lobato, tras una exclusiva publicada por ABC. Según avanzó este medio, Lobato acudió a un notario para registrar una conversación que mantuvo con un alto cargo de Moncloa, Pilar Sánchez Acera, relativa a un email del abogado del novio de Ayuso.

Investigación de la UCO. A partir de su imputación, la UCO intervino los dispositivos electrónicos de García Ortiz con el fin de volcar toda la información que pudiera servir para investigar la presunta filtración de secretos.

Búsqueda de mensajes. La UCO encontró en el ordenador del fiscal correos relacionados con González Amador, pero nada en su móvil. Según los agentes, García Ortiz había cambiado de terminal una semana después de que el Supremo asumiera la investigación e informaron de que tenía dos números de teléfono.

Ante esto, el juez pidió en enero de 2025 al proveedor de servicios de WhatsApp y Google los mensajes recibidos y/o enviados por García Ortiz, los datos almacenados en los servicios vinculados a la cuenta del fiscal general, así como copias de seguridad y archivos multimedia.

Las respuestas llegaron en el mes de abril. La justicia irlandesa remitió datos de Google y Estados Unidos envió dos carpetas zip de WhatsApp. Estos archivos fueron derivados a la UCO para que los analizase en dos piezas separadas.

• Pocos días después, el juez acordó levantar el secreto que pesaba sobre las dos piezas al vislumbrar que la Guardia Civil no había encontrado “información de interés” para la investigación en los datos recibidos de Irlanda y Estados Unidos.

Participación “preeminente”. La UCO ratificó el pasado 16 de mayo ante el Supremo que García Ortiz tuvo “una participación preeminente en la filtración investigada”. Los agentes llegaron a esta conclusión tras analizar el contenido del teléfono móvil de la fiscal jefa provincial, Pilar Rodríguez, también investigada por supuestamente enviar al fiscal general del Estado datos para la elaboración de la nota que posteriormente se difundió.

El informe de la UCO sobre el teléfono de Rodríguez señaló que esta envió a García Ortiz el correo que se investiga a las 21:59 aunque no se encontró prueba de la recepción de ese email porque García Ortiz borró todos sus mensajes tras ser imputado.

De este modo, concluyó que “hasta que se publicó la filtración a las 23:51, hay tan solo un número muy reducido de personas” que tuvieron acceso a “todos los correos entre la Fiscalía y el abogado de la defensa” y que tienen conocimiento de que el Ministerio Público estaba preparando un comunicado. 

¿Qué defendió la Abogacía del Estado?

La Abogacía del Estado presentó el 6 de junio un escrito al Supremo en el que solicitaba que archivase la causa al considerar que el procedimiento “obedece a una estrategia procesal cuidadosamente dirigida a presentar una versión deformada de los hechos”. 

La defensa descartó cualquier participación del fiscal general en los hechos, recalcando que la instrucción no ha conseguido probar la acusación y que cuando García Ortiz accedió a la información esta “ya había sido conocida, transmitida y contrastada” por periodistas y terceras personas y, que por tanto, los hechos investigados no cuentan con relevancia penal.

Además, apuntó también al entorno de González Amador como origen de los correos en los que la pareja de Ayuso admitía dos delitos fiscales y otro de falsedad documental.

El procesamiento por parte del Tribunal Supremo

El magistrado Ángel Luis Hurtado del Tribunal Supremo, encargado del caso, acordó el pasado 9 de junio procesar al fiscal general del Estado y a la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, por un delito de revelación de secretos en relación a estos sucesos. 

El magistrado señaló en el auto que, a nivel indiciario, cabía presumir que el fiscal general facilitó a un medio de comunicación contenido confidencial de un correo en el que el abogado de González Amador “de común acuerdo” admitía al fiscal la comisión de dos delitos fiscales en su nombre. Un correo que le fue remitido por la fiscal jefe provincial de Madrid.

• Hurtado destacó que dicho correo contenía información sensible relativa a aspectos y datos personales de un ciudadano, en una “conversación privada” entre letrado y fiscal que está sujeta a “criterios de reserva y confidencialidad”.

• Además, como indicios, subrayó el informe de la UCO tras los registros de los despachos así como las declaraciones de los investigados y las testificales pero, ante todo, destacó que García Ortiz borró toda la información que contenían sus dispositivos.

La respuesta del fiscal general. Tras darse a conocer esta información, García Ortiz reafirmó su compromiso de continuar defendiendo la actuación y la integridad de la institución que representa pese al procesamiento dictado por el juez, según confirmaron fuentes fiscales a Newtral.es. 

• Asimismo, reiteró “su inocencia sobre los hechos que son objeto de imputación en este auto”, señalaron las fuentes.

El Tribunal Supremo desestimó el 29 de julio los recursos del fiscal general y del Ministerio Público contra el procesamiento de García Ortiz, reafirmando su decisión de forma “mayoritaria” de sentarle en el banquillo de los acusados, pese a un voto particular de uno de los magistrados.

• Ese mismo día, el Alto Tribunal informó el sobreseimiento y archivo de las actuaciones a Rodríguez al considerar que los indicios acumulados durante la instrucción eran “insuficientes para formular acusación, apreciando que en su actuación no hubo indicios de la comisión de delito”.

Apertura de juicio oral. El magistrado dictó el 9 de septiembre el auto de apertura de juicio oral a García Ortiz por, “indiciariamente, haber revelado, en su condición de fiscal general del Estado, secretos de los que pudo haber tenido conocimiento por razón de su cargo”.

No obstante, Hurtado rechazó la petición de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) de suspender cautelarmente de sus funciones a García Ortiz, aunque remitió su auto a la Inspección Fiscal de la Fiscalía General del Estado para que resolviese lo que procediera y le informase de la decisión adoptada.

• La Inspección contestó que carecía de competencia para acordar la suspensión. Por su parte, la Sala de Apelación del Supremo avaló la decisión de no suspender a García Ortiz y desestimó el recurso de apelación que presentó APIF contra la negativa del juez a su petición.

El Supremo señaló el 3 de noviembre como fecha de inicio del juicio al fiscal general del Estado, previsto para concluir 10 días después, con sesiones durante seis jornadas en horarios de mañana y tarde. 

Durante el juicio oral está previsto que declaren un total de 40 testigos, entre los que se encuentran ocho fiscales más dos responsables de prensa de la Fiscalía,12 periodistas, 11 guardias civiles de la UCO, cuatro políticos, dos abogados, y el acusador particular Alberto González Amador.

En su auto, el magistrado acordó que García Ortiz declare en último lugar tal y como lo ha solicitado su defensa ejercida por la Abogacía del Estado.

(*) Actualización (03/11/2025): Esta pieza ha sido actualizada para incluir información sobre el procesamiento por el Tribunal Supremo al fiscal general del Estado.