El Boletín Oficial del Estado (BOE) de este martes 12 de abril recoge el acuerdo entre la Junta de Transferencias y la Comunidad Foral de Navarra por el que esta asume la gestión del ingreso mínimo vital (IMV). Navarra se convierte así en la segunda comunidad autónoma en España, tras el País Vasco, que gestionará esta prestación.
Ambas instituciones llegaron a este acuerdo en la reunión que tuvo lugar el pasado 31 de marzo. A Navarra, de los casi 3.022 millones de euros de los que dispone el Ingreso Mínimo Vital para 2022, le corresponderían aproximadamente 48,35 millones. Además, esta cantidad será objeto de compensación en el cálculo de la aportación de Navarra al Estado conforme al convenio económico con la Comunidad Foral.
¿Qué funciones asume Navarra con el traspaso de la gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV)?
Con esta transferencia la Comunidad Foral de Navarra asume una serie de funciones entre las que se encuentran:
- Información, iniciación, instrucción y resolución de los procedimientos administrativos sobre el derecho a la prestación.
- Supervisión y control del cumplimiento de requisitos.
- Función interventora.
- Ordenación y pago de la prestación.
- Reintegro de prestaciones indebidamente percibidas.
- Representación y defensa en juicio.
¿Qué funciones siguen siendo del Estado?
No obstante, con este acuerdo, no todas las funciones relacionadas con el Ingreso Mínimo Vital se transfieren a la comunidad autónoma de Navarra, pues la Administración General del Estado continuará ejerciendo algunas de ellas como:
- La administración, gestión y mantenimiento del registro y sistema informático de la Tarjeta Social Digital.
- La garantía de la unidad de criterio fijando criterios normativos e interpretativos homogéneos.
- La función interventora en el control financiero posterior.
De igual modo, existirán una serie de obligaciones recíprocas para ambas instituciones como garantizar los principios de igualdad y unidad del sistema, especialmente en el ámbito de la actualización del sistema de Tarjeta Social Digital y Registro de Prestaciones Sociales Públicas, el control y movilidad de beneficiarios, así como las evaluaciones y estrategias de inclusión de los beneficiarios.
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