El Gobierno envía al Congreso el proyecto de ley de protección de entidades críticas: a quién afecta y aspectos clave

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes en segunda vuelta el proyecto de ley de protección y resiliencia de entidades críticas, una iniciativa que prevé salvaguardar aquellas entidades que prestan servicios esenciales en sectores estratégicos, como la energía, el transporte, el agua o la sanidad.

• El objetivo de esta propuesta es apoyar y garantizar el funcionamiento de estas entidades que “resultan indispensables” para mantener las funciones sociales o las actividades económicas vitales y preverlas de protección ante riesgos como catástrofes naturales o ataques externos.

• Tras su aprobación en segunda vuelta, el proyecto de ley será enviado al Congreso para iniciar su tramitación parlamentaria.

Transposición europea. El proyecto de ley transpone la Directiva (UE) 2022/2557 relativa a la resiliencia de las entidades críticas. Esta norma europea entró en vigor en diciembre de 2022 y los Estados miembros tenían hasta el 17 de octubre de 2024 como fecha límite para adaptar a la legislación nacional las disposiciones necesarias para cumplir la legislación comunitaria.

• La Unión Europea envió en julio de 2025 un dictamen motivado a España, junto a otros países, en el que le instaba a transponer “plenamente” las disposiciones de esta directiva, una vez cumplido el plazo establecido.

A quién afecta. La iniciativa se dirige a aquellas instituciones o empresas, públicas o privadas, que presten servicios “esenciales en sectores estratégicos”. Se incluyen aquellos ámbitos “tradicionales” como la energía, la salud, el transporte, el agua, la Administración pública, la producción y distribución de alimentos o la industria nuclear.

• También sectores como el hidrógeno, los sistemas urbanos de calefacción y refrigeración, la seguridad privada, las instalaciones de investigación o las aguas residuales, entre otros.

No están bajo el ámbito de aplicación de esta iniciativa otros sectores como el bancario, los mercados financieros, seguros, infraestructuras digitales o las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que, “aunque puedan considerarse críticos”, están regulados por sus normativas específicas, según ha explicado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. 

Medidas. Esta propuesta busca adoptar mecanismos de protección para estas entidades críticas ante posibles amenazas. El proyecto de ley encomienda a la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior elaborar, custodiar y actualizar un catálogo con las entidades consideradas “estratégicas”.

La iniciativa plantea que las entidades que estén recogidas en el catálogo estén obligadas a adoptar determinadas medidas de protección, entre ellas:

• Elaborar un plan de resiliencia que incluya las medidas de protección física y de respuesta y mitigación frente a cualquier tipo de incidente.

• También deberían contar con un sistema de comprobación de los antecedentes personales de los empleados que estén relacionados de manera directa con la operación, mantenimiento y control de la infraestructura crítica, para “garantizar su idoneidad”.

• Designar a un responsable de seguridad y resiliencia de la entidad como punto de contacto con las autoridades competentes.

• Fijar un sistema de notificación de todo tipo de incidentes que puedan alterar el funcionamiento de estos servicios esenciales.

Autoridades competentes. En cuanto a la gestión de este sistema de entidades críticas, la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior sería la autoridad nacional competente en la materia. 

• Asimismo, el Centro Nacional para la Protección y Resiliencia de las Entidades Críticas asumiría la interlocución directa con las entidades y funcionaría como “punto de contacto único” para la cooperación transfronteriza con otros Estados miembros de la UE. 

• La propuesta también plantea crear la Comisión Nacional para la Protección y Resiliencia de las Entidades Críticas como órgano colegiado adscrito a la Secretaría de Estado de Seguridad para aprobar los planes estratégicos sectoriales y colaborar en la identificación de las entidades críticas.