El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha licitado dos contratos por un valor estimado de hasta dos millones de euros con cargo a los fondos europeos para contratar a empresas que den apoyo para reducir la “institucionalización” de las personas que son atendidas por el sistema público de dependencia.
Un plan con el que el Ejecutivo pretende cambiar el modelo de cuidados de larga duración para personas dependientes, pasando de uno residencial a otro más próximo y comunitario. Ambas licitaciones para reducir la institucionalización se enmarcan en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, por lo que se sufragarán con los fondos europeos Next Generation.
De los dos acuerdos, el de mayor cuantía tiene un precio estimado de 1,2 millones de euros. Con él, el Gobierno busca a una empresa que le apoye en la elaboración de la Estrategia Nacional de Desinstitucionalización en el marco de los fondos europeos. El segundo tiene un coste aproximado de 893.000 euros, y con él se pretende costear el diseño y la puesta en marcha de “una plataforma de innovación social de proyectos piloto sobre desinstitucionalización y transición hacia modelos de apoyo personalizados y comunitarios”.
Según recoge el pliego del contrato de mayor cuantía, “el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia tiene entre sus objetivos contribuir a la transición de la atención institucional a la atención comunitaria”.
¿Qué significa la “desinstitucionalizar” el sistema de cuidados?
Las personas institucionalizadas son aquellas personas que residen en instituciones residenciales, donde, por un lado, se coordina “la asistencia sanitaria de baja complejidad y la atención psicosocial a colectivos en situación de dependencia”, tal y como apunta el Ministerio de Sanidad.
Entre estas instituciones residencias se hallan los centros residenciales para mayores, hospitales de media/larga estancia, hospitales psiquiátricos e instituciones geriátricas.
La idea de institucionalizar el sistema de cuidados de este proyecto dependiente de los fondos europeos se refiere a dos partes, por un lado, mejorar la situación de las personas dependientes que necesitan cuidados de larga duración y, por otro lado, transformar el sistema de cuidados, de uno centralizado a otro más comunitario.
El pliego señala que la Comisión Europea insta a los Estados miembros a introducir medidas que refuercen la transición de los servicios institucionales a servicios basados en la comunidad. Hace referencia al reciente “Informe Europeo del Grupo de Expertos en transición del cuidado institucional al comunitario” (2020) que analiza la situación en 27 Estados miembros de la Unión Europea.
La covid ha agravado la institucionalización en España
En él, se señala que la normativa española parece “no hacer ninguna referencia a la desinstitucionalización y a la vida en comunidad para ninguno de los cuatro grupos que abordan”, que son las personas con discapacidad, los menores, las personas con problemas de salud mental y los mayores.
El ministerio explica en el pliego que esta contratación es necesaria, ya que considera que hay “una importante tendencia a la institucionalización de personas que precisan de cuidados de larga duración”, algo que pretende evitar este proyecto de fondos europeos. Citando los datos que arroja el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) el pliego añade que también tiene evidencias de que la COVID-19 ha impactado en las personas que viven en residencias dependientes de instituciones.
El contrato se divide en dos etapas, una primera de análisis de contexto y una segunda de diseño de estrategia. Estas fases tendrán una duración de 15 meses. El pliego establece cinco objetivos:
- Poner en marcha un Consejo Asesor para el desarrollo de la estrategia.
- Realizar un documento que permita conocer la situación de los procesos de institucionalización en España.
- Diseñar un proceso de participación y discusión para la elaboración de la Estrategia.
- Dar apoyo en la elaboración del texto de la Estrategia Nacional de desinstitucionalización en el que una parte de la financiación procede de los fondos europeos.
- Realizar al menos tres eventos (congresos y/o seminarios) en torno a las temáticas y retos principales que abordará el plan.
El equipo al que se encargue el trabajo –explica el ministerio– debe tener una “adecuada combinación de conocimiento especializado y experiencia” en el desarrollo de políticas públicas relacionadas con los derechos sociales y en métodos de investigación y evaluación de las ciencias sociales en los ámbitos específicos de la futura estrategia.
- Además, como parte de este, se debe incorporar al menos una persona especializada en el análisis de género vinculado a políticas sociales. También recomienda que la composición del equipo sea equilibrada entre hombres y mujeres.
20 proyectos piloto para reducir la institucionalización con fondos europeos
El segundo contrato busca poner en marcha y dinamizar “una plataforma de innovación social de proyectos piloto sobre desinstitucionalización y transición hacia modelos de apoyo personalizados y comunitarios”.
El pliego del contrato indica que la Secretaría de Estado de Derechos Sociales está financiando 20 proyectos piloto sobre prevención de la institucionalización y desinstitucionalización. Estos proyectos para reducir la institucionalización reciben también financiación de fondos europeos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la UE.
Añade que estos 20 proyectos de aprendizaje se utilizarán para adquirir experiencia a la hora de implementar servicios innovadores y desarrollar la capacidad de gestionar reformas a mayor escala. Pero, señala, para ello se necesita un equipo experto en innovación social que ponga en marcha una plataforma que contribuya a reorientar las políticas públicas.
Lo que quieren es gastar los fondos europeos en proyectos de empresas amigas. La gente que reside en residencias, lo que necesita son cuidados y personal en los centros.
Como siempre toda la carga para las familias.