El presunto espionaje a líderes independentistas con Pegasus y la intrusión de los móviles del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Defensa, Margarita Robles, es un tema del que se puede hablar poco. Y es así por ley.
Partiendo de ello, se aprecian matices en cómo el Ejecutivo ha respondido a la supuesta intervención de los teléfonos de líderes independentistas y las explicaciones que ha dado cuando, posteriormente, se ha conocido el espionaje al presidente del Ejecutivo y la ministra de Defensa.
Cuando The New Yorker publicó el supuesto espionaje a decenas de dirigentes independentistas, gran parte de los partidos de la oposición pidieron explicaciones al Gobierno: exigían que se llegara “hasta el final” en las investigaciones y que se aclarara la posible implicación del CNI y el uso que este podía haber hecho de Pegasus.
Presunto espionaje a líderes independentistas: no se puede decir nada por “seguridad nacional”
Todas las preguntas que los periodistas dirigían a los miembros del Gobierno sobre este supuesto espionaje acababan con la misma respuesta: la necesidad de guardar silencio por motivos de “seguridad nacional”.
Ocurrió en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del 19 de abril por partida doble: “Hay asuntos que, porque tratan de la seguridad nacional, es decir, de la seguridad de todos nosotros, de todas nosotras, de la seguridad del país, están protegidos por ley y son materias clasificadas, son asuntos secretos, sobre los cuales no puedo darles cuenta”, aseguraba la portavoz, Isabel Rodríguez, que en otro momento expuso un argumento similar.
- Soluciones de Moncloa. El domingo, 24 de abril, Félix Bolaños viajó a Barcelona para reunirse con la consellera de Presidència de la Generalitat. A Laura Vilagrà le ofreció una investigación interna en el CNI, plena colaboración con la indagación del Defensor del Pueblo y con la Justicia para desclasificar documentos y tratar de constituir la comisión de secretos oficiales del Congreso (como luego ocurrió).
El mismo guion siguió Robles, quien el 25 de abril aseguró: “No puedo ni nadie podemos hacer ninguna declaración sobre lo que hace el Centro Nacional de Inteligencia, porque en ese caso estaríamos vulnerando la ley«.
La ministra de Defensa repitió la idea en la sesión del control del Congreso del 27 de abril: “Con respecto a todo lo que hace referencia al Centro Nacional de Inteligencia, me tengo que callar. ¿Sabe por qué? Porque cumplo la ley, y esa ley me impone a mí y a los tres mil hombres y mujeres que trabajan en el Centro Nacional de Inteligencia el deber de secreto”, respondía a la diputada de Junts, Míriam Nogueras.
En contraposición, el presidente del Gobierno sí que decidió dar cierta información sobre el presunto espionaje. En su intervención no confirmó si el CNI había utilizado Pegasus, pero sí que había actuado “ateniéndose escrupulosa y rigurosamente a la ley”. Es decir, que en caso de hacerlo, lo había efectuado contando con la preceptiva autorización judicial.
Espionaje al Gobierno: un “ataque externo” con tres intervenciones a dos móviles
Este hermetismo contrastó con la rápida respuesta pública que Moncloa dio este lunes. Siendo un día festivo para parte del país, el Ejecutivo convocó una rueda de prensa a las 9:30h para anunciar que se había detectado un espionaje a los móviles de dos miembros del Gobierno -Pedro Sánchez y Margarita Robles- con el sistema Pegasus.
En esa intervención, el ministro de Presidencia dio un tipo de detalles sobre estas escuchas que el Ejecutivo había omitido hasta ahora respecto a las de los independentistas. En concreto, dejó claro que era un “ataque externo”, que al día siguiente en Hoy por Hoy explicó que significaba que procedía de un sujeto no perteneciente al Estado (del que forma parte el CNI).
También concretó que se habían producido dos intrusiones en el dispositivo de Sánchez en mayo y junio de 2021 y uno en el de Robles, en esta última fecha: “No hay pruebas de ninguna intrusión posterior a estas fechas», añadía Bolaños. Finalmente, desde el Ejecutivo se concretaba que el volumen de información extraída era de 2,6 gigas y 130 megas en el Sánchez y 9 megas en el de Robles.
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