Las imágenes de Bucha se han convertido en el símbolo del horror de la guerra de Putin en Ucrania. La matanza de civiles en la localidad podría servir como ejemplo de los crímenes del genocidio que estaría perpetrando Rusia en el país del Este de Europa, como ha reclamado el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski. Son más de 300 cuerpos arrojados a fosas comunes o tirados en las calles. Algunos maniatados y con signos de haber sido ejecutados durante el tiempo en el que las tropas rusas controlaban este enclave, hasta el pasado jueves 31 de febrero.
Zelenski se desplazó a la ciudad a las afueras de Kiev, la capital ucraniana, y allí ante los medios de comunicación califió de “genocidio” la matanza en Bucha. Sin embargo, los máximos representantes de las instituciones de la UE, la ONU y la OTAN, que condenaron duramente la matanza, descartaron utilizar esta denominación
Más allá de las calificaciones que prefiera cada líder político, la guerra tiene sus reglas plasmadas en el derecho internacional humanitario. Son un conjunto de normas que describen los crímenes de guerra y de lesa humanidad, además del genocidio.
Los dos primeros fueron denunciados por Ucrania casi desde el principio de la invasión rusa y la Corte Penal Internacional anunció que pedirá a los jueces abrir una investigación por estos crímenes “cometidos por cualquiera de las partes en todo el territorio de Ucrania”.
Sin embargo, el genocidio, el “crimen entre los crímenes”, genera más debate por su carga política y emocional. Te explicamos qué dice el marco internacional sobre este tipo de crímenes mientras Kiev acusa a Rusia de haber cometido un genocidio en Bucha.
¿Qué constituyen los crímenes de genocidio?
El genocidio fue reconocido como crimen por primera vez en 1946 por la Asamblea General de Naciones Unidas. Legalmente, se tipificó como delito en la Convención para la prevención del genocidio de la ONU en 1948. El texto del acuerdo, que firmaron 152 países (como EEUU y Rusia), define el genocidio de manera muy clara: solo algunos actos constituyen violencia genocida y tienen que haber sido cometidos de una manera muy específica.
En concreto, el artículo 2 de la convención especifica que:
Se entiende por genocidio cualquiera de los siguientes actos cometidos con intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso:
- Matar a miembros del grupo
- Causar graves daños físicos o mentales a los mismos
- Someter de manera intencionada condiciones que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial
- Imponer medidas destinadas a impedir los nacimientos dentro del grupo
- Trasladar por la fuerza a los niños del grupo a otro grupo
Es decir, para que los crímenes de Bucha sean considerados un genocidio ha de demostrarse que tales actos fueron cometidos bajo los citados condicionantes. Es decir, ha de probarse que las tropas de Putin tuvieron como objeto último perpetrar una matanza masiva bajo esos criterios que describe el artículo 2, cuando asesinaron a los más de 300 civiles en la ciudad a las afueras de Kiev.
La Convención del genocidio establece en el artículo 3 que “serán punibles los siguientes actos: El genocidio, la asociación para cometer genocidio, la instigación directa y pública a cometer genocidio, la tentativa de genocidio y la complicidad en el genocidio”. Es decir, que se juzgará el genocidio y los actos que puedan ayudar o instigar a la comisión del genocidio.
¿Podría considerarse lo que ha ocurrido en Bucha un crimen de genocidio?
Investigadores y periodistas han encontrado lo que parecen ser pruebas de la matanza deliberada de civiles en la localidad y otras zonas cercanas.
La profesora de Derecho Internacional en la American University, experta en justicia internacional que ha asesorado tanto a la ONU como al Departamento de Estado de EEUU, Diane Orentlicher, explica que, para el caso de Bucha, el fiscal tendría que probar que las personas a las que se dirigía el ataque en Bucha pertenecían a un “grupo nacional, étnico, racial o religioso”.
“En este caso, el ‘grupo nacional’ parece ser la categoría más probable de víctimas objetivo”. Orentlicher recuerda el caso ante el Tribunal Penal Internacional para Ruanda. La sala de primera instancia definió “grupo nacional” de la siguiente manera; «la Sala entonces sostuvo que un grupo nacional se define como un conjunto de personas que se percibe que comparten un vínculo jurídico basado en la ciudadanía común, junto con la reciprocidad de derechos y deberes”.
La experta sugiere a Newtral.es, que podría utilizarse esta definición también para los civiles asesinados en Bucha. Sin embargo, recuerda que algunos juristas han criticado esta definición por considerar que el término «grupo nacional» pretendía abarcar lo que se conocía como minorías nacionales.
¿Qué es lo más difícil de juzgar en los crímenes de genocidio?
Tal y como recoge el texto de la convención, para que se juzgue un crimen como genocidio no solo es necesario demostrar la destrucción de un grupo de personas. También hay que probar intencionalidad, voluntad de exterminio.
Debido a ello, es el crimen más difícil de demostrar, más aún que los crímenes de guerra y de lesa humanidad. “Sin el elemento de intencionalidad, un tribunal no puede apreciar la existencia de genocidio”, explica Esther López, doctora en Derecho Internacional de la UDIMA, a Newtral.es. “Es un crímen difícil de probar, porque requiere conocer el objetivo último de la conducta criminal, por su elemento intencional”, añade.
Orentlicher coincide con López. Para determinar el crimen de genocidio, “un fiscal no sólo debe establecer que los miembros del grupo fueron asesinados, incluso en gran número, también debe probar que el propósito del autor era destruir al grupo objetivo, en su totalidad o en una parte sustancial”, indica a Newtral.es.
¿Qué institución puede juzgar si se ha producido o no un genocidio en Bucha?
La Corte Penal Internacional (CPI) es el tribunal encargado de juzgar a los responsables de crímenes contra la humanidad. Fue creada por iniciativa de la ONU el 17 de julio de 1998 mediante el Estatuto de Roma. Entró en vigor hasta el 1 de julio de 2002 tras su ratificación por 60 países, entre ellos España. En la actualidad, forman parte 123 países.
La CPI tiene jurisdicción sobre los cuatro crímenes principales: genocidio, crímenes de lesa humanidad, crimen de agresión y crímenes de guerra. El tribunal ya ha abierto una investigación sobre las atrocidades que se estarían cometiendo en Ucrania.
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Entre los casos de genocidio sobre los que hay consenso en la comunidad internacional se incluye la masacre de los hutus contra los tutsis en Ruanda en 1994 y el de la ciudad bosnia de Srebrenica, donde en 1995 fueron exterminados unos 8.000 hombres. También hay acuerdo en el Holocausto contra judíos y gitanos por los nazis.
¿Podría Putin ser juzgado por crímenes de genocidio?
Las expertas consultadas aseguran que se podría juzgar a las personas físicas (el presidente de Rusia, Volodímir Putín, el ministro de Defensa, Serguéi Shoigú, u otros militares) en los tribunales de Ucrania o en la CPI.
“La CPI no es el único tribunal capaz de investigar y enjuiciar este delito. Varios fiscales nacionales están investigando las atrocidades cometidas en Ucrania y, si hubiera pruebas que justificaran cargos de genocidio, podrían incluirlos en los casos que presenten y, en cualquier caso, compartir esas pruebas con el Fiscal de la CPI”, argumenta Orentlicher.
“Lo normal sería que el juicio se sustanciase en la CPI”, añade, por su parte, López. “Si la Corte Penal Internacional no abre diligencias, se podría recurrir por el principio de justicia universal a las jurisdicciones de los distintos Estados de la comunidad internacional, es decir, los tribunales españoles o franceses”, prosigue López.
Por otra parte, Ucrania también puede, como ya ha hecho, presentar una demanda a Rusia ante el tribunal internacional por el incumplimiento de la Convención sobre el Genocidio, un extremo que regula el artículo 9 de la Convención. “En este caso, demandaría un Estado a otro Estado, y no a las personas físicas que hayan tomado las decisiones o hayan dado las órdenes militares”, indica López.
En cualquier caso, si el juicio se desarrolla en la CPI, seguirá los mismos pasos que para el enjuiciamiento de los crímenes de guerra o de lesa humanidad. Un procedimiento que explicamos en este artículo.
¿A qué pena podría enfrentarse Putin si se confirmaran los crímenes de genocidio?
Las consecuencias legales se recogen en el artículo 77 del Estatuto de la Corte. En virtud del mismo, las penas que se pueden imponer son de prisión, hasta un máximo de 30 años, o cadena perpetua, si los crímenes son graves. Además, se puede imponer la pena de multa y el decomiso de los bienes y haberes que se hayan obtenido de los crímenes.
“La CPI no impone la pena de muerte”, recuerda Orentlicher, experta en justicia internacional.
¿Cuándo se empleó el concepto genocidio por primera vez?
La palabra “genocidio” la acuño por primera vez el abogado polaco Raphäel Lemkin en 1944 uniendo el prefijo griego genos, que significa raza o tribu, y del sufijo latino cide, que significa matar. Lemkin desarrolló el término en parte como respuesta a las políticas nazis de asesinato sistemático de los judíos europeos durante el Holocausto, pero también en respuesta a casos anteriores en la historia.
La definición se integró en el derecho internacional en 1948, tras la II Guerra Mundial. Fue la URSS el Estado que impuso que las persecuciones políticas no formaran parte del delito de genocidio. ”Las persecuciones a grupos políticos se incluían el primer borrador de Convención sobre el Genocidio y la URSS fue la que más presionó para que se quitasen”, recuerda López.
Fuentes:
- Convención sobre genocidio de 1948
- Oficina para la prevención del genocidio de Naciones Unidas
- Estatuto de la Corte Penal Internacional
- Esther López, doctora en Derecho Internacional de la UDIMA
- Diane Orentlicher, profesora de Derecho Internacional en la American University
