El Ministerio de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social prevé que los gastos anuales del sistema de acogida aumenten más de 100 millones de euros en comparación con 2022, un 39%. En concreto, la cuantía pasaría de 274 millones el año pasado a 382 millones de euros este 2023, según la resolución de 2 de noviembre publicada en el BOE. En el documento se detalla que este sistema “se ve directamente afectado por el conflicto en Ucrania y la llegada masiva de solicitantes de protección internacional a costas españolas”.
Para atajarlo, el sistema de acogida pasó en 2022 de financiarse mediante subvenciones estatales a acciones concertadas con las entidades que prestan este servicio. La cartera de Inclusión diseña el proceso que deben seguir todas las organizaciones autorizadas para que estas funcionen “con los mismos estándares”.
A causa del “incremento de llegadas a las costas españolas a lo largo de las últimas semanas”, la resolución de este noviembre reajusta la distribución de los costes y el proceso de los años 2023 y 2026.
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En total, hay 24 entidades autorizadas para prestar servicios en el sistema de acogida de España. Entre ellas, se encuentran Cruz Roja, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) y ACCEM. Tal y cómo explican desde las entidades colaboradoras, el Ministerio asigna unas plazas a estas organizaciones “en función de la disponibilidad de las mismas” en los distintos territorios de las fases del proceso. A partir de ahí, los profesionales de estas entidades llevan a cabo las distintas actividades del sistema, dependiendo de las necesidades de cada caso. Por ejemplo, las entidades gestionan los trámites de escolarización en el caso de las familias.
Estas organizaciones deben justificar periódicamente los gastos derivados de los servicios de acogida prestados a Inclusión. Al inicio del año, las entidades emplean una cantidad de dinero que el Gobierno anticipa el año anterior para cubrir hasta el 50% de estos costes. Una vez sus gastos superen la cuantía anticipada, estas organizaciones reciben pagos por el importe justificado en cada periodo. Como la última justificación corresponde con el final del año, el pago se realizaría a inicios del año siguiente.
La fase de acogida es la más costosa según Inclusión: entre 58 y 150 euros por persona y día de gasto
El proceso del sistema de acogida de los solicitantes de protección internacional está dividido en tres fases: la valoración inicial y derivación, acogida y la fase final, autonomía.
En la primera, las organizaciones valoran el perfil y las necesidades de cada solicitante en el periodo de tiempo más breve posible. La cuantía de los gastos de esta fase alcanza los 56,75 euros por plaza y día. En este periodo, se suplen las necesidades urgentes de alojamiento provisional y manutención, entre otras cuestiones básicas si fuese urgente, como la asistencia sanitaria.
Una vez las entidades autorizadas definen la situación de las personas solicitantes, estas entran en la fase acogida. Es la más costosa, con precios que oscilan entre los 58 y 150 euros, dependiendo de las necesidades individuales. Los solicitantes pueden seguir el proceso general u otro específico por vulnerabilidad o de atención reformada, dependiendo de sus necesidades. Durante esta parte, se cubren el alojamiento y la manutención de los solicitantes y se inicia con el proceso de inclusión. Por ejemplo, las entidades proporcionan atención psicológica y ofrecen actividades de formación profesional.
La última fase, la de autonomía, sólo incluye a aquellos que han recibido una resolución positiva a su solicitud. En esta etapa se apoya la autonomía de los beneficiarios de protección con ayudas económicas, asignadas con base en las necesidades individuales de cada uno. El precio de referencia de Inclusión es de 32 euros por persona y día de gasto.
A esto se suman servicios de apoyo, intervención y acompañamiento transversales en cada etapa del proceso en un itinerario que como máximo dura 18 meses.
La ocupación de plazas en las fases de valoración inicial y acogida supera el 90%
Hasta el 20 de octubre, el sistema de acogida atendía a un total de 38.012 personas. En la etapa de valoración inicial, la cantidad alcanza las 8.525, y la de acogida engloba a 18.300. Ambas están casi saturadas, con una tasa de ocupación del 92% y del 97%, respectivamente.
- Según el BOE, el sistema “adolece de un déficit crónico” de plazas de atención reforzada a personas vulnerables difíciles con problemas de salud mental, porque “tienen un coste elevado y su gestión es muy compleja”. Desde CEAR también indican que la sanidad mental en España es “un sistema para que la familia apoye al enfermo” y, por tanto, “el problema es cuando no tienen familia”. Todo el apoyo psiquiátrico se hace desde el servicio público.
En el caso de la fase de autonomía, de todas las solicitudes de protección internacional y que ingresan al sistema de acogida, solo el 20% son aceptadas finalmente, como indican en el mismo BOE en el anexo B. El cambio a esta última etapa “está condicionado, en muchos casos, al acceso a una vivienda en alquiler”. En total, hay 11.187 personas atendidas en esta fase. Sin embargo, esta cantidad no engloba las personas procedentes del conflicto en Ucrania que se han acogido a la protección temporal.
- Resolución de 2 de noviembre de 2023, de la Dirección General de Gestión del Sistema de Acogida de Protección Internacional y Temporal
- Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria
- Web del Ministerio de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social
- Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR)
- ACCEM
¡ Una vergüenza total ! Ese dinero ha sido fiscalmente robado a los españoles, muchos de los cuales están verdaderamente necesitados, además de proceder de familias que han sufrido durante generaciones para construir lo que España es hoy o era ayer antes de la destrucción del régimen del 78. Si los moros quieren follar y tener hijos, que lo paguen ellos, no los españoles financiera y parentalmente responsables. Los ladrones sorosianos en el POSE están con ello comprando votos y desarticulando España. Si están necesitados, que les den -en todo caso- una azada y un huerto, no pagas.