Algunos funcionarios al servicio de la Administración General del Estado pueden acceder a una vivienda oficial como prerrogativa de su empleo, una opción que se ofrece a aquellos empleados públicos que cumplen una serie de requisitos relacionados con la movilidad, la seguridad o la representatividad de sus cargos.
Desde Newtral.es hemos registrado varias solicitudes de información en el Portal de Transparencia del Estado para responder a una pregunta: ¿cuántos funcionarios del Estado tienen acceso a un inmueble como parte de las condiciones sujetas a su cargo?
Esta cuestión ya fue planteada en marzo por Jon Iñarritu, diputado de EH Bildu en el Congreso, a través de una pregunta parlamentaria. En su respuesta, el Gobierno apelaba a la normativa que lo regula –la Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social– sin especificar la cifra exacta de funcionarios que pueden optar a una vivienda por razón de su empleo.
Así, recopilando todas las respuestas facilitadas por los ministerios y sus organismos adscritos, repasamos el número de viviendas que ponen a disposición de sus empleados y su ubicación. Una información que, sin embargo, es muy difícil de cifrar con datos exactos dada la ausencia de respuesta por parte de los ministerios de Interior y Asuntos Exteriores.
Patrimonio Nacional, el organismo que más viviendas para funcionarios reúne
Según la información proporcionada, Patrimonio Nacional es el organismo público que cuenta con mayor número de viviendas a disposición de los funcionarios que trabajan en él.
Esta entidad dedicada al cuidado del patrimonio histórico-artístico cuenta, al menos, con 69 viviendas en la Comunidad de Madrid destinadas al uso de sus empleados públicos. En la siguiente tabla puedes consultar su distribución:
El lugar donde se concentran más viviendas es el Valle de Cuelgamuros, en San Lorenzo de El Escorial. Aquí se encuentran 24 viviendas y 25 garajes para empleados de Patrimonio Nacional y miembros de la Guardia Civil que prestan Servicio en el Valle de los Caídos. También se encuentran varias viviendas en los reales sitios de El Pardo, San Ildefonso o Aranjuez, entre otros, destinadas al uso y servicio de empleados de Patrimonio Nacional.
Por otra parte, existen una serie de alojamientos en edificios religiosos. Es el caso de las 7 viviendas del convento de las Descalzas Reales de Madrid, pensadas para personal adscrito, es decir, todo aquel personal que no tiene la condición de funcionario o laboral de Patrimonio Nacional, como sacerdotes o guardias civiles. De igual modo, existen otras 4 en el convento de la Encarnación y 3 viviendas en las dependencias de la Iglesia y Colegio de Santa Isabel.
Otros organismos públicos que ponen a disposición de los funcionarios una serie de inmuebles son las confederaciones hidrográficas y Parques Nacionales. Estas entidades, dependientes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, suman 20 viviendas para sus empleados. Se puede ver su distribución en la siguiente tabla:
Otros organismos que ofrecen viviendas a sus empleados
El Imserso, organismo dependiente del Ministerio de Asuntos Sociales y Agenda 2030, dispone de tres viviendas en los centros de atención a minusválidos físicos (CAMF) de Pozoblanco (Córdoba), Leganés (Madrid) y Ferrol (A Coruña). Se trata de unos inmuebles que forman parte de los propios centros y cuyo uso está destinado al director gerente de los mismos.
Por su parte, en el ámbito del Ministerio de Educación y Formación Profesional, hay tres funcionarios que cuentan con vivienda oficial cedida por el ministerio. Según indican en su contestación, es el caso de dos personas que ocupan un puesto de personal laboral fijo en Ceuta, y un funcionario docente de Melilla.
También en el Ministerio de Política Territorial hay un total de 26 viviendas ocupadas por empleados públicos por motivo de su empleo en la Administración General del Estado. Estos inmuebles están distribuidos en 23 provincias, entre las que se encuentran Alicante, Ávila, Bilbao, Ceuta, Cuenca o La Gomera.
El caso de Defensa: medida de apoyo a la movilidad, no prerrogativas de empleo
El Ministerio de Defensa cuenta con un organismo autónomo propio que gestiona sus bienes inmuebles: el Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED O.A.). Entre sus funciones se encuentran algunas como administrar los pabellones de cargo y viviendas militares en régimen de arrendamiento especial.
A estos alojamientos pueden acceder los miembros de las Fuerzas Armadas que cumplan determinados requisitos recogidos en la Ley de medidas de apoyo a la movilidad geográfica de los miembros de las Fuerzas Armadas.
“Es en atención a su obligatoria movilidad geográfica derivada de la disponibilidad por razones profesionales que los miembros de las Fuerzas Armadas pueden acceder a esta medida de apoyo a la movilidad geográfica, nunca por prerrogativas de su empleo”, explican en su respuesta.
No obstante, la consulta sobre la cifra del personal militar que actualmente tiene el usufructo de uno de estos alojamientos ha sido inadmitida. Los motivos, según explican, se centran en la necesidad de reelaborar la información para poder proporcionar este dato, una de las causas de inadmisión que respalda la Ley de Transparencia.
“Supone para este Instituto consultar y recopilar datos de distintas fuentes y oficinas periféricas que conllevaría la realización de una documentación específica para conceder el acceso a esta información, lo que implicaría una acción previa de reelaboración expresa para esta respuesta”, concluye el documento.
¿Cómo se decide qué funcionarios pueden acceder a una vivienda oficial?
La Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social de 1996 autoriza al Gobierno para delimitar los supuestos en los cuales los empleados públicos pueden acceder al disfrute de una vivienda por razón de su trabajo o cargo desempeñado.
Para ello, se tienen en cuenta algunos aspectos como las necesidades del servicio, razones de seguridad, representatividad y el contenido del puesto de trabajo de que se trate. “En estos casos, podrá exigirse al personal afectado el abono de los gastos de mantenimiento de la vivienda y el de los gastos medibles por contador”, recoge la normativa. EI cese en el cargo supone necesariamente el desalojo de la vivienda.
Interior y Exteriores no han proporcionado información sobre viviendas oficiales
Los únicos ministerios que no han facilitado su respuesta sobre las viviendas oficiales a disposición de sus funcionarios son Interior y Asuntos Exteriores. La solicitud de información realizada por Newtral.es quedó registrada el pasado mes de julio. Casi cinco meses después no han proporcionado ninguna información.
El artículo 20.4 de la Ley de Transparencia establece que una vez transcurrido el plazo máximo para resolver una solicitud –fijado en un mes desde su recepción por el órgano competente–, si no se ha dictado y notificado resolución expresa, se entenderá que la solicitud ha sido desestimada.
En el caso del Ministerio del Interior, no es la primera vez que rechaza proporcionar información acerca de estas cuestiones. Desde 2020, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha recibido al menos dos reclamaciones con una misma queja: Interior no responde a las solicitudes de información acerca de las viviendas disponibles para el Cuerpo Nacional de Policía.
Ambas reclamaciones, cuyas resoluciones se publicaron en diciembre de 2020 y febrero de 2021, fueron estimadas. Es decir, se instó al Ministerio del Interior a remitir al reclamante la información solicitada. Según recogía El Independiente el pasado mes de mayo, la Dirección General de la Policía cifró en 97 el número de mandos que reside actualmente en viviendas oficiales.
En 2017, la Guardia Civil disponía de más de 33.800 pabellones
Aunque no se ha podido obtener la información sobre los funcionarios adscritos al Ministerio de Interior que pueden disponer de vivienda oficial, sí existen datos –aunque desactualizados– sobre el número de pabellones de la benemérita, los que se encuentran en estado inhabitable o no utilizable y los ocupados.
En 2017, el PSOE registró una serie de preguntas parlamentarias para conocer el número de viviendas ocupadas por la Guardia Civil y su estado. El Gobierno en su respuesta dio a conocer que, por entonces, había un total de 33.843 pabellones, de los que 534 (el 1,6%) se encontraban en estado no utilizable o inhabitable, y 26.053 (el 77%) estaban ocupados.
En otra de estas preguntas, se solicitaba el presupuesto destinado a la rehabilitación de viviendas o pabellones de los miembros de la Guardia Civil desde 2012. El desglose que facilitó el Ejecutivo recogía que entre 2012 y 2016 el gasto en estos inmuebles fue de 19,4 millones de euros.
Fuentes
- Respuestas a las solicitudes de información realizadas por Newtral.es a través del Portal de Transparencia sobre los funcionarios del Estado con acceso a viviendas oficiales
- Preguntas parlamentarias con respuesta por escrito
- Ley de medidas de apoyo a la movilidad geográfica de los miembros de las Fuerzas Armadas
- Ley de Transparencia
- Legislación sobre Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social
- Consejo de Transparencia y Buen Gobierno
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