Cómo funciona la Fiscalía Europea que pide investigar el contrato de mascarillas del hermano de Ayuso

La Fiscalía Europea ha reclamado a Anticorrupción información sobre la investigación abierta por el contrato de venta de mascarillas a la Comunidad de Madrid, que se adjudicó a una empresa vinculada al hermano de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y sobre el que se han barajado hipótesis de una comisión presuntamente irregular. 

La propia Ayuso aseguró en un comunicado que “la factura a Priviet Sportive no es una comisión por obtener el contrato de la Administración, sino el cobro de las gestiones realizadas para conseguir el material en China y su traslado a Madrid, que es distinto. Es una contraprestación por su trabajo, no una comisión por intermediación. Esa factura es de 55.850€, más IVA”, recoge el texto. 

El organismo europeo quiere comprobar que no se haya cometido un delito de malversación de fondos europeos, ya que las mascarillas se pagaron con Fondos Feder, como recoge Europa Press. Pero ¿tiene potestad este organismo? 

Alejandro Luzón, el fiscal jefe de Anticorrupción en España, planteó un conflicto de competencias ante la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, que finalmente ha decidido que la la investigación se puede dividir. Continuará en la Fiscalía Española sin perjuicio de que la Europea pueda realizar sus propias investigaciones. Según ha explicado el propio Luzón, la Fiscalía Europea investigará la malversación de fondos relacionada con el dinero comunitario, mientras que la Fiscalía nacional mantendrá la competencia para los delitos que atañen a España: el posible cohecho y tráfico de influencias.

Sin embargo, la Fiscalía Europea ha considerado que la decisión de Delgado no se ajusta al derecho de la UE y es un “desafío a su supremacía“, según un comunicado que ha publicado este miércoles en el que anuncia que continuará su investigación.

El anuncio de la Fiscalía Europea recalca que la decisión sobre un conflicto de competencias entre un organismo nacional y un organismo europeo fue tomada por la Fiscal General del Estado que es el superior jerárquico del organismo nacional (la Fiscalía Anticorrupción) y, por tanto, “parcial en el procedimiento en curso“. Lamenta asimismo que la decisión se haya tomado por decreto “sin escuchar a ambas partes en el conflicto de competencia“ durante la Junta de Fiscales de Sala.

La decisión que tomó Delgado de dividir la causa se produjo después de que la Fiscalía Europea hubiera planteado a Delgado que si tenía dudas sobre quién tiene la competencia de investigar elevase una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Según argumenta Newtral.es Javier Collado, profesor de Economía y experto en fiscalidad de la UDIMA, “la causa ha quedado dividida“, por lo que Anticorrupción investigará el contrato del hermano de Ayuso, y la Fiscalía Europea indagará si hubo malversación. “La Fiscalía Europea es competente porque las mascarillas se pagaron con dinero de los presupuestos de la UE y, como administración pública, investigará si los fondos se utilizaron para la finalidad que se otorgaron. Anticorrupción no va a investigar esa parte del caso“, indica Collado.

Explicamos qué es exactamente la Fiscalía Europea, quién la dirige, cómo funciona y qué ocurre con sus decisiones.

[Lo que sabemos del contrato para mascarillas que la Comunidad de Madrid adjudicó a una empresa que se vincula al hermano de Díaz Ayuso]

¿Qué es la Fiscalía Europea?

La Fiscalía Europea es un órgano independiente financiado por el presupuesto de la UE y que empezó a funcionar el 1 de junio de 2021. Se trata de la primera oficina europea dedicada a la investigación y el enjuiciamiento de delitos que afectan al presupuesto de la Unión. “Al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) le faltaba el órgano público acusador, la institución que defienda el interés general. A medida que aumentan las competencias del TJUE ha sido evidente la necesidad de crear esta fiscalidad europea“, explica Collado.

Según explicó en su creación Didier Reynders, comisario europeo de Justicia, la misión principal del organismo es “proteger los fondos de la UE frente a los delincuentes en aras del interés común de nuestros ciudadanos”. “Vigilará la aplicación de NextGenerationEU con el fin de garantizar que los fondos se utilicen en su totalidad para ayudar a nuestras economías a recuperarse de la crisis”, añadió.

La Fiscalía complementa el trabajo de otros órganos de la UE como la Oficina europea de lucha contra el fraude (OLAF), Eurojust y Europol. “Cooperará con ellos, así como con las autoridades competentes de los Estados miembros que no participan en la fiscalía supranacional”, explican.

¿Cuáles son las competencias de la Fiscalía Europea?

Su creación se recoge por el Reglamento (UE) 2017/1939, de 12 de octubre de 2017. El texto legal que aplica los procedimientos de la Fiscalía Europea se incluyen en la Ley Orgánica 9/2021, de 1 de julio. Según el artículo 4 sobre la competencia de los Fiscales europeos delegados, los magistrados pueden investigar “delitos que perjudiquen los intereses financieros de la Unión Europea“ y su competencia se extiende “a los delitos indisociablemente vinculados“.

Por otra parte, el artículo 9 sobre las “cuestiones de competencia“ especifica que, en caso de discrepancias entre la Fiscalía Europea y la Fiscalía nacional, decidirá la persona titular de la Fiscalía General del Estado en los términos previstos en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

“La Fiscalía Europea tiene competencia para temas que afecten a los Estados Miembros, también para investigar la finalidad de los presupuestos de la UE, sin perjuicio de que pueda colaborar con las Fiscalías de cada Estado miembro“, indica el experto de Economía y experto en fiscalidad de la UDIMA.

¿Qué delitos puede investigar la Fiscalía Europea?

Los delitos que investiga y puede perseguir la Fiscalía Europea son cualquier actividad ilegal que esté relacionadas con presupuesto de la UE y que afecte a los intereses financieros de la Unión. En su creación calculaban que llegará a investigar unos 3.000 casos al año. Principalmente se centra en distintos tipos de fraude:

• Fraude relacionado con los gastos e ingresos
• Fraude relacionado con el IVA (si afecta a dos o más Estados miembros y tiene un valor de al menos 10 millones de euros)
• Blanqueo de capitales derivados de fraudes al presupuesto de la UE
• Corrupción activa y pasiva o malversación que afecte a los intereses financieros de la UE
• Participación en una organización delictiva si su actividad se centra en cometer delitos contra el presupuesto de la UE

¿Quién dirige la Fiscalía Europea?

La Fiscalía Europea está dirigida por Laura Codruța Kövesi. El organismo, que cuenta con una oficina central en Luxemburgo, está constituido además por un fiscal europeo por cada Estado miembro participante y por personal de apoyo. “Los fiscales europeos delegados establecidos en los Estados miembros forman parte integrante de este órgano independiente”, explica la Comisión Europea.

Por parte de España, la representante es la fiscal María Concepción Sabadell, que fue propuesta junto a otras dos candidatas hace dos años por la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, como recoge el BOE del 29 de marzo de 2019. Sabadell recuerda que los fiscales europeos no pueden “aceptar ni recibir ninguna instrucción  de ninguna persona agenda a la Fiscalía Europea”.

Según explica el propio organismo, la Fiscalía Europea realiza sus investigaciones y actuaciones “con total independencia de la Comisión, de otras instituciones y órganos de la UE, y de los Estados miembros”. 

¿Cómo funciona la Fiscalía Europea?

Según explica en un video la propia Sabadell, “su estructura es un poco compleja, pero lo es para asegurar la independencia del órgano”. Así, comenta que tiene dos niveles, uno centralizado en Luxemburgo y otro descentralizado en cada uno de los 22 Estados miembros (Hungría, Polonia y Suecia han decidido no unirse y Dinamarca e Irlanda tienen una opción de exclusión del espacio de libertad, seguridad y justicia). 

• El nivel central en Luxemburgo se encuentra la Fiscal General Europea y 22 Fiscales Europeos, uno por cada Estado miembro.
• El nivel descentralizado en cada uno de los Estados miembros están los Fiscales Europeos Delegados, quienes tramitan los procedimientos de la Fiscalía Europea en cada Estado miembro.

“El colegio toma decisiones únicamente en cuestiones generales, en políticas generales que derivan en casos concretos, pero no puede tomar ninguna decisión sobre procedimientos particulares. Eso a nivel central corresponde a las Salas permanentes que están formadas por tres fiscales europeos”.

Cuando se recibe una denuncia el Fiscal Europeo Delegado estudia el caso y decide si es o no competencia de la Fiscalía Europea.

“En caso de serlo comienza a instruir desempeñando las funciones de lo que en España sería un juez de instrucción (toma declaración a los investigados, a los testigos, designa peritos, reclama documentos…)”, explica Sabadell en una entrevista en la Comisión Europea.

Durante esta fase, el Fiscal Europeo Delegado informa al nivel central, a las salas permanentes y al Fiscal Europeo, y una vez finalizada la fase de investigación decide si formular acusación y llevar el caso a juicio. 

Si decide llevar a juicio a los investigados, la sala permanente no puede archivarlo ya que los Fiscales son independientes para decidir llevar a juicio y para formular acusación. “Una vez formulada la acusación, va a juicio ante los tribunales españoles. Concretamente” en España ante la Audiencia Nacional”, explica Sabadell en la entrevista.

Si por el contrario el Fiscal Europeo Delegado considera que no existen indicios de criminalidad suficientes, archiva el procedimiento, pero la sala permanente puede decidir llevarlo a juicio.

¿Están los países obligados a hacer caso a la Fiscalía Europea?

Según la fiscal europea Sabadell la importancia de la Fiscalía Europea reside en que “no estamos hablando de una autoridad o de un órgano que da unas recomendaciones y que las autoridades pueden seguir o no”. 

“Nosotros decidimos, si consideramos que hay que investigar y llevar a juicio, nosotros lo hacemos. Y por tanto, tenemos unas prestaciones que ningún órgano de la UE ha tenido antes. Es un paso mucho más allá de la cooperación judicial”, explica.