La Fiscalía archiva las tres investigaciones que tenía abiertas contra el rey Emérito: estos son sus argumentos

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha archivado este martes las tres diligencias de investigación que tenía abiertas contra el rey Juan Carlos I. El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha firmado los decretos de archivo, según ha informado la Fiscalía en un comunicado. 

Estas investigaciones eran las relativas a las diligencias que el ministerio público mantenía abiertas: una por el presunto cobro de 65 millones de euros por presuntas comisiones de las obras del tren de alta velocidad Medina-La Meca (Arabia Saudí), otra sobre si recibió donaciones no declaradas y una tercera respecto de si ocultó fondos en paraísos fiscales.

Las investigaciones que archiva la Fiscalía contra el rey emérito

En el comunicado, el ministerio especifica que las primeras diligencias se abrieron en junio de 2020, para investigar un posible delito de corrupción en los negocios, por la adjudicación de la línea de ferrocarril de alta velocidad y su posible relación con el pago a la fundación LUCUM por más de 64 millones de euros.

La segunda investigación que ahora se archiva, corresponde con las pesquisas sobre un supuesto delito de blanqueo de capitales por varias transferencias a favor de una cuenta, a nombre de un coronel del Ejército español, ayudante del Rey Emérito y que supuestamente habrían servido para satisfacer gastos de miembros de la familia real. 

Las terceras diligencias a las que se hace referencia en este archivo es las relativas a los gastos que la fundación Zagatka constituida por el primo del Rey emérito, Álvaro de Orleans-Borbón, desde la que se realizaron distintos pagos al exmonarca. 

Investigación 1: ¿Por qué se archiva el caso LUCUM? 

La Fiscalía considera que, respecto a la investigación del pago a la fundación panameña LUCUM, no se ha podido establecer “siquiera de modo indiciario” vinculación alguna entre el ingreso de más de 64 millones y una supuesta “comisión”. Además, otros pagos que sí se han podido demostrar estarían prescritos o no son perseguibles. Estos son los argumentos esgrimidos para archivar la causa: 

• El dinero defraudado (según la Fiscalía): Se han identificado cuotas que LUCUM envió a una cuenta a nombre de Juan Carlos de Borbón entre 2008 y 2012, sí, pero estas “cuotas defraudadas” a la Hacienda Pública en el IRPF no serían constitutivas de delito
  • De 2008 a 2011 porque, aunque superan el importe considerado en el Código Penal para ser un delito, han prescrito.
  • Los de 2012 no habrían prescrito pero, tampoco son “susceptibles de reproche penal” ya que en aquel momento Juan Carlos aún era rey y, por lo tanto, inviolable. 
• La supuesta comisión: En cuanto a la segunda parte de la investigación relacionada con los pagos de LUCUM al Rey. La Fiscalía considera que no hay pruebas que sustenten que el pago de 64,8 millones de euros sea procedente de una comisión. 
  • ¿Qué es entonces? “Se trataría, pues de un regalo que pudiera haber sido recibido en consideración a la condición de Jefe de Estado de S.M. Juan Carlos de Borbón”, dice la fiscalía y eso podría ser “susceptible” de un derecho de cohecho. Pero, éste está “claramente” prescrito y cubiertos por la inviolabilidad. 

Investigación 2: ¿Por qué se archivan las transferencias a nombre del Coronel? 

En su comunicado, la Fiscalía explica que las transferencias realizadas por el empresario mexicano Allen de Jesús Sanginés Krause al coronel del Ejército amigo del Rey emérito (y de las que éste se benefició) no suponen una “contraprestación” por ningún servicio y aunque en su momento no fueron declaradas legalmente, sí se hizo a posteriori. 

• Las regularizaciones: Estas transferencias constituyen donaciones sujetas al impuesto de sucesiones y donaciones, explica la Fiscalía. Por eso, el ministerio público considera que con la regularización presentada por el Rey en diciembre de 2020 se pagaron totalmente los gastos de los impuestos más los “recargos e intereses de demora” de las cantidades no prescritas.
• ¿Cuánto dinero fue? Según informe, la suma total de las cuotas correctamente liquidadas asciende a 539.664,36 euros, resultado de restar del cálculo correctamente efectuado de las cuotas (559.361,32 euros) el importe de las que ya estaban prescritas administrativamente al tiempo de su ingreso (19.696,96 euros). Puesto que el contribuyente ingresó en concepto de cuota 556.412,50 euros, dicho ingreso fue excesivo en un importe igual a 16.748,14 euros.

Investigación 3: ¿Por qué se archivan los gastos de la Fundación Zagatka?

La última de las investigaciones es la correspondiente a los “gastos sufragados” por la Fundación Zagatza en favor de Juan Carlos de Borbón, cuyo archivo está en una situación similar al anterior: Aunque no se ha podido establecer realmente el motivo y la procedencia de todos los pagos, las autoliquidaciones saldan cualquier posible delito derivado de no pagar los impuestos correspondientes. 

•  El argumento de la Fiscalía: La documentación bancaria remitida por la Fiscalía de Ginebra ha permitido “comprobar que todos y cada uno de los débitos” en las correspondientes cuentas de ZAGATKA que estaban siendo investigados “han sido incluidos como renta sometida a gravamen en las mencionadas declaraciones complementarias”
• ¿Y lo hizo antes o después? Otra de las cuestiones sobre estas regularizaciones era comprobar si el Rey Emérito realizó estos pagos al fisco antes o después de saber que estaba siendo investigado. La Fiscalía considera en su escrito que, el criterio cronológico se cumplió ya que “en aquellos momentos se desconocían las circunstancias a las que las mismas se refieren. Por tanto, las notificaciones de incoación de Diligencias de Investigación no podían tener, en los momentos en que se realizaron, el carácter de trasladar el conocimiento formal del inicio de diligencias”

¿Cuál ha sido la respuesta del Emérito al archivo? 

Tras el archivo de la Fiscalía de las tres investigaciones, el abogado del Rey Emérito ha emitido un comunicado en el que informa de que ha sido notificado del decaimiento de las pesquisas. Valora además que este archivo supone que “no existen circunstancias que permitan apreciar la existencia de ilícito alguno”. 

Sin embargo, explica, que los decretos precisan un estudio detallado y que trasladará personalmente al exmonarca el contenido del archivo.