Pagar por abortar: por qué hay mujeres que costean de su bolsillo la interrupción siendo una prestación pública

En 2010 se aprobó la ley de interrupción del embarazo, regulando este derecho como una prestación dentro del sistema nacional de salud. Así, la norma establecía la financiación del aborto en la Seguridad Social, es decir, de forma pública. Sin embargo, más de una década después todavía hay mujeres que costean de su bolsillo el procedimiento, ya sea farmacológico o instrumental. 

La interrupción voluntaria del embarazo (IVE) es una prestación financiada por el sistema de salud público. Sin embargo, según las expertas consultadas, la suma de determinados obstáculos administrativos y burocráticos puede dilatar los tiempos o complicar el acceso. Por ello, hay mujeres que optan por acudir directamente a la privada, renunciando al derecho a la financiación pública. Esto implica asumir el coste: entre 300 y 700 euros, dependiendo de la semana de gestación, del territorio y del tipo de procedimiento.

En Newtral.es hemos conseguido recabar datos de la financiación del aborto de hasta 13 comunidades autónomas en 2019 y 2020 —a través de informes autonómicos, peticiones registradas en portales de transparencia y consultas a consejerías de sanidad—. Las CCAA que no han facilitado datos, o no han facilitado los que requeríamos, son Catalunya, Castilla-La Mancha y Galicia. Tampoco lo han hecho las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

El caso de La Rioja, de la que tampoco incluimos datos, es particular. Aquí no hay ni una sola clínica acreditada para la interrupción del embarazo y en los centros sanitarios públicos no se realizan “porque el 100% de los facultativos son objetores de conciencia”, tal y como explican a Newtral.es desde la Consejería de Sanidad. 

Desde la consejería especifican que tienen un protocolo de derivación para abortar pero siempre fuera del territorio: a Zaragoza y a Navarra. La Seguridad Social financia estas derivaciones en el 100% de los casos. Sin embargo, la administración riojana no tiene “constancia de aquellas mujeres que se van directamente a otras comunidades autónomas a abortar, pagándolo ellas”. 

¿Esto puede ocurrir en otras CCAA? Sí, pero a diferencia de La Rioja, en todas las comunidades hay al menos una clínica acreditada. Como señala a Newtral.es Raquel Hurtado, coordinadora del área de intervención social de la Federación de Planificación Familiar Estatal (SEDRA-FPFE), esto implica que “aunque salgan de su municipio e, incluso, de su provincia, en la inmensa mayoría de los casos acudirán a una clínica dentro de su comunidad autónoma, por lo que la administración sí tiene un registro de esos casos”. 

¿Qué muestran los datos de las CCAA sobre la financiación del aborto?

En Newtral.es hemos recabado datos de 13 comunidades autónomas sobre la financiación del aborto en 2019 y 2020. Para 2021, hasta 7 CCAA nos han facilitado información. Estos datos reflejan, de todos los abortos realizados, cuántos fueron financiados por el sistema público y cuántos se realizaron por lo privado —costeado por la paciente—.

Para 2020, de las 13 CCAA de las que hemos obtenido datos, 10 de ellas alcanzan o superan el 70% de financiación. Cantabria, Navarra, Euskadi y Asturias superan el 90%, y Aragón y Andalucía financian más del 80% de los abortos. Canarias, Madrid, Comunitat Valenciana y Baleares superan el 70%. Murcia (66,7%), Extremadura (63,3%) y Castilla y León (55,7%) son las que menos interrupciones financian de las 13 CCAA de las que hemos conseguido datos. Es decir, son los territorios donde más mujeres pagan por abortar. En Castilla y León, casi la mitad de las mujeres lo costean de su bolsillo (un 44,3%).

En 2019, el año previo a la pandemia, en la mayoría de CCAA el porcentaje de financiación pública del aborto fue ligeramente mayor en comparación con 2020. Es el caso de Castilla y León, Extremadura, Murcia, Comunitat Valenciana, Madrid, Canarias, Aragón, Andalucía, Asturias y Navarra. Solo en Euskadi, Cantabria y Baleares los porcentajes de financiación pública fueron ligeramente inferiores en 2019 respecto a 2020.

“La pandemia colapsó el sistema sanitario. Esto pudo ser un factor determinante, al menos durante los peores meses, para que hubiese mujeres que no pudiesen esperar y acudiesen directamente a las clínicas”, apunta Raquel Hurtado. 

Para 2021, solo 7 CCAA han facilitado información a Newtral.es. El último año con datos disponibles muestra que en Comunitat Valenciana, Madrid y Murcia pagaron por abortar una de cada tres mujeres. Catalunya denegó la petición por transparencia realizada por este medio. Desde el Departament de Salut solo han facilitado un dato que otorgó la directora general de Planificació i Recerca en Salut, Aina Plaza: “En 2021, casi el 80% de las IVE que se realizaron en Catalunya fueron con financiación pública”.

¿Cuál es el precio por abortar?

El precio por interrumpir un embarazo, cuando la financiación del aborto corre a cargo de la mujer, difiere en función del territorio y de la clínica. Puede incluso ser diferente en función de la semana de gestación, y tampoco es el mismo coste si se trata de un aborto farmacológico o de uno instrumental con sedación o con anestesia local. 

En Castilla y León hay tres clínicas acreditadas (una en León, otra en Salamanca y una tercera en Valladolid), pero solo una —Ginemédica, la de Valladolid— tiene un concierto con la administración de Castilla y León para practicar abortos a pacientes derivadas de la pública. Como explica a Newtral.es Emilia García, de la clínica Buenavista (León): “Todas las mujeres de Castilla y León que quieren abortar sin coste alguno son derivadas a Valladolid, a veces incluso a otra comunidad autónoma. Si una mujer de León quiere abortar gratis en León, no puede. Puede venir a nuestra clínica, pero tiene que pagar el procedimiento porque no tenemos concierto con la Junta”.

En la web de la clínica leonesa Buenavista señalan que “el precio tanto de aborto quirúrgico como del farmacológico es de 400 euros”. Sin embargo, en la clínica Buenavista pero con sede en Asturias son 400 euros si es un aborto hasta la semana 12 y con anestesia local, tal y como especifican en su web. A partir de la semana 12 y con sedación —que es la opción mayoritaria— son 600 euros. Con anestesia general (sedación), un aborto instrumental cuesta 600 euros hasta la semana 12 y 700 hasta la 14. 

Son precios muy similares a los de Ginemédica, en Valladolid, según especifican por teléfono a este medio, es decir, en torno a los 600 y 700 para abortos con sedación. Señalan que para quienes tienen grupo sanguíneo negativo hay que pagar “60 euros extra porque es un tipo de grupo sanguíneo que requiere una dosis de inmunoglobulina”. Es algo que también señalan en la web de la clínica Belladona, en Asturias, donde los precios para una interrupción voluntaria del embarazo (IVE) son sedación van de los 600 a los 680 euros. A ello se sumarían los 60 euros para quienes tienen grupo sanguíneo negativo. 

Sin embargo, el caso de Asturias es diferente del de Castilla y León. En primer lugar porque en Asturias hay dos clínicas acreditadas y concertadas por el sistema de salud autonómico, mientras que en Castilla y León, un territorio con algo más del doble de población y de mayor extensión geográfica, solo hay una concertada. Por otro lado, en Asturias, las mujeres pueden acudir directamente a una de las dos clínicas con su tarjeta sanitaria y pedir cita para interrumpir su embarazo a través de la Seguridad Social.

Como explica a Newtral.es Cristina Iglesias, gerente de la clínica asturiana Belladona y miembro de Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI): “Solo las mujeres que tienen un seguro privado o aquellas mujeres sin tarjeta sanitaria porque vienen desplazadas de otros países pagan por un aborto”. En 2021, según datos facilitados por el servicio sanitario de Asturias, al 92,7% de las mujeres se les financió el aborto; y en 2020, al 93,6%. Es decir, menos del 10% en Asturias paga por abortar. Sin embargo, para ese mismo año, en Castilla y León, un 44,3% de mujeres costearon la interrupción. 

En Madrid, respecto a la financiación del aborto, hay varias clínicas que especifican en su web que es una prestación sanitaria financiada públicamente y aclaran que pueden ayudar a las usuarias a tramitar la petición. Por ejemplo, la clínica Isadora señala en su web: “Tienes derecho a abortar. Y a hacerlo de manera gratuita. Somos un centro concertado con la Seguridad Social. Si necesitas abortar gratis, te ayudamos con los trámites que tienes que hacer por medio del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS)”. Esto también lo incluye la web de la clínica Centro Médico Pacífico. 

En la Comunidad de Madrid, donde casi un 30% de las mujeres en 2021 pagaron por abortar, los precios oscilan entre los 300 y los 470 euros en función de las semanas de gestación y de si es un procedimiento con anestesia local o general.

¿Por qué hay mujeres que pagan por abortar?

El proceso de derivación de la sanidad pública a centros privados concertados, que es la práctica mayoritaria dado que los centros públicos siguen sin asumir la mayoría de interrupciones, es diferente según el territorio y las mujeres no siempre conocen qué deben hacer si quieren abortar. Así lo expone a Newtral.es Eva Rodríguez, vicepresidenta de ACAI: “En la mayoría de lugares tienes que conseguir cita con el médico de cabecera para que te derive. A veces hay pasos entre medias, como tener que ir a la trabajadora social para que te dé una primera cita en la clínica donde se realizará la interrupción”. 

Esto se suma a los tres días de periodo de reflexión y a la obligatoriedad de tener que desplazarse a otras provincias. Es lo que ocurre en Castilla y León, donde para que la financiación del aborto sea pública hay que interrumpir en Valladolid. O en Extremadura, donde la única clínica está en Badajoz. “Si además de desplazarte tienes que pasar primero por varias citas en la pública y esperar tres días por el periodo de reflexión, hay territorios donde el proceso puede conllevar hasta dos semanas. No todas las mujeres pueden esperar tanto”, añade Rodríguez.

Irmina Saldaña, médica de Atención Primaria en un centro de salud madrileño, explica a Newtral.es el proceso en esta comunidad: “Como hay tanto desconocimiento, muchas mujeres optan por pedir cita con su médica de Primaria. Ahí se te deriva a la trabajadora social, que es la que te explica que debes acudir a la unidad de IVE, en la calle Sagasta, para que se te financie. Entonces te darán una primera cita en una de las clínicas privadas con las que la Comunidad tiene un concierto para hacerte analíticas y demás. Y ahí ya te darán cita tres días después, tras el periodo de reflexión”. 

Saldaña señala que ya hay clínicas donde puedes tramitar directamente la IVE: “Puedes ir a una clínica y que te ayuden con la gestión. Pero nadie te quita tener que ir a una primera cita en ese centro, después a Sagasta y volver a la clínica para la interrupción. Se acortan los tiempos, pero mínimo son tres mañanas que tienes que emplear para acceder a un aborto, teniendo en cuenta que es una situación donde cada día cuenta”.

Sílvia Aldavert, coordinadora de la Associació de Drets Sexuals i Reproductius, organización catalana pero con presencia en todo el territorio nacional, apunta en conversación con Newtral.es que “hay mucha inequidad, especialmente en territorios rurales”: “Hay lugares donde la trabajadora social solo acude una vez a la semana. Por lo que primero tienes que conseguir cita con tu médica de cabecera y luego esperar a que haya disponibilidad con la trabajadora social. De ahí que te deriven a una clínica que, desde luego, no está en tu municipio. Eso incentiva que quieras ahorrarte todo ese tiempo de espera y acudas directamente a la privada pagando. En lugares muy pequeños, además, con el tabú que hay respecto al aborto, hay mujeres que prefieren acudir directamente a la clínica, asumiendo el coste, porque no se fían de que su intimidad esté totalmente protegida”.

Metodología sobre la financiación del aborto

Para la elaboración de este reportaje sobre financiación y aborto, hemos cursado peticiones a través de los portales de transparencia autonómicos. En los casos de Madrid, Cantabria, Castilla y León, Euskadi y Comunitat Valenciana hemos consultado también los informes autonómicos relativos a interrupciones voluntarias del embarazo (IVE). También hemos contactado con las consejerías de sanidad cuando no lográbamos obtener datos a través de ninguna de esas dos vías o cuando hemos necesitado clarificar alguna cuestión.