Durante una entrevista en Las mañanas de RNE, el diputado de Unidas Podemos Jaume Asens consideró que hay que limitar el alcance de la inviolabilidad del Rey emérito y señaló que «existe, pues, un delito de calumnias a la Corona que no existe en ningún otro ordenamiento jurídico europeo».
En España, las calumnias o injurias contra algún miembro de la Casa Real conllevan penas de prisión de seis meses a dos años si se consideran graves, y una multa de seis a doce meses si no lo son, como recoge el Código Penal en su artículo 490.
Pero no es el único. Varias monarquías europeas como Bélgica, Dinamarca, Suecia o Mónaco mantienen en su marco jurídico leyes de lèse majesté o laesa maiestatis, como se conocen este tipo de delitos que incluyen cualquier tipo de ofensas contra la Corona, entre las que se encuentran las calumnias.
En cualquier caso, no son los únicos países cuyas leyes protegen a las figuras del Estado por encima del resto de los ciudadanos. Algunas repúblicas como la francesa también contemplan penas más severas para quien difame o injurie al presidente o a miembros del Ejecutivo.
De hecho, 17 países europeos ofrecen una protección especial a la reputación y el honor del jefe de Estado, entre los que están Andorra, Bulgaria, Bélgica, Dinamarca, Alemania, Grecia, Islandia, Italia, Malta, Mónaco, Países Bajos, Polonia, Portugal, San Marino, Eslovenia, España y Suecia, según la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE). «A pesar de la obvia contradicción en una democracia de ofrecer protección especial a la reputación y el honor del jefe de estado (…) en todos estos casos, insultar o difamar al jefe de Estado puede conllevar penas de cárcel», se señala en el informe sobre libertad de expresión.
Joan Barata, jurista de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI), defiende que «si es inaceptable para el rey, también para el Gobierno y los demás. Hay que entender que eso vale para todos, como otras instituciones del Estado, incluido el Gobierno y sus miembros, que también están especialmente protegidos». Además, sostiene que es importante no mezclar los temas, ya que el delito de injurias a la Corona no afecta al debate sobre la responsabilidad legal de los miembros de la Casa Real y no debe disuadir a quien quiera opinar sobre sus actividades.
La legislación en Europa
Sobre el papel, la legislación sueca contempla las penas más severas por delitos de calumnias e injurias contra la corona, con castigos de hasta seis años de prisión como máximo, seguido por Dinamarca, de cuatro años.
El Código Penal de Suecia (capítulo 18, sección 2) contempla un castigo para quien «cometa un delito mencionado en los capítulos 3-5 que implique una ofensa contra el Rey u otro miembro de la Casa Real, o de una persona desempeñando las funciones del Jefe de Estado como regente, puede ser condenado a prisión». Este artículo pervive en el sistema legal sin ninguna modificación en los últimos años, como confirma la embajada sueca en España.
En Bélgica también se mantiene vigente la ley de 1847 sobre el crimen de lèse-majesté, en la que se establece que «cualquiera, ya sea en lugares públicos o reuniones, por discursos, gritos o amenazas, o por escritos, impresos, imágenes o emblemas de cualquier tipo, que hayan sido exhibidos, distribuidos o vendidos, puestos a la venta o expuestos del público, será culpable de un delito contra la persona del Rey, será reprimido con prisión de seis meses a tres años y multa de 300 a 3,000 fr.», como confirma el gobierno belga a Newtral.es.
En Dinamarca, si cualquiera de los delitos de ofensas contra las personas, la libertad personal, la privacidad o la difamación se comete contra el soberano o el regente, «las penas establecidas se duplican», según establece su Código Penal (art. 115). La norma «está vigente y no se ha modificado», como precisan desde la embajada danesa en España.
Además, en el Código Penal de Mónaco (art. 58) también se establece que «el delito contra la persona del Príncipe, si se comete públicamente, se sanciona con la pena privativa de libertad de seis meses a cinco años».
El 1 de enero de este año, Países Bajos rebajó la penalización de los delitos de lesa majestad, y equiparó el delito de insultos a la corona con el de insultos a cualquier funcionario público. Hasta entonces, el texto recogía en el art. 111 que «el insulto doloso al Rey se castiga con pena de prisión no mayor de cinco años o con multa de cuarta categoría».
En España, este tipo de delito está regulado por los artículos 490 y 491 del Código Penal, en los que figura que «el que calumniare o injuriare al Rey, a la Reina o a cualquiera de sus ascendientes o descendientes, a la Reina consorte o al consorte de la Reina, al Regente o a algún miembro de la Regencia, o al Príncipe o a la Princesa de Asturias, en el ejercicio de sus funciones o con motivo u ocasión de éstas, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años si la calumnia o injuria fueran graves, y con la de multa de seis a doce meses si no lo son».
Condenas por estos delitos
Barata explica que este tipo de regulaciones que otorgan una posición privilegiada a cargos públicos son incompatibles con la libertad de expresión. «Eso no significa que no deba existir una protección como la de cualquier persona. Lo que no es correcto es darles una protección reforzada o privilegiada; al contrario», advierte.
El experto recuerda que al menos en dos sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos se expone que estos cargos ‘protegidos’ deben soportar un mayor nivel de crítica. «Tienen que aceptar que, en la medida en que son escogidos por el pueblo, están sujetos a un mayor escrutinio y, por ello, también a un mayor nivel de crítica», señala Barata.
Una de esas sentencias es la que protagonizó Arnaldo Otegi, que en 2003, tras una visita del rey emérito Juan Carlos de Borbón al País Vasco cuestionó lo siguiente: «¿Cómo es posible que se fotografíen hoy en día en Bilbao con el Rey español, cuando el Rey español es el jefe máximo del Ejército español, es decir, el responsable de los torturadores y que ampara la tortura y que impone su régimen monárquico a nuestro pueblo mediante la tortura y la violencia?». El Tribunal concluyó que «nada en las circunstancias del presente caso, donde las afirmaciones controvertidas se hicieron en el contexto de un debate sobre una cuestión que presentaba un interés público legítimo, podía justificar la imposición de una pena de prisión».
Además de las sentencias que ha habido en España los últimos años, en Holanda, el activista Abulkasim al-Jaberi también se enfrentó a un juicio acusado de insultar al rey Guillermo Alejandro de Orange durante una protesta, y unos años antes, en 2007, un periodista de 17 años que trabajaba para la revista Spunk fue arrestado por llevar una camiseta con las palabras «Queen Beatrix is a whore» («la reina Beatriz es una puta»). Aunque no fue formalmente acusado, el editor de la revista explicó que el joven buscaba llamar la atención sobre el tema después de que un hombre recibiera una multa de 400 euros por insultar a la reina Beatriz una semana antes.
«El hecho de que estas regulaciones existan en otras partes de Europa, incluso en países con ‘buena nota’ en libertad de expresión, no significa que también ellos incumplan los estándares internacionales», como el artículo 10 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos, explica Barata.
Una norma anacrónica
Para Yolanda Quintana, coordinadora de PDLI, lo importante no es cuántos países contemplan este delito, sino en cuáles se persigue activamente. «España no solo lo tiene en su legislación, sino que lo aplica de forma activa contra medios, periodistas, tuiteros o personas que protestan».
«Son leyes que están desfasadas«, explica a Newtral.es Gerard Aalders, historiador holandés especializado en lesa majestad. «No es contemporáneo tener una ley que pueda enviar a alguien a prisión cinco años por decir algo contra el rey». «Es sorprendente cuántas leyes aplican solo al rey pese a que en nuestra primera frase de la Constitución defendemos la igualdad ante la ley, bajo las mismas circunstancias. Lo cierto es que las circunstancias son muy diferentes si naces rey», añade.
En España, la Corona no es la única figura que tiene una protección mayor ante insultos o calumnias. Otras instituciones del Estado, incluidos los miembros del Gobierno, e incluso símbolos como la bandera también tienen una mayo protección que la de cualquier ciudadano (art. 504 del Código Penal). Por eso, PDLI considera que se deberían descriminalizar las injurias y las calumnias para que la única vía legal fuera la civil.
En una entrevista reciente en la Cadena SER, le preguntaron al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, si el delito de injurias contra la Corona podría modificarse, y el ministro respondió que «todos los debates jurídicos son aceptables, pero también digo que las altas instituciones del Estado tienen que estar protegidas porque estas ofensas que la debilitan no son buenas».
La respuesta de Podemos
Desde Newtral.es hemos consultado al equipo de prensa de Unidas Podemos sobre la fuente de los datos para sostener la afirmación de Asens y aseguran que «la fuente son los códigos penales de los países europeos».
Sin embargo, tras hacer una revisión de los mismos, se puede ver que Bélgica, Dinamarca, Suecia o Mónaco mantienen en su marco jurídico penas mayores para las ofensas contra los miembros de la Casa Real, por lo que la afirmación del diputado es FALSA.
