“Por primera vez los Presupuestos Generales del Estado tendrán una partida para memoria histórica. Es gracias a esos familiares que hace 20 años sacaron a la calle fotos de sus seres queridos y empezaron a abrir fosas comunes. Perdón por llegar tan tarde. Esta victoria es vuestra”, decía en su cuenta de Twitter Martina Velarde, diputada de Unidas Podemos por Córdoba.
Pero es falso, no es la primera vez que los presupuestos lo incluyen: hasta 2012 el Gobierno invirtió 25 millones de euros en memoria histórica. El PP eliminó esta partida de sus presupuestos en 2013 y ahora se vuelve a retomar.
25 millones de euros hasta 2012
Entre 2006 y 2011 se destinaron 25 millones de euros en partidas presupuestarias para la memoria histórica a través de la Comisión Interministerial para el estudio de la situación de las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo.
La partida ha ido aumentando desde los 2 millones de euros en 2006 hasta los 6,3 millones en 2011, el último año del gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero.
En 2012, el gobierno popular de Mariano Rajoy redujo la partida hasta los 2,5 millones de euros para exhumaciones, pero no se realizó ninguna convocatoria como señalan las organizaciones, y un año después la eliminó por completo de los presupuestos.
Para 2021, el Gobierno ha retomado la partida del presupuesto para memoria histórica con 11,35 millones de euros, de los que un 60% se dedicarán a exhumaciones, según el Ministerio de la Presidencia.
Desde Newtral.es hemos consultado al equipo de prensa de Podemos y señalan que la diputada se refería “a que es la primera vez desde que se fue el PP del Gobierno. Desde 2012 no se han aprobado presupuestos en materia de memoria histórica”.
Un modelo cuestionado
Durante estos años en los que no ha habido presupuesto, las asociaciones no han dejado de trabajar en la búsqueda de desaparecidos y la exhumación de cuerpos a petición de las familias.
Sin embargo, algunas organizaciones como la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica cuestionan la decisión del Gobierno central de destinar estas ayudas a organizaciones en lugar de asumir esta tarea desde las instituciones públicas.
Emilio Silva, presidente de esta asociación, considera que “esto no debería ser una subvención: el derecho a una sepultura digna es un derecho, lo que tiene que pasar es que el Estado lo garantice (…) Si lo subvencionas, va a haber algunos que puedan acceder y otros no; estás generando una discriminación entre víctimas”. Por eso, explica, han dejado de presentarse a las convocatorias del Gobierno.
Silva pone como ejemplo algunos organismos autonómicos como el Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos Gogora, en el País Vasco, o el Instituto Navarro de la Memoria, que realizan exhumaciones de personas desaparecidas durante la Guerra Civil bajo un modelo público, sin una convocatoria de ayudas.
Resumen
Después de revisar los Presupuestos Generales del Estado se puede comprobar que el Ejecutivo destinó 25 millones de euros entre 2006 y 2011 a convocatorias para proyectos de memoria histórica, por lo que es falso que el proyecto de presupuestos para 2021 incluya “por primera vez” una partida para memoria histórica como señala Velarde.
