En la rueda de prensa tras la Cumbre del G-20 del domingo 22 de noviembre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró que “el Gobierno de España garantiza que no va a haber desahucios” porque, según él mismo explicó, “los desahucios están prohibidos hasta el 31 de enero del próximo año”.
Pese a que el Ejecutivo aprobó un real decreto ley con medidas urgentes en marzo para suspender los desahucios, esta suspensión no afecta a todos los ciudadanos, sino solo a aquellos que se encuentran en una situación de vulnerabilidad económica derivada de la pandemia.
De hecho, entre abril y junio, en plena pandemia, se produjeron 1.383 lanzamientos, según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Por tanto, esta afirmación es FALSA.
Se suspenden los desahucios para situaciones derivadas de la COVID-19
El Gobierno aprobó en marzo el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, de medidas urgentes para hacer frente al COVID-19. En este texto, que ha sido prorrogado hasta el 31 de enero de 2020, se recoge la “suspensión del procedimiento de desahucio y de los lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional”.
Sin embargo, esta suspensión solo protege a quienes se encuentran en una situación de vulnerabilidad derivada de la pandemia y que así puedan acreditarlo, pero no a quienes ya estaban en esa coyuntura desde antes ni a quienes han visto empeorada su situación por el virus.
Además, el CGPJ ya confirmó aquí a Newtral.es que “el Real Decreto no prohibía todos los lanzamientos, sino solo aquellos que afectaran a personas en situación de vulnerabilidad”. Natalia Palomar, responsable de Incidencia jurídica de Provivienda, explicó a Newtral.es que “se ha quedado mucha gente fuera” y asegura que lo habitual es que las personas afectadas tengan una situación de vulnerabilidad previa.
Para poder acreditar la situación de vulnerabilidad económica derivada de la pandemia se necesita que el afectado pase a estar en situación de desempleo, ERTE o haya reducido su jornada por motivo de cuidados. Y que el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar en el mes anterior a la solicitud no alcance tres veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples).
Además, la renta arrendaticia, más los gastos y suministros básicos, debe resultar superior o igual al 35% de los ingresos netos que perciba el conjunto de los miembros de la unidad familiar.
Palomar considera que “no está siendo nada fácil que las personas que están en vulnerabilidad afectadas por el coronavirus puedan juntar documentación para demostrarlo” y que el juzgado paralice el lanzamiento.
Más de 1.300 lanzamientos hipotecarios de abril a junio de 2020
De hecho, según los datos del Consejo General del Poder Judicial de enero a junio de este año se han producido 11.042 lanzamientos hipotecarios. De estos, 9.659 lanzamientos se practicaron en el primer trimestre de 2020 y 1.383 en el segundo. Es decir, que una parte se han llevado a cabo mientras estaba vigente el decreto por el que se suspendían los desahucios.
No obstante, el CGPJ precisó a Newtral.es que “no todos los lanzamientos son desahucios, pues hay lanzamientos que afectan a otros bienes (plazas de garaje, fincas, locales comerciales, etc). Es decir, los órganos judiciales practicaron aquellos que no estaban sujetos a la prohibición”.
Posibles incorporaciones de suspensión de los lanzamientos
Hemos preguntado a Moncloa sobre las declaraciones de Pedro Sánchez pero no hemos obtenido respuesta.
En la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros del martes 24 de noviembre la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, explicó que la suspensión introducida por el decreto del 31 de marzo “se encuentra plenamente vigente” y que, por tanto, “todavía hay dos meses o más de dos meses por delante para poder llegar a acuerdos en términos de iniciativas del Gobierno para bien prorrogar la norma, incorporarle algunos de los elementos que podrían resultar de interés”.
La ministra también aseguró que la propia iniciativa “la tomará el Consejo de Ministros en el momento en el que ya esté próxima la finalización del periodo de vigencia”, que termina el 31 de enero.
Por su parte, Unidas Podemos, que también se encuentra en el Gobierno, registró una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado de 2021 junto con ERC y EH-Bildu para frenar todo desahucio sin alternativa habitacional hasta el 31 de diciembre de 2022, así como todo corte de suministro básico, como electricidad, gas natural o agua, como demandan las organizaciones sociales de este sector, como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).
Resumen
Pese a que el Ejecutivo aprobó un real decreto ley con medidas urgentes en marzo para suspender los desahucios y que se ha ampliado hasta el 31 de enero, la suspensión no afecta a todos los ciudadanos, sino solo a aquellos que se encuentran en una situación de vulnerabilidad económica derivada de la pandemia.
De hecho, se han seguido practicando lanzamientos hipotecarios. Solo en el segundo trimestre de 2020 se han producido 1.383 lanzamientos hipotecarios. Es por ello por lo que consideramos que la afirmación de Pedro Sánchez de “los desahucios están prohibidos hasta el 31 de enero del próximo año” es FALSA.
