El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha criticado que desde el Gobierno no atendieran a su propuesta de llegar a un pacto educativo y siguieran adelante con una reforma que, según su opinión, no era positiva para el alumnado. Se refería así a la conocida ‘Ley Celaá’ para asegurar que se había puesto en marcha “directamente en plena pandemia y con un decretazo”.
Así lo defendió durante su comparecencia tras la Junta Directiva Nacional del 23 de marzo: “con la ley LOMLOE, es decir la Ley Celaá, directamente en plena pandemia y con un decretazo, lo que han hecho ha sido cambiar todos los parámetros” de diversos aspectos educativos, decía Casado, como la equidad y la calidad.
Sin embargo, una ley educativa, que regula un derecho fundamental, es una norma orgánica, como indica el propio nombre completo de cada una de las leyes que ha habido en nuestro país. Es decir, que no podría sacarse adelante con un “decretazo”. Lo explicamos.
Las leyes educativas no se aprueban con “decretazos”
Un “decretazo” es, según la RAE, un decreto que implica una reforma drástica y repentina en aspectos de gran repercusión social, económica y política.
Cuando los líderes y crónicas políticas (ABC, El Confidencial) utilizan el calificativo de “decretazo” suelen referirse, en concreto, a un Real Decreto Ley. Una norma que el gobierno puede dictar sólo “en caso de extraordinaria y urgente necesidad”. Así aparece en el artículo 86 de la Constitución.
Sin embargo, es habitual que estos “decretazos” sean motivo de ataque político durante las diferentes legislaturas, por usarlo de manera más o menos habitual para aprobar diferentes asuntos, aunque después tienen que pasar por el Congreso en un plazo de 30 días para ser o no convalidados. En este artículo está contabilizado hasta qué punto han usado este recurso los diferentes gobiernos de la democracia.
Por ejemplo, durante la pandemia, en septiembre de 2020, el gobierno sí utilizó un Real Decreto Ley para adoptar medidas urgentes en el ámbito de la educación no universitaria. En este caso, se pudo regular un tema educativo con un Decreto Ley porque prevalecía la situación excepcional del Estado de Alarma y porque no cambiaba el contenido educativo esencial. Así nos lo explica Mar Aguilera, profesora de derecho constitucional de la Universidad de Barcelona.
Algo que confirma también la experta Laura Flores, profesora de derecho constitucional de la Universidad de Sevilla, “no se podría acometer una reforma general del sistema educativo a través de un decreto-ley, pero sí podrían regularse algunos aspectos relacionados con el sistema educativo a través de esta figura, como ha sucedido con el RD 31/2020” de medidas urgentes.
Los decretos los aprueba el gobierno, las leyes orgánicas, los parlamentos
La reforma de la educación no entra en lo que se puede regular por un Decreto Ley. La educación es un derecho fundamental, tal y como se garantiza en la Constitución Española en el primero de sus títulos, y eso hace que se regule de una forma determinada para todo el estado, y esa forma no es un decreto, es una norma con rango de ley orgánica.
La diferencia es importante porque implica quién tiene la capacidad de aprobarlo y qué cantidad de apoyos necesita para que salga adelante.
Los decretos (Decreto Ley, Decreto Legislativo) los aprueba el gobierno, como queda regulado en el capítulo de la elaboración de las leyes de la Constitución. Y las leyes orgánicas, para ser aprobadas, tienen que conseguir los apoyos de la mayoría absoluta en el Congreso, es decir, 176 de los 350 diputados de la Cámara Baja. Estas normas, son las que regulan y blindan derechos fundamentales (como la educación) y libertades públicas.
Tal y como explica la experta Mar Aguilera, todos los elementos esenciales de la educación tienen que ser recogidos a través de una ley orgánica. Además de eso, se pueden regular otros aspectos secundarios a través de leyes ordinarias y otros reglamentos al tener las comunidades autónomas las competencias en esta materia. Pero nunca podría sacarse una reforma educativa a través de un decreto ley.
Todas las reformas educativas necesitan el apoyo de la mayoría absoluta del Congreso
Todas las reformas educativas que se han aprobado en España lo han hecho con la mayoría absoluta que requieren como leyes orgánicas.
En los últimos 40 años se han aprobado en España ocho leyes de Educación no universitaria, una bajo la presidencia de UCD (1980), dos con el PP en el Gobierno (2002 y 2013) y cinco con el PSOE (1985, 1990, 1995, 2006 y 2020).
Esta última es a la que se refiere Pablo Casado, la LOMLOE o ‘Ley Celaá’, y que logró esa mayoría absoluta en el Congreso (177 votos) en noviembre de 2020 y que fue aprobada de forma definitiva tras pasar el trámite del Senado en diciembre de ese año. El propio nombre de la ley ya indica que es una ley orgánica, LOMLOE (Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica de Educación).
Hemos consultado con el Partido Popular para conocer en qué basa Casado su afirmación, pero no hemos obtenido respuesta.
La declaración de Pablo Casado es FALSA porque la LOMLOE no fue un “decretazo”, sino una ley orgánica que se aprobó porque consiguió la mayoría absoluta necesaria para ello.
