Uno de los argumentos económicos que suele utilizar el candidato de Ciudadanos a la Generalitat, Carlos Carrizosa, tiene que ver con las empresas que se han ido de Catalunya desde el otoño de 2017: 7.007.
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Este es el dato que da, efectivamente, el Colegio de Registradores y que incluye solo las empresas que han movido su sede social de Catalunya a otra comunidad autónoma. Citó este dato, por ejemplo, en un discurso en Foment del Treball (en el minuto 6:24), en el debate de La Vanguardia (en el minuto 38:18), en el acto de inicio de campaña (en el minuto 32:08) y en una entrevista en La Xarxa TV (en el minuto 28:15).
La cifra que da Carrizosa es engañosa porque además de las 7.007 que se han ido, 2.509 empresas se han movido a Catalunya desde otros territorios de España, el cambio de sede no siempre se ha acabado produciendo a nivel efectivo y los datos del Directorio Central de Empresas muestran una tendencia creciente del tejido empresarial en Cataluña desde el 2014.
Carrizosa cita los datos del Colegio de Registradores de España, que trimestralmente publica las cifras de los cambios de sede social de las empresas entre las comunidades de España. Hemos procesado los números de los últimos tres años y, en efecto, desde el último trimestre del 2017 ha habido 7.007 empresas que han movido su sede social de Catalunya a otra comunidad autónoma (2.536 lo hicieron entre octubre y diciembre de 2017). Esta estadística solo contabiliza los movimientos dentro de España.
2.509 llegadas y un saldo negativo en los últimos tres años
Más allá de las 7.007 empresas que han cambiado la sede social fuera de Cataluña, hay otras ideas clave a tener en cuenta. Desde el otoño de 2017, han llegado a Catalunya 2.509 empresas procedentes de otras comunidades; por lo tanto, el saldo es de -4.498. Igualmente, Catalunya es una de las cinco comunidades con un saldo negativo y está muy lejos de los otros territorios: Castilla y León (-319), País Vasco (-42), Murcia (-22) y Asturias (-13). De las empresas que han cambiado su sede social fuera de Catalunya, 3.632 la han inscrito en Madrid, 828 en la Comunidad Valenciana y 580 en Andalucía.
Desde el cuarto trimestre de 2018, se han ido más empresas de Madrid que de Cataluña, pero las empresas que han llegado a Madrid han más que duplicado las que han llegado a Catalunya.
El saldo de cambios de sede social de empresas en Catalunya ha sido negativo desde el 2017 y en ningún trimestre Cataluña ha recibido más empresas de las que se han marchado. En Madrid, en cambio, siempre ha sido positivo excepto en dos trimestres.
Más de 35.000 constituciones en tres años
El mismo Colegio de Registradores publica otros datos sobre las sociedades en España, como el número de constituciones, extinciones, fusiones o ampliaciones de capital. Las constituciones y extinciones nos dan una idea del número de empresas que se crean y se extinguen cada comunidad. En el caso de Catalunya, entre 2018 y 2020, se han constituido 37.557 empresas y se han disuelto 13.254; por lo tanto, se han creado más de las que han desaparecido. A nivel temporal, tanto Catalunya como Madrid presentan una evolución similar desde 2001, con una tendencia ligeramente más favorable para Madrid.
675 empresas más en la Seguridad Social
Otro indicador que podemos usar para comparar el número de empresas en Cataluña es la estadística de empresas inscritas en la Seguridad Social, que se publica mensualmente. Entre septiembre de 2017 y septiembre de 2019, el número de empresas inscritas en Cataluña pasó de 231.963 a 232.638: 675 empresas más. El aumento en Cataluña fue inferior a las otras comunidades punteras, pero Cataluña sigue siendo el segundo territorio con más empresas, con 10.000 menos que Andalucía y 45.000 más que Madrid. El año 2020 se cerró en Cataluña con 223.867 empresas inscritas, un descenso que se tiene que enmarcar en los efectos económicos de la pandemia y que se produjo en todas las comunidades.
Directorio Central de Empresas: 20.895 empresas más que en 2017
Más allá de los datos del Colegio de Registradores, hay otra estadística que recoge las empresas que hay en cada comunidad autónoma: el Directorio Central de Empresas (DIRCE) que el Instituto Nacional de Estadística publica anualmente. Nos permite considerar el saldo neto de empresas y es un buen indicador a la hora de saber cuál es el aumento empresarial de un territorio. En este caso, las cifras son radicalmente diferentes y muestran que el número de empresas que hay en Catalunya ha aumentado de manera constante desde 2014 y que en seis años la comunidad autónoma ha recibido 53.311 empresas más.
Sobre las diferencias entre estos datos y los del Colegio de Registradores, el INE nos ha respondido que “no son sucesos comparables”, ya que hay múltiples factores que pueden explicar la evolución del dato del DIRCE más allá de los movimientos entre comunidades, como las creaciones, disoluciones o reactivaciones de empresas o las deslocalizaciones en el extranjero.El Idescat, el Institut d’Estadística de Catalunya, también recoge los datos del DIRCE, pero va un poco más allá y añade una nueva serie estadística: las empresas con establecimientos en Catalunya, que incluye las empresas que tienen actividad económica en la comunidad autónoma, aunque la sede social esté en otra parte de España. En este caso, en 2019 hubo una leve caída tras cinco años de aumento continuado, pero había más que en 2017.
¿Qué implica un cambio de sede social?
José Miguel Tabarés, portavoz y vicedecano del Colegio de Registradores, explica a Verificat que el cambio de sede social suele implicar el traslado del personal perteneciente a los niveles de dirección o del personal auxiliar que se considere necesario, “aunque no implica que los empleados que se trasladen sean numerosos, ni siquiera mayoritarios, dado que no implica la necesidad de trasladar centros de producción ni otros tipos de locales o sus sedes productivas”. Tabarés añade que se trata de “un trámite legal que, en función de si se trasladan centros productivos o no, puede tener implicaciones muy variables”.
Sin embargo, Oriol Llebot, catedrático de Derecho Mercantil de la Universitat de Girona, argumenta a Verificat que, en este caso, lo que se produjo en 2017 fue una “fijación del domicilio estatutario, un cambio meramente nominal”, ya que en muchos casos el centro de dirección y administración (el edificio) continuó estando en Cataluña. Llebot relata que el Registro del Mercantil (el lugar donde una empresa notifica su cambio de sede social) no comprueba si el lugar donde una empresa mueve la sede social es donde tiene el efectivo centro de administración, ya que la función de los registradores no es controlarlo, sino asegurarse que el acuerdo se haya tomado según la ley.
Lo cierto es que el artículo 9 de la Ley de Sociedades de Capital establece que las empresas deben tener su domicilio social donde esté “el centro de su efectiva administración y dirección” o donde “radique su principal establecimiento o explotación”, pero son los socios los que “tienen que mirar si las decisiones son correctas”, argumenta Llebot, y pueden impugnar los acuerdos si lo consideran oportuno.
Tienen un mes como máximo y, como en la mayoría de los casos no saldrían beneficiados, nadie recurre el acuerdo de la junta aunque el núcleo de la empresa no se haya desplazado. En el caso catalán, Llebot sostiene que “la mayoría de las 7.007 [empresas que se han marchado] son pequeñas y medianas y no pueden soportar el coste de ir a celebrar reuniones donde han fijado [el domicilio social]”.
En la misma línea, Joaquim Castañer, profesor de Derecho Mercantil de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), asegura a Verificat que el último trimestre del 2017 “no hubo un traslado de trabajadores, ni de actividad, ni de activos”. Castañer explica que para las empresas que tenían otros centros de trabajo “fue tan fácil como cambiar la sede social de un lugar a otro, por ejemplo, en la sucursal, sin que fuera necesario trasladar trabajadores o activos”, y si alguna empresa no tenía, había que buscar un local, pero podía hacer el traslado de sede social sin tener que llevarse toda la actividad.
Oriol Llebot también recuerda que el Real Decreto-ley 15/2017, aprobado en octubre de 2017, facilitó el traslado de la sede social de las empresas dentro del territorio del Estado y establecía que un acuerdo del órgano de administración era suficiente para cambiar el domicilio social. En octubre de 2017 fueron, por ejemplo, empresas como CaixaBank, el Banc Sabadell, el Grupo Indukern o Ciments Molins (que rechazó volver la sede en Cataluña en junio del 2019). Sin embargo, como comprobó el diario Ara en octubre de 2019, la mayoría de las veinte grandes empresas que sacaron la sede de Cataluña no trasladaron la dirección y la administración ni tienen fuera su principal actividad, sino que “muchas de las compañías se limitaron a inscribir el domicilio social en la capital española o de otras ciudades sin hacer ningún traslado de directivos”.
Resumen
A la vista de los datos, la afirmación de Carrizosa sobre la huida de empresas la consideramos engañosa, ya que aunque tiene elementos ciertos, ignora otros muy importantes a tener en cuenta para evaluar esa «huida» de la que habla el candidato de Ciudadanos. Por un lado, el número de empresas que se han registrado en Cataluña en ese mismo periodo de tiempo y, por otro, lo que implican el resto de cifras que miden la situación del tejido empresarial en la comunidad autónoma.
Este artículo es fruto de la colaboración entre los equipos de Verificat y Newtral de cara a las elecciones catalanas del 14F.
