Expediente Royuela, la conspiración ideada desde la ultraderecha abrazada ahora por negacionistas

Recortes del diario La Vanguardia entre los años 80 y 90 | Foto: Montaje sobre hemeroteca de La Vanguardia (cedido)
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(*) Actualización 10/05/2022

El Expediente Royuela es, según los promotores de esta teoría de la conspiración, un dosier de manuscritos que probarían la existencia de más de mil crímenes encargados por una supuesta trama de políticos, jueces y fiscales corruptos. Sin más prueba que unos papeles garabateados e impresos, señala a personas como la ministra de Defensa, Margarita Robles, el exfiscal José María Mena o el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, entre otros.

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El principal impulsor de esta teoría es Alberto Royuela, un reconocido franquista condenado por denuncias falsas que a finales de los setenta lideró la autodenominada Hermandad Nacional de la Guardia de Franco. Fue detenido en varias ocasiones por su relación con grupos violentos de la extrema derecha y sus supuestos vínculos con atentados como el perpetrado contra la revista El Papus en 1977, por el que fue arrestado pese a que nunca se probó su participación.

Recorte del diario La Vanguardia del 26 de mayo de 1981 | Foto: Hemeroteca de La Vanguardia

Ya en 2019, Alberto Royuela y su hijo Santiago, condenado por ataques violentos vinculados a grupos de ultraderecha, crearon un canal de Youtube desde el que difunden el Expediente Royuela, una conspiración que ahora ha encontrado seguimiento entre grupos negacionistas gracias a la difusión prestada por canales antivacunas con decenas de miles de seguidores.

Las acusaciones sin pruebas de los Royuela: asesinatos, narcotráfico y paraísos fiscales

La conspiración en torno a la supuesta trama de asesinatos urdida por políticos, jueces y fiscales a la que hace referencia el Expediente Royuela nació en 1993 a raíz de la muerte de uno de los hijos de Alberto Royuela, Javier Royuela Samit.

Según la versión de los Royuela, la sobredosis que acabó con su vida habría sido provocada por un guardia civil que, más tarde, habría sido encubierto por los exfiscales José María Mena y Carlos Jiménez Villarejo, que fue eurodiputado por Podemos. Estos son los dos personajes en torno a los que gira buena parte de la conspiración, que incluye miles de supuestos asesinatos por encargo, tráfico de drogas y cantidades millonarias de dinero en paraísos fiscales.

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Toda la documentación que, según la conspiración, probaría esta teoría habría sido “robada” de un despacho del exfiscal Mena en una clínica abortista, como cuentan Alberto y Santiago Royuela. El resto de documentos para respaldar acusaciones contra otros personajes los achacan a filtraciones de los “sombreros blancos”, unos supuestos hackers que les pasarían información.

Por ejemplo, en una de las supuestas filtraciones de los Royuela se dice que “Margarita Robles se ha lucrado con el tráfico de drogas gracias a un acuerdo a nivel mundial” de narcotraficantes para “financiar un lobby internacional al servicio del sionismo”.

Como explica a Newtral.es la analista de inteligencia Laura Méndez, experta en extrema derecha, “las teorías de la conspiración se han asociado frecuentemente a exhibiciones esporádicas de locura, a fenómenos extremistas pero residuales, a un fanatismo que muchos automáticamente asumen que es inofensivo. Sin embargo, pueden convertirse en un verdadero problema social desde que alcanzan cierta cuota de respetabilidad, desde que abandonan la marginalidad”.

En octubre de 2021 comenzaron a circular multitud de publicaciones en redes sociales que aseguraban que la ministra Robles estaba siendo investigada por la Fiscalía anticorrupción por tener cuentas en paraísos fiscales. La denuncia la presentó Acodap, una asociación de un juez expulsado de la carrera judicial llamado Fernando Presencia. La denuncia fue archivada meses después por carecer de indicios mínimos.

Más adelante, a principios de abril de 2022, los Royuela y Acodap difundieron que Zapatero y la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, habían sido “imputados por la Audiencia Nacional” por cometer unos presuntos delitos de fraude fiscal, evasión y blanqueo de capitales. También resultó ser falso y la propia Audiencia Nacional indicó una posible fabricación de pruebas, ya que Acodap tan sólo presentó un manuscrito y unos supuestos extractos bancarios.

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[Qué es Acodap, la asociación de un exjuez expulsado por prevaricación que lanza bulos contra políticos y magistrados]

Esos documentos, como reconocieron más tarde los Royuela, partían de su expediente. “Todo lo que ha denunciado [el exjuez] Presencia valientemente se lo ha proporcionado Alberto Royuela, mi padre”, explica Santiago en uno de sus vídeos.

Royuela ya fue condenado por denuncias falsas

Acodap actúa ahora de forma similar a como lo hizo en el pasado el propio Alberto Royuela, que fue condenado en el año 2003 por un delito continuado de acusación y denuncia falsa contra jueces y fiscales de Barcelona a los que acusaba de evasión de capitales.

Los Royuela también intervinieron en otras denuncias como la interpuesta en 2004 contra Josep Lluís Carod-Rovira (ERC). Entonces, Alberto Royuela presentó documentación que presuntamente implicaba al exlíder catalanista con supuestas cuentas en Suiza vinculadas a Batasuna.

El juez de la Audiencia Nacional que llevó el caso fue el hoy ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, que pidió a Suiza que investigara los papeles aportados por Royuela. Finalmente, la justicia suiza confirmó que los supuestos depósitos bancarios presentados por el promotor del Expediente Royuela y que implicaban a Carod-Rovira eran falsos.

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¿Quiénes son Santiago y Alberto Royuela, impulsores del Expediente Royuela?

Alberto Royuela, además de haber militado en grupos de la ultraderecha catalana y las sospechas sobre su participación en el asalto al Banco Central, pertenecía en los años setenta y ochenta a un clan de subasteros que, como relata a Newtral.es el periodista Xavier Rius Sant, que ha investigado a organizaciones de la extrema derecha catalana, “acaparaban en Barcelona y su entorno las subastas judiciales de bienes embargados”.

Antes de acudir a la subasta judicial, que es pública, “estos grupos o personas decidían a cuál acudir, quién se quedaba con aquello que valía la pena y a qué precio; es decir, la subasta era una farsa. Si alguien fuera de estos grupos acudía y pujaba por algo que les interesaba, los subasteros subían las pujas hasta hacerle desistir. Si ese alguien conseguía algo subastado en contra de la voluntad de los subasteros, podía acabar arrepintiéndose”, explica Rius, autor de Els ultres son aquí (Pòrtic).

Recorte del diario La Vanguardia del 13 de febrero de 1988 | Foto: Hemeroteca de La Vanguardia

El principal autor del canal de Youtube sobre el Expediente Royuela es Santiago Royuela Samit, hijo de Alberto, quien ha cumplido varias condenas de prisión por participar en acciones violentas de la extrema derecha, incluido un atentado fallido en un concierto del cantante vasco Fermín Muguruza en 2001.

En el año 2008 ordenó un “ataque contra la vida” de una persona que participaba en una subasta judicial, según los hechos probados en una sentencia de la Audiencia de Barcelona ratificada por el Tribunal Supremo en el marco del caso ‘Casuals’, un grupo de extrema derecha relacionado con los Boixos Nois.

Según explica el escritor y periodista Xavier Rius, Santiago Royuela ha militado en grupos ultraderechistas como Milicia Catalana-Moviment Patriòtic Català y ha estado vinculado a grupos de skin heads o cabezas rapadas. De hecho, como relató La Vanguardia, el hijo del autor del Expediente Royuela también fue detenido por instigar incidentes racistas en Ca n’Anglada (Terrassa) en octubre de 1999.

“El pensamiento conspirativo se encuentra estrechamente ligado a la extrema derecha en todo el mundo. Aquellos que interactúan de forma habitual en ambientes conspiranoicos comparten este esquema mental, independientemente del contexto en que esto se desarrolle o el contenido de la teoría: la sospecha permanente, la obsesión en torno a un complot de carácter internacional o global; es decir, la creencia de que existen unas élites que manejan los hilos del mundo”, explica por su parte la analista Laura Méndez.

El Expediente Royuela, amplificado por negacionistas antivacunas

A día de hoy, la mayor parte de las acusaciones de los Royuela se vierten en Youtube y son replicadas en decenas de canales negacionistas con miles de seguidores. “La mayor parte de la ultraderecha ya lo ha ignorado [a Royuela] dado que creen que el expediente se pasa con la magnitud y cifra de crímenes que denuncia” y “ha conseguido más apoyos de los sectores conspiranoicos y negacionistas que surgieron con la pandemia”, considera Rius.

El pasado 7 de mayo, los Royuela organizaron una manifestación en Madrid a la que acudieron cientos de personas. La convocatoria se hizo, principalmente, desde canales de Telegram negacionistas y cuentas antivacunas, lo que explica que la gran mayoría de los asistentes luciera eslóganes en sus pancartas no ya contra los supuestos “crímenes de Estado” que denuncia Royuela, sino contra el grafeno en las vacunas ─un bulo extendido entre negacionistas─, la “plandemia”, la Agenda 2030 o el 5G.

Para la analista Laura Méndez, “las muestras explícitas de conspiranoia, las más disparatadas, no suelen tener suficiente capacidad para construir mayorías. Por tanto, el pensamiento conspirativo se manifiesta también como una guerra soterrada, aunque revestido de sentido común, contra las conquistas sociales más recientes y contra algunos consensos entre conservadores y progresistas”, lo que ha dado lugar, a su juicio, a negacionismos como el climático o el que niega la violencia de género.

En un escrito de rectificación publicado por eldiario.es, Santiago Royuela Samit defiende que las notas manuscritas que el Expediente Royuela atribuye al exfiscal José María Mena probando, a su juicio, los supuestos crímenes han sido «peritadas» en Austria, Francia y España. También señala en relación al «artefacto explosivo» colocado en el concierto de Fermín Muguruza en el año 2001 que era «un mero petardo de humo, como así lo reflejaba el informe pericial».

Fuentes