Un juez de Tarragona investiga al exministro de Hacienda del Partido Popular Cristóbal Montoro (2000-2004 y 2011-2018) y a diferentes miembros de su equipo por presuntamente crear una “red de influencias” que impulsó modificaciones legislativas para favorecer a empresas gasistas y lucrarse de ello durante su segunda etapa en el Gobierno, durante el mandato de Mariano Rajoy.
- Además del exministro, el magistrado también investiga a otras 27 personas y a seis empresas por la presunta comisión de los delitos de cohecho, fraude contra la administración pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental.
Cristóbal Montoro. Nació en Jaén en 1950 y es doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid.
Comenzó su trayectoria política en la década de 1990 y, entre otros cargos, ha sido diputado en el Congreso en ocho legislaturas, correspondientes a los periodos entre 1993 y 2019, secretario de Estado de Economía (1996-2000) y miembro del Parlamento Europeo entre 2004 y 2008.
Sin embargo, su papel más destacado a nivel político fue como ministro de Hacienda durante los gobiernos populares de José María Aznar (2000-2004) y Mariano Rajoy (2011-2018).
- En sus etapas al frente de Hacienda, promovió medidas como la Ley de Estabilidad Presupuestaria, así como del sistema de financiación mediante el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA).
- También impulsó la amnistía fiscal de 2012, anulada parcialmente por el Tribunal Constitucional en 2017, al considerar que vulneraba el principio de generalidad tributaria. También se aludió a que el uso del decreto-ley para aprobarla incumplía el artículo 86 de la Constitución que prohíbe el uso de esta figura legislativa para sacar adelante medidas que afecten “de forma relevante o sustancial” a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos.
- Dejó el cargo tras la moción de censura a Rajoy que dio la presidencia del Gobierno a Pedro Sánchez en 2018.
La investigación. En un auto de este miércoles al que ha tenido acceso Newtral.es, el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona levanta el secreto de sumario de la causa, abierta en agosto de 2018. Esta se centra en el despacho de abogados Equipo Económico creado por Montoro y al que presuntamente habría beneficiado de forma ilegal mientras estaba al frente de Hacienda, según se investiga.
El juez apunta a que hasta en dos ocasiones, empresas gasistas contrataron a EE para que usase su “red de influencias” para llevar a cabo reformas legislativas que les beneficiasen.
Según el auto, las diligencias realizadas en este tiempo han puesto de manifiesto “la existencia de una organización vinculada a EE, en la que muchos de los intervinientes habrían desempeñado altos cargos en el Gobierno y la Administración Central, desde donde habrían ido creando una red de influencias” para beneficiarse económicamente.
“A cambio de importantes pagos, y con presunto abuso del ejercicio de la función pública”, los investigados habrían intervenido “de forma decisiva” en reformas legislativas, con el fin de que éstas se desarrollasen “conforme a los intereses de sus clientes, quienes con anterioridad y a pesar de haberlo intentado”, no habían podido obtener las reformas pretendidas, de manera que para conseguirlas debían acudir a la mencionada organización.
- Las empresas presuntamente beneficiadas de estas modificaciones legislativas estaban englobadas en la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AFGIM). Estas son Air Liquide, Abello, Messer, Praxair y Carburos Metálicos.
El papel de Montoro. Según el juez que instruye la investigación, Montoro fue “socio, fundador, presidente y consejero” de EE hasta abril de 2008 y “ocupó el cargo de ministro de Hacienda en los años en los que se tramitaron las normas de referencia, ejerciendo las más altas funciones y competencias decisivas en dicha tramitación”.
- “El uso de tales potestades habría permitido a EE poder ofrecer a sociedades de distintos sectores reformas que beneficiasen sus intereses económicos, en menoscabo del sector público”, apunta el juez.
- Además, se constata que Montero nombró entre sus altos cargos “a personas estrechamente vinculadas al despacho de EE, lo que aseguraría que la elaboración y tramitación de los textos de los anteproyectos de Ley y proyecto de Reglamentos se redactasen a demanda de las mercantiles investigadas, tras aceptar aquellas pagar por ello”.
La posición de EE. La empresa fundada por Montoro ha emitido este jueves un comunicado en el que niega “de forma tajante y rotunda” haber pertenecido a ninguna organización o trama encaminada a obtener modificaciones legislativas favorables a las empresas mencionadas.
- Además, asegura que el exministro de Hacienda dejó la empresa “a comienzos de 2008 y desde entonces ha permanecido completamente desvinculado de la firma”.
- Auto del juez del Juzgado de Instrucción nº 2 de Tarragona
- Portal de Transparencia de la Administración General del Estado
- Congreso de los Diputados
- Ministerio de Hacienda
- Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, por el que se introducen diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit público
- Tribunal Constitucional
- Constitución Española
- Equipo Económico
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