Contar con un informe favorable de calidad, llegar a un mínimo de alumnos o que la mitad del profesorado tenga un título de doctorado son algunas de las medidas que ha aprobado el Consejo de Ministros para endurecer las condiciones a la hora de crear nuevas universidades.
Contexto. En la actualidad el sistema universitario español está integrado por 96 centros, 50 de ellos públicos y 46 privados. La última universidad pública se creó en 1998 y desde entonces los centros nuevos que se han impulsado han sido privados, pasando de 16 a 46 desde esta fecha, indica el último informe de la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD).
- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ya se posicionó en contra de esta medida en relación al número mínimo de alumnos con el que debería contar una universidad. Madrid es la comunidad que más universidades privadas tiene, con 13 durante el curso 2024-2025.
La ley. El real decreto aprobado por el Consejo de Ministros contempla modificar el actual decreto de 2021 sobre la creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios, según ha explicado la ministra de Ciencias, Innovación y Universidades, Diana Morant, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Calidad de los centros. Una de las modificaciones implica reforzar el papel de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) y de las agencias de calidad de comunidades autónomas para que sus informes sean vinculantes. Se contempla crear una comisión específica compuesta por profesores universitarios para que evalúen la calidad de los centros para que no se autorice la creación de universidades que cuenten con informes de calidad desfavorables.
Calidad docente. Al menos el 50% de los profesores del centro universitario deberán ser doctores y el 60% de ellos, como mínimo, tendrán que poder demostrar una experiencia acreditada de seis años o más en investigación.
Oferta académica. Como mínimo las universidades deberán ofrecer diez títulos oficiales de grado, seis de máster y tres programas oficiales de doctorado que representen tres ramas de conocimiento diferentes.
Solvencia económica. Para garantizar la estabilidad de un centro, se exigirá por ley que las universidades demuestren su solvencia económica a través de un aval.
Un mínimo de alumnos. El texto contempla que las universidades tengan la meta obligatoria de alcanzar un mínimo de 4.500 alumnos durante los seis primeros años de actividad, este es un número que podría disminuir hasta los 3.150 alumnos si las agencias de evaluación de centros lo exigen.
Residencias. Las universidades que se creen a partir de esta norma estarán obligadas a construir plazas de alojamiento para la cantidad equivalente al 10% de los estudiantes que pueda acoger.
Investigación. Para que los centros sean considerados como universidades tendrán que dedicar, como mínimo, un 5% de su presupuesto a líneas de investigación. Es decir, las universidades tendrán que contar con grupos de investigadores.
Universidades online. Las universidades nuevas que tengan más de un 80% de enseñanza online no tendrán que pasar por las Cortes Generales para su creación. Estas dependerán de los gobiernos autonómicos si reciben un 20% de financiación pública, fijan precios públicos o imparten el 50% de los contenidos en alguna lengua cooficial.
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