Diez comunidades no publican sus datos de eutanasia como exige la ley, según la Asociación Derecho a Morir Dignamente

Solo siete comunidades autónomas han publicado sus informes de 2022 sobre eutanasia frente a diez de ellas que no lo han hecho, según los datos de la Asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD). La ley de la eutanasia recoge que la Comisión de Garantía y Evaluación de cada comunidad debe elaborar y hacer público un informe anual de evaluación sore la aplicación de la ley en el territorio.

Por eso, en el segundo aniversario de aplicación de la ley, la Asociación Derecho a Morir Dignamente reclama más transparencia en torno a los datos de la eutanasia. «La baja calidad de los datos disponibles impide tener una imagen fiable de la situación y no permite distinguir con rigor las incidencias puntuales de los problemas estructurales». 

• Un dato: Entre junio de 2021 y diciembre de 2022, 370 personas recurrieron a la eutanasia en España, según los datos presentados este jueves 22 de junio por DMD.

Sin transparencia sobre la eutanasia en diez comunidades autónomas

Tras 24 meses de aplicación de la ley de la eutanasia, la información que ofrecen las administraciones “es escasa, heterogénea y, a menudo, hueca”, aseguran los expertos. Además de los informes autonómicos, el Ministerio de Sanidad publica anualmente uno propio con los datos que recaba, pero por ahora solo están disponibles los de 2021. 

Cataluña, Aragón, La Rioja, País Vasco, Comunidad Valenciana y Cantabria, son las comunidades autónomas que han publicado sus respectivos informes con datos de aplicación de la eutanasia en el territorio. Asturias también lo ha hecho, pero con información hasta junio de 2022.

Por otro lado, según DMD, pese a que sí le han transmitido estos datos al Ministerio de Sanidad, la mayoría de comunidades no han hecho públicos los datos de 2022. Estas son Andalucía, Canarias, Baleares, Murcia, Castilla-La Mancha, Madrid, Galicia, Extremadura, Castilla y León y Navarra.

Pocos datos, sin detalles y con errores

Como recogen en el informe de DMD,  lo “más grave” es que “la mayoría de informes no consiguen describir la realidad de la eutanasia en sus comunidades autónomas”. De manera que “omiten datos relevantes y, en consecuencia, dejan sin formular y responder preguntas claves”. 

“Los datos son pocos y malos”, en declaraciones de Fernando Sanz, médico, activista y miembro de la Asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD). Por ello, apunta que no pueden señalar en qué comunidades “funciona mejor o peor el acceso a esta prestación, porque no permiten analizar la situación más que de una manera superficial, ni diferenciar entre incidencias puntuales de las estructurales”. 

Ponen el ejemplo de las personas que fallecen durante el procedimiento de solicitud de la eutanasia: 32 en 2021, según el último informe disponible del Ministerio de Sanidad, con datos de las comunidades autónomas. Sería imprescindible saber de qué se mueren para corregir los fallos en el proceso, añaden desde DMD, o por qué hay casos en los que la duración promedio de prestación de la ayuda a morir supera los 50 días .

Asimismo se preguntan qué ocurre con las solicitudes que no llegaron a las Comisiones de Garantía y Evaluación, que en 2021 fueron 28, y las que se deniegan, 25 ese año.  De conocer estos detalles, se podría conocer en qué punto se estancaron, qué medico -responsable, consultor o los miembros de las comisiones- negó la solicitud, así como cuales fueron los motivos para interrumpir la tramitación de su eutanasia 

Concluyen desde la asociación que se trata de una cuestión que merece más atención, y que dársela puede ayudar a identificar escollos y a mejorar los procedimientos.