La Fiscalía general del Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha presentado una demanda contra la nueva ley aprobada en el estado de Idaho que prohíbe el aborto en casi todos los supuestos, incluido en el caso de que el embarazo suponga un riesgo para la salud de la gestante. En concreto, argumenta que Idaho viola la ley federal y que, por tanto, no es legal.
Este requerimiento es la primera acción legal de la administración Biden para proteger el acceso a la interrupción del embarazo desde que la Corte Suprema anuló la sentencia Roe vs. Wade a finales de junio, que protegía este derecho a nivel nacional.
En concreto, la llamada ‘prohibición de Idaho’ viola la ley federal de Trabajo y Tratamiento Médico de Emergencia (EMTALA). Esta legislación exige a todos los hospitales y centros de Estados Unidos que reciben fondos de Medicare, la agencia federal de salud, a que ofrezcan tratamiento médico de emergencia. La demanda, de 17 páginas, recoge que hay que proporcionar “el tratamiento estabilizador necesario a los pacientes que lleguen a los departamentos durante una emergencia médica”; incluso cuando dicho tratamiento es un aborto.
La ley estatal de Idaho, que entra en vigor el 25 de agosto, convertirá en un delito grave la realización de un aborto en casi todas las circunstancias. Solo se consideran como excepciones situaciones como el incesto o la violación, pero siempre después de haberlo demostrado con una instrucción policial. Esto, según Tarah Demant, directora del programa de Género, Orientación Sexual e Identidad de Amnistía Internacional Estados Unidos, “es una prohibición total, ya que estos casos tardan meses o años en cerrarse”.
La ley de Idaho establece que «realizar un aborto» será «un delito grave con penas de dos a cinco años de prisión»
Idaho, al igual que muchos estados gobernados por el Partido Republicano, tiene varias leyes contrarias al aborto en su legislación. Todas ellas habían sido suprimidas de facto con la sentencia Roe vs. Wade en 1973, que reconocía el derecho al aborto a nivel federal. Con la supresión de este caso por la Corte Suprema, los estados tienen autonomía para legislar independientemente y para regular la ley de interrupción del embarazo.
“Esta ley anti-aborto es de las más extremas que se han propuesto en todo el país por el momento”, destaca Allison Carney, consultora de la organización Legal Voice por los derechos de mujeres y LGTBIQ+ de Idaho. En concreto, fija que “el aborto es contrario a la Sección 1, Artículo I, de la 17ª Constitución de Idaho, que establece el derecho inalienable a la vida y a garantizar la seguridad de todas las personas”. Bajo esta premisa, penaliza todos los abortos y considera a cualquiera que realice o intente realizar un aborto como cómplice de un delito grave punible con entre dos y cinco años de prisión.
El texto de la norma recoge que el único supuesto que libraría de acusación penal a alguien procesado por realizar un aborto es que se haga “para salvar la vida de una persona embarazada” o que se practique “después de que esta informara que había sido víctima de violación o incesto y que hubiese entregado una copia de ese informe a los servicios sanitarios”.
Según explica Demant, “estas excepciones están hechas para que no funcionen”. En la misma línea que el Departamento de Justicia en el texto de la demanda, apunta a que la primera excepción solo se dará cuando el médico ya esté arrestado. “Solo en los tribunales, en un juicio, el personal sanitario podrá defenderse y probar que fue para salvar la vida de la paciente”, añade Carney.
La segunda excepción, por violación e incesto, no sirve, según ambas expertas. Para Demant, “estos casos suelen tardar años en resolverse y en que haya una sentencia firme”, por tanto, “el embarazo no deseado seguirá su curso”. Además, la ley de registro público no permite que las agencias policiales publiquen información cuando un caso está bajo investigación. “Sin mencionar que es muy complicado declarar culpable a un agresor en Estados Unidos y las mujeres no suelen denunciar”, añade la experta.
La razón de la demanda es que vulnera la Ley federal de Trabajo y Tratamiento Médico de Emergencia
En la demanda, el Departamento de Justicia de Estados Unidos desafía la ley restrictiva contra el aborto de Idaho argumentando que entra en conflicto con la ley federal de Trabajo y Tratamiento Médico de Emergencia (EMTALA). Esta legislación requiere que los médicos brinden a los pacientes −también a las mujeres embarazadas− el tratamiento médicamente necesario para asegurar su salud. Esto, explica Carney, también incluye la interrupción del embarazo.
Los fiscales federales creen que la ley de Idaho obligaría a los médicos a violar la EMTALA, ya que si se tuviese que realizar un aborto para asegurar la salud de la persona embarazada y no lo hiciesen, estarían incumpliendo la legislación de Estados Unidos. Por tanto, la ley antiaborto convierte en delito penal que los médicos proporcionen el tratamiento médico de emergencia que requiere la ley federal.
Al ser la EMTALA una ley que afecta a toda la federación, su legislación prevalece sobre las leyes estatales, como la de Idaho. Si el fiscal general gana la demanda, “esto invalidaría la ley a través de un juicio declaratorio que establecería que la ley de Idaho viola la Cláusula de Supremacía de la Constitución, y que se adelanta y entra en conflicto con la ley federal”, argumenta Demant.
Mientras tanto, el Departamento de Justicia también ha solicitado una orden judicial preliminar y permanente contra el estado nororiental, de manera que si se aprueba, detendrá la aplicación hasta que se resuelva la demanda.
La demanda establece un precedente en EEUU contra los proyectos de ley estatales que limiten el aborto
El anuncio de esta demanda es una acción importante del Departamento de Justicia estadounidense para asegurar los derechos reproductivos. Además, es la primera vez que desafía una ley estatal de regulación del aborto desde que la Corte Suprema anuló Roe vs. Wade en junio. “Sienta un precedente para los estados conservadores como Oklahoma o Texas, que también han estado proponiendo leyes restrictivas contra el aborto” cuenta Carney.
Además, según Demant, si esta demanda gana, “Estados Unidos habrá dejado claro que las leyes estatales contra el aborto son ilegales”, por tanto, es posible que los conservadores lleven todo el litigio hasta la Corte Suprema. “Esto es un reto, porque la justicia en esta instancia es muy conservadora”, cuenta la experta.
La demanda presentada esta semana es importante porque determinará el futuro del derecho al aborto en toda la federación. Estados Unidos funciona con common law, o ley común, que consiste en que el sistema legal se construye a base de decisiones adoptadas por los tribunales, que sirven de base para futuras decisiones; es decir, con la jurisprudencia.
- Ley federal de Trabajo y Tratamiento Médico de Emergencia (EMTALA). Departamento de Salud y Servicios de los Estados Unidos.
- Demanda Caso N.1:22-cv-329 de la Fiscalía General. Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
- Propuesta de Ley N.460 por la restricción al aborto. Casa de Representantes del Estado de Idaho.
- Ley de Registro Público y Datos, sección 74-102. Estatutos del Estado de Idaho.
- Tarah Demant, directora del programa de Género, Orientación Sexual e Identidad de Amnistía Internacional EEUU.
- Allison Carney, consultora de la organización Legal Voice por los derechos de mujeres y LGTBIQ+ de Idaho.
Explica Demant: “estas excepciones están hechas para que no funcionen”. Y empieza con las patrañas: 1. la excepción para salvar la vida de la madre no servirá porque eso se hará solo cuando el médico esté arrestado (algo que se saca de la manga, porque no tienen por qué arrestarle si lo hace una vez justificada la intervención que matará al bebé). 2. La violación o el incesto suelen tardar años en resolverse y en que haya una sentencia firme. Esta señora tiene la cara como el cemento. La violación es uno de los supuestos tradicionalmente despenalizados. ¿Ahora trata de hacernos creer que van a detener al médico que le practique el aborto a la mujer violada hasta que haya un juicio?
Desde la buena fe, solicitaría a este medio que recabase al menos declaraciones de fuentes más plurales que una empleada de Amnistía Internacional. Gracias.