El Estado ha ingresado 52 millones de euros de más de 400 herencias de fallecidos sin herederos en ocho años

A menos de un minuto a pie de la estación de Atocha hay un piso ‘fantasma’ en la calle Canarias que lleva casi una década sin uso. Los vecinos, indagando, descubrieron que este inmueble pertenecía a María Juana Cortés del Río, fallecida el 28 de marzo de 2012 en Madrid. Notificaron este hecho a la Administración General, y esta detectó que Cortés no solo tenía este piso a su nombre, sino que también poseía cuatro inmuebles más en Madrid. La fallecida también tenía una caja de seguridad en Unicaja. Una cuenta de ahorro en BBVA con 4.000 euros y 36.000 en rentas del alquiler, pendientes de ser cobradas. Cortés falleció sin testamento ni herederos y toda su herencia pasó a ser propiedad del Estado. La administración finalmente subastó todo esto e ingresó el dinero.

Desde 2015 hasta 2022, el Estado ha absorbido 414 herencias de personas fallecidas sin herederos y ha ingresado por ellos 52.430.789,17 euros en las arcas públicas, según una respuesta que ha dado el Ministerio de Hacienda a Newtral.es tras una petición de información pública realizada vía ley de transparencia.

Sin embargo, Hacienda no ha desglosado el tipo de bien subastado, si se trata de una joya, un coche, inmuebles... ni la ubicación de estas herencias, tal y como se le solicitó. Tan sólo se sabe que estas herencias han tenido un repunte entre 2015 y 2017 y a partir de ahí se redujeron y permanecieron constantes. De mediana, el Estado ha absorbido 45 herencias sin herederos por año y ha ingresado 5.396.316 euros anualmente.

• Estas herencias reciben el nombre de abintestato o herencias intestadas. Este término viene referido a la herencia, que es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que deja una persona al fallecer. Y si esa persona fallece sin testamento (o con un testamento que resulta ineficaz o inválido), se abre entonces su sucesión intestada para determinar quiénes son sus herederos. Así lo explica a Newtral.es Marco Lamberti, director de Coutot-Roehrig en España y Portugal, una empresa especializada en la genealogía sucesoria desde 1894.

Cuentas bancarias, coches, joyas… y decenas de miles de inmuebles abandonados

En España existen decenas de miles de inmuebles abandonados, así como cuentas bancarias inmovilizadas, joyas y coches que nadie ha reclamado. Cuando no hay herederos ni testamento, este patrimonio sin dueño suele ir a parar a la Administración Pública y más en concreto a Patrimonio del Estado, tal y como figura en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas. 

La ley prevé el orden de sucesión de las personas fallecidas sin disposición de última voluntad, explica Lamberti. “En derecho común (Código Civil), serán descendientes, ascendientes y cónyuge”, explica el experto. “Y a falta de los anteriores, el resto de colaterales hasta el cuarto grado (primos hermanos o sobrinos, nietos)”, específica.

En los casos en los que estas herencias sin herederos incluyan saldos o depósitos bancarios, una vez estos se adjudican al Estado, se ingresan en el Tesoro Público. Cuando hay bienes inmuebles, estos se pueden subastar y el precio de la adjudicación se ingresa también en el Tesoro Público. Según la ley, las dos terceras partes del dinero ingresado en herencias de abintestado se destinan a los Presupuestos Generales del Estado para financiar fines sociales.

Según estos datos, la comunidad autónoma en la que más herencias sin herederos han terminado en manos del Estado fue Castilla y León, con un total de  93 por las que adquirieron  6.321.882 euros. Sin embargo, en la Comunidad de Madrid se hallaron menos (86 herencias) pero supusieron un ingreso mucho mayor de dinero, en total 17.857.799 de euros, el triple de cuantía que Castilla y León. La Comunidad de Madrid, junto al País Vasco, fueron las dos comunidades que mayor dinero por herencias de abintestato aportaron: juntas sumaron 27.697.153, la mitad de lo que ha ingresado el Estado en conjunto.

El año que más herencias de abintestato absorbió el Estado fue 2016. En total, 91 herencias por las que ingresó 11.664.052 euros. 2015 fue el segundo año, cuando 70 herencias, sin herederos, recayeron en manos del Estado, por las que ingresó 828.385 euros.

En 2017, el Estado absorbió 41 herencias sin herederos y por ellas ingresó 9.609.242. Es decir, fueron menos herencias, pero de mayor cuantía económica en comparación con otros años. Entre 2020 y 2021 (los años de la pandemia) las herencias se redujeron paulatinamente y en 2022 repuntaron muy ligeramente.

Herencias que se queda Hacienda: esto es lo que dice la ley

Esto es más frecuente de lo que parece. Precisamente, el artículo 20 bis de la ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, regula todo el proceso para que la Administración del Estado pueda ser adjudicataria de estas herencias sin herederos.

Según marca la ley, el procedimiento lo puede iniciar de oficio la propia Administración, tanto autonómica como estatal, por orden superior de otros órganos o por la denuncia de un particular. 

Al inicio del procedimiento se publica en el Boletín Oficial del Estado y en la página web del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas un anuncio donde notifica el nombre del fallecido, así como su herencia y da un plazo de un mes para que cualquier persona pueda presentar alegaciones o aportar información sobre los bienes del fallecido así como la existencia de herederos testamentarios o legítimos. 

¿Cómo busca la Administración a herederos de herencias sin testamento?

La ley no explica con mucho detalle cuáles son las labores que tiene que hacer el Estado para dar con los herederos. Marco Lamberti explica que en los asuntos que tramitan en su bufete ven que el Estado suele basarse en testificales de personas que supuestamente conocieron a los causantes de las herencias, información policial o judicial (si se siguieron diligencias, por ejemplo, a la muerte del fallecido sin testamento) y certificados que puedan solicitar a los registros civiles correspondientes.

La ley establece un plazo máximo de un año para resolver si la herencia, que no tiene herederos, debe terminar en manos del Estado o no. En el caso de que alguna persona quiera recurrir, alguna parte del procedimiento sólo podrá ser a través de la jurisdicción contencioso-administrativa.