Así audita el Estado los 140.000 millones de los fondos europeos comprometidos para España

España tiene comprometidos 140.000 millones de euros de los fondos europeos Next Generation. El Gobierno ha designado a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) la auditoría de estos fondos. Según señala el Ministerio de Hacienda, en respuesta a una petición de información elaborada por Newtral.es, un equipo de 16 personas del IGAE, además de auditar estos fondos, también se encargan de coordinar y planificar las auditorías relacionadas con fondos europeos, del resto de los equipos del organismo de Hacienda. 

¿Quién vigila los fondos europeos Next Generation? La respuesta a esta pregunta está redactada en el artículo 21 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre. En él se designa a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) como autoridad de control del mecanismo de recuperación y resiliencia (MRR). 

La responsabilidad de la vigilancia de estos fondos recae en la División de Control de Fondos Europeos II, dependiente del IGAE. Esta División se creó en 2021 y está dotada de ocho interventores y ocho técnicos de auditoría y contabilidad. 

• Este órgano es clave a la hora de fiscalizar los fondos europeos, ya que no solo se encarga de las auditorías que los grandes programas nacionales de inversión se hacen acorde con la normativa vigente, sino también deben de coordinar las actuaciones del resto de los niveles.

Las auditorías no solo se realizan mediante el personal de esta división, sino que, como indica un portavoz de Hacienda, también lo llevan a cabo auditores dependientes de la IGAE de los distintos ministerios y organismos, así como auditores dependientes de las intervenciones generales de las Comunidades Autónomas. Bajo la dirección y coordinación del organismo dependiente de Hacienda. 

Por lo que desde el gabinete de prensa del Ministerio de Hacienda afirman que “el número de auditores que están trabajando actualmente en auditoría del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiados por los fondos europeos, es bastante más alto que 16 personas”.

• El uso que se le da a estos fondos también está vigilado por otros organismos, como el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude cuando recibe alguna denuncia o el Tribunal de Cuentas. Este último publica el resultado de sus fiscalizaciones en su propia página web.

En 2021 recurrieron a empresas para realizar auditorías sobre los fondos europeos

Aunque no lo indica Hacienda en la respuesta a la petición de información, en 2021 se llevaron a cabo seis auditorías. Para uno de estos controles, “se contó con la colaboración de empresas privadas de auditoría”, así lo menciona la Memoria de actividades de 2021 del IGAE.

Esta división detectó errores en cuatro auditorías el año pasado. La División de Control de Fondos Europeos II, en el ámbito estatal, llevó a cabo en 2022 cuatro auditorías correspondientes a las solicitudes de pago, nueve auditorías de sistemas de gestión y control y 13 auditorías de inversiones concretas.

De todas estas, identificaron errores en cuatro auditorías de inversiones sobre contratos, encargos y convenios, las cuales están siendo objeto de seguimiento para constatar su corrección. 

• Hacienda aclara en su escrito que aunque utilice el término de irregularidades, debe entenderse como la existencia de un error en un expediente que puede generar o no una obligación de reintegro de fondos; pero que no debe de entenderse como un supuesto de fraude.

Hacienda no revela información sobre los errores que detectó. Este medio pidió a Hacienda que el expediente del contrato o las subvenciones donde se detectaron estos errores, así como el nombre del organismo público que lo adjudicó y el nombre de la empresa adjudicataria. No obstante, el Ministerio rechazó la solicitud porque defienden que deben de aplicar el deber de confidencialidad y secreto profesional recogido en el citado artículo 145 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre. 

¿Qué hace la División de Control de Fondos Europeos II? En el ejercicio de sus funciones, esta autoridad de control realiza varios tipos de auditorías, entre las que se halla: 

• Auditorías sobre las solicitudes de pago de los fondos europeos que se envían a la Comisión Europea. Se trata de verificar la Secretaría General de Fondos Europeos ha presentado la solicitud de pago de acuerdo con lo establecido en la normativa.
• Auditorías de sistemas de gestión y control de las entidades decisoras y ejecutoras del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
• Auditorías de inversiones de una muestra determinada, con base a un análisis de riesgos de los instrumentos jurídicos tramitados en solicitudes de pago presentadas, para tratar de conocer la legalidad y regularidad del gasto ejecutado con cargo a los fondos de recuperación.
• Auditorías de seguimiento de medidas correctoras.
• También se encargan de llevar a cabo los procedimientos de recuperación de cantidades económicas “incorrectamente gestionadas”. 

Los expertos reclaman transparencia y mecanismos que evalúen los resultados

Juan Luis Jiménez, doctor en Economía por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, entiende que es obligatorio y necesario este tipo de auditorías, pero aclara que “lo único que se está auditando es una mera cuestión administrativa”. Critica que este tipo de auditorías “no evalúan si el uso que se la da al dinero público es el correcto. Ahí está el detalle”, apunta. 

Este experto señala que el control del uso de estos fondos también pasa por la Transparencia. En este sentido, critica que se desconocen datos tan importantes como quiénes son los mayores beneficiarios de estos fondos europeos. Jiménez trae a colación el análisis publicado por este medio en el que contamos que una treintena de empresas multadas por amañar contratos públicos recibieron más de 800 millones de los fondos europeos Next Generation.

Por ello resume que se deben auditar estos fondos, pero que también se tiene que se transparente y establecer mecanismos en los que se evalúe el resultado del uso de este dinero público. 

“Los mecanismos de supervisión se han centrado exclusivamente en la ejecución del gasto”

En la misma línea se expresa Alfonso Novales, catedrático de Economía en la Universidad Complutense de Madrid. Para el académico, “los mecanismos de supervisión se han centrado exclusivamente en la ejecución del gasto. En el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la única supervisión que se habla es de la contable”.

El catedrático lamenta que no haya ningún mecanismo de evaluación de la eficacia y los resultados. “En especial, cuando la evaluación de políticas públicas es el mayor problema que tenemos”, advierte. Añade que se siente sorprendido por este hecho, ya que el año pasado se aprobó una ley de evaluación de políticas públicas.

La dificultad de la gestión de fondos europeos: ¿Podrá ejecutar el Gobierno 140.000 millones de euros?

Aclara que, desde el punto de vista contable, hay un “galimatías tremendo”, respecto a cómo “se refiere un determinado representante al gasto”, apunta. “Hay quien da el gasto por ejecutado cuando solo se ha transferido de la contabilidad del Estado a la autonómica. Unos hablan de gastos, otros de ejecución”, zanja el experto.