España adjudica más dinero en contratos públicos, pero cada año recibe menos ofertas de empresas

En los últimos cinco años, el importe del dinero público adjudicado a través de contratos públicos ha subido un 57%, lo que supone un aumento de más de 28.000 millones de euros (sin impuestos). Sin embargo, al mismo tiempo, el número de empresas que se presentan a las licitaciones lleva tres años en descenso. Estas han pasado de una media de cuatro ofertas de empresas por contrato público en 2021 a las tres en 2023. Así se desprende del último informe cuatrimestral sobre contratación pública, elaborado por la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (ORIeScon).

El informe advierte de que el importe adjudicado en las licitaciones registrado en el sector público en 2023 fue de más de 77.850 millones de euros, frente a los 109.516 millones de euros que se habían presupuestado en un inicio.

Este aumento del importe adjudicado está relacionado de forma general con el incremento del valor estimado (cantidad presupuestada) destinado a la contratación pública, en parte por los fondos europeos. Aunque la ORIeScon apunta que en el caso de 2023 “viene determinado principalmente por el importante incremento en las licitaciones registradas”, en comparación con 2022. 

En cuatro años se ha adjudicado más de 21.000 millones de euros más

Entre 2019 y 2020 se redujo el importe adjudicado en 8.000 millones de euros. Desde entonces, la cifra no ha hecho más que subir, según datos de la OIReScon, que refleja en su informe un aumento de los 41.527 millones de euros en 2020 a los 77.850 millones en 2023 –registrando una subida de más de 36.000 millones de euros–.

Si se comparan 2022 y 2023, el año pasado el sector público estatal adjudicó contratos por un valor de 28.595 millones de euros (más del 28,8% de lo adjudicado en 2022), las comunidades autónomas lo hicieron por 29.652 millones de euros (más del 12,45%), mientras que el sector público local redujo su cifra en un 9,38%, alcanzando los 19.602 millones de euros.

• A diferencia de las cantidades monetarias adjudicadas y presupuestadas en las licitaciones, el informe cuatrimestral de la ORIeScon solo establece la media de empresas que participaron en estos contratos públicos a partir de 2021.

Según estas cifras, en los tres últimos años el número de empresas licitadoras ha ido descendiendo constantemente. En 2021, esta cantidad era de 4,07 empresas de media por contrato público; en 2022 este número bajó a los 3,24, hasta el año pasado, que se situó en 3,01 licitadores de media.

• La cifra más baja de participación se alcanzó en el último cuatrimestre del año pasado, cuando llegó a las 2,99 ofertas por contrato público adjudicado. 

En 2022 se batió un récord de contratos públicos con una única oferta

Como consecuencia de la baja participación, la OIReScon advierte de que en 2022 se produjo un aumento de más del 60% de contratos públicos adjudicados en los que solo presentó su oferta una empresa. 

En sus informes cuatrimestrales, la entidad supervisora no profundiza en este problema, aunque en otro informe, Las cifras de la contratación pública en 2022, publicado a finales de 2023, apunta que la concurrencia media de empresas “se ha reducido en general en todos los procedimientos respecto al 2021, siguiendo una tendencia decreciente desde el año 2019”.

El documento refleja que del total adjudicado en 2022, sin contar los contratos negociados sin publicidad, el 39,92% tuvieron un único licitador, lo que representa el 28,63% del volumen del importe económico adjudicado.

España tiene miles de millones de euros sin ejecutar de la UE

En los últimos años, el presupuesto de algunos Estados miembros de la Unión Europea se han visto incrementados por la recepción de fondos europeos, tanto por los estructurales como el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) o el Fondo Social Europeo (FSE), como por los fondos de recuperación (Next Generation). Una de las principales vías para adjudicar todo este dinero son las subvenciones y los contratos públicos.

Sin embargo, como ya contó Newtral.es, España tiene menos de un año para ejecutar el 37% (28.000 millones de euros) de los fondos estructurales europeos y, por otra parte, según un informe del Observatorio NextGen de la consultora Llorente y Cuenca (LLyC), faltarían todavía por ejecutar otros 35.000 millones de los fondos de recuperación.

Algunos de los expertos consultados, como Javier Vázquez Matilla, abogado experto en contratación pública, cree que entre las principales causas que hay en torno a este problema está la alta carga burocrática, que muchas empresas tienen que afrontar con recursos limitados y que les termina echando para atrás a la hora de presentar ofertas. 

Por ejemplo, una pequeña y mediana empresa a la hora de participar en un contrato público no puede contar con un equipo legal que le redacte los pliegos y le dé cobertura durante el proceso de licitación. Algo que una compañía grande sí puede hacer.