España tarda un año y ocho meses de media en adoptar las directivas europeas que tiene pendientes

Han pasado algo más de tres meses desde que venció el plazo que los Estados miembros de la Unión Europea (UE) tenían para adaptar la directiva comunitaria que prohíbe determinados productos plásticos de un solo uso como pajitas, cubiertos de plástico y bastoncillos para los oídos, pero España todavía no la ha integrado en su jurisprudencia.

La Directiva 2019/904 fue aprobada el 5 de junio de 2019 y tendría que haber sido incluida en la legislación de los países del club comunitario, a más tardar, el 3 de julio de 2021. España aún no lo ha hecho, al igual que con otras 19 directivas europeas sobre las que pesa un procedimiento de infracción por falta total o parcial de adaptación.

El retraso en la adopción de normativas comunitarias a la legislación estatal -un proceso que técnicamente se conoce como ‘transposición’- no es una novedad, ni tampoco ha sido una consecuencia de la pandemia de la COVID-19. A 6 de octubre de 2021, España tiene 20 directivas comunitarias pendientes de transponer, las cuales acumulan, de media, un año y un ocho meses de retraso, pese a que la adaptación es un requisito necesario para aplicar la legislación europea en los Estados miembros.

Medio ambiente, lucha contra el fraude y energía renovable: las directivas que España todavía no ha adoptado

Las normas comunitarias cuya aplicación todavía está pendiente en España actualmente fueron aprobadas entre 2009 y 2019, y regulan campos como la lucha contra el fraude, la promoción de la energía renovable o del funcionamiento del mercado de servicios de comunicación audiovisual, entre otros.

Entre ellas está la Directiva 2012/34/UE del 21 de noviembre de 2012. Dicha norma estableció un “espacio ferroviario europeo único” para antes del 16 de junio de 2015, pero su adaptación se hizo incorrectamente en España.

También relacionada con el medio ambiente está pendiente de transposición la Directiva 2014/52/CE. Esta se centra en la evaluación del impacto ambiental de iniciativas privadas y públicas, y debería haberse incluido en la legislación española, como tarde, el 16 de mayo de 2017.

Ante el retraso en la transposición de directivas se apuesta por incluirlas en la legislación con reales decretos-ley

En agosto de 2018, solo dos meses después de que Pedro Sánchez se convirtiera en presidente, el Gobierno de España aprobó un real decreto-ley en el que reconocía que existía un “retraso” en la adaptación de directivas europeas. Esto, reconocía el Ejecutivo, suponía “un riesgo de multa” para el país.

En el texto, el Gobierno consideraba que, “ante la gravedad de las consecuencias de seguir acumulando retrasos”, resultaba “necesario” acudir a la aprobación de un real decreto ley para proceder a la transposición de las normativas atrasadas y “cerrar los procedimientos de infracción abiertos”. Solo en este decreto se ejecutó la adaptación a la legislación española tres directivas europeas.

En los siete meses de 2018 durante los que Sánchez fue presidente, su Gobierno aprobó 25 reales decretos ley. Así lo recoge la página del Congreso de los Diputados, donde se evidencia que ocho de estos decretos sirvieron para adaptar directivas europeas. En 2021, de los 18 reales decretos ley aprobados, tres contenían transposiciones o modificaciones de normativas comunitarias. En uno de ellos, el Real Decreto-ley 7/2021, se adoptaron, completaron o modificaron hasta 11 directivas de la UE.

La adaptación de la normativa comunitaria a las legislaciones estatales

Las directivas conforman la legislación secundaria de la UE. Son aprobadas por las instituciones comunitarias cumpliendo con los tratados de la Unión y, una vez adoptadas, los Estados miembros deben incorporarlas (transponerlas) para que adquieran rango de ley en sus países.

El Gobierno tiene dos opciones para amoldar a su legislación nacional una norma comunitaria. Por un lado, puede aprobar un real decreto ley en el Consejo de Ministros, pero también puede presentar (y conseguir la aprobación) de un proyecto de ley en el Congreso de los Diputados.

Este proceso debe completarse en el plazo establecido por la Comisión, que generalmente es de dos años. En el caso de que esta adaptación de la norma no se comunique a la CE, no se realice o se haga incorrectamente, se inicia un procedimiento de infracción. O lo que es lo mismo, puede emprender acciones para reclamar que se amolde a la legislación comunitaria.

No solo hay que transponer una norma: se debe hacer cumplir

Juan Ignacio Navas, abogado especializado en derecho comunitario y socio fundador del bufete Navas & Cusí, explica a Newtral.es que el procedimiento no acaba con la adaptación del texto. “Hay que hacer que éste sea efectivo”, remarca el experto. “Si la norma ha ido al Congreso y se ha aprobado pero luego, en la práctica, no se respeta, el derecho europeo entiende que no hay transposición”, matiza.

Así pues, si el club comunitario detecta que un país “incumple o vulnera la normativa europea”, la CE puede adoptar “medidas que van desde la notificación de la infracción hasta una penalización económica”, subraya la Comisión a Newtral.es.

Sin embargo, Navas alerta de que “en la práctica, ocurre que esos procedimientos son eternos y se quedan anclados”. “Cuando esto ocurre, puede presentarse un recurso por inactividad ante el Parlamento Europeo, pero esto no pasa casi nunca”, lamenta.