Por qué gestiona España el espacio aéreo del Sáhara

El 26 de febrero se cumplen 48 años de la descolonización del Sáhara por parte de España. Ese mismo día de 1976 se arriaron las banderas rojigualdas de los cuarteles en territorio saharaui y el entonces embajador español ante Naciones Unidas, Jaime de Piniés, trasladó a la comunidad internacional “la voluntad del Gobierno español de proceder, ordenada y pacíficamente, a la descolonización del territorio”. El Gobierno de España se deshizo entonces de sus competencias administrativas sobre el Sáhara con una excepción: el espacio aéreo.

El objetivo de la descolonización, según la carta del representante español ante la ONU, era dar paso a un referéndum de autodeterminación que no solo no se celebró, sino que se perdió en multitud de resoluciones de Naciones Unidas y “planes de arreglo” que, a pesar del nombre, no consiguieron arreglar la disputa que aún mantienen abierta Marruecos, que reclama su soberanía sobre el Sáhara, y el Frente Polisario, que exige su autodeterminación.

A día de hoy el Sáhara es reconocido como un “territorio no autónomo” —el Polisario lo considera la República Árabe Saharaui Democrática— y, como todo territorio, tiene en sus alturas un espacio aéreo que hay que gestionar. La solución que encontró entonces la Organización Internacional de Aviación Civil (ICAO), agencia que depende de Naciones Unidas, fue que España se siguiera encargando del tráfico aéreo.

A grandes rasgos, la gestión del espacio aéreo se divide en las conocidas como áreas FIR, siglas de Flight Information Region. En España existen tres FIR —Madrid, Barcelona y Canarias— y cada una de ellas está gestionada por el operador español, que es el ente público Enaire.

Actualmente la gestión del espacio aéreo del Sáhara Occidental se lleva a cabo desde la división de centros de control de Canarias, como se puede comprobar a través de la Red Enaire y del mapa de gestión aeronáutica de la ICAO. Es decir, el espacio aéreo del Sáhara Occidental depende de la FIR Canarias, controlada por el gestor español Enaire.

Sin embargo, la gestión del espacio aéreo sobre el Sáhara es una de las demandas de Marruecos, que reivindica su soberanía sobre el territorio. Hace casi dos años, en marzo de 2022, el Gobierno de España dio un vuelco a su postura sobre el Sáhara Occidental y asumió la propuesta marroquí para la resolución del conflicto.

España, abierta a “conversaciones“ con Marruecos sobre el espacio aéreo del Sáhara

Poco después, el 7 de abril de 2022, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reunió en Rabat con el rey de Marruecos, Mohammed VI, para abordar la “nueva etapa abierta” entre ambos países. Como resultado de ese encuentro acordaron una declaración conjunta en cuyo primer punto España reconoce que la iniciativa de autonomía marroquí sobre el Sáhara es “la base más seria, realista y creíble para resolver este diferendo”.

El séptimo punto de esta declaración reza lo siguiente: “Se iniciarán conversaciones sobre la gestión de los espacios aéreos”. Esta mención es una clara referencia al control aéreo que mantiene España sobre el Sáhara Occidental, y que fue otorgada por la ICAO, dependiente de Naciones Unidas, hace casi medio siglo.

La gestión del espacio aéreo del Sáhara por parte de España ha sobrevolado en varias ocasiones y no solo con el actual gobierno del PSOE. El parlamentario más preocupado por esta cuestión es Jon Iñarritu (Bildu), quien ha registrado un total de seis preguntas al Gobierno por este asunto en los últimos ocho años. En 2016, cuando era senador —ahora es diputado—, preguntó por escrito sobre los términos en los que España controla el espacio aéreo del Sahara Occidental y el papel de Marruecos.

La respuesta oficial del Gobierno, entonces liderado por Mariano Rajoy (PP), fue que “España es la responsable de la gestión del espacio aéreo sobre el Sáhara Occidental por decisión de la Organización Internacional de Aviación Civil (ICAO) como autoridad internacional en la materia”, así como que “Enaire, proveedor de servicios de navegación aérea español, tiene suscritas cartas de acuerdo con el proveedor de servicios de navegación aérea de Marruecos”.

Dos senadoras de Coalición Canaria también plantearon en 2015 que la gestión del espacio aéreo del Sáhara tenía deficiencias. En concreto, denunciaron que Marruecos había eliminado la conexión directa de las torres de control de los aeródromos de El Aaiún y Villa Cisneros con el Centro de Control de Canarias gestionado por Enaire.

A raíz de la declaración conjunta de Marruecos y España de 2022, se han sucedido las preguntas parlamentarias dirigidas por escrito al Gobierno para que explique si tiene prevista una hipotética cesión del espacio aéreo saharaui a las autoridades marroquíes. En todas las respuestas (1, 2, 3, 4), el Gobierno de España se ha remitido al séptimo punto de la declaración conjunta, que se limita a decir que se van a iniciar “conversaciones”.