Catedrático, asesor de Ciudadanos y vocal de la Junta Electoral Central (JEC). Andrés Betancor ejercía los tres cargos mientras tomaba decisiones sobre el independentismo y resolvía recursos presentados por el mismo partido del que cobraba un sueldo.
La publicación de eldiario.es sobre este hecho ha puesto en entredicho la imparcialidad de Betancor en el máximo órgano electoral, generando dudas sobre su legalidad y su legitimidad. Te explicamos lo que se sabe hasta ahora.
¿Es legal?
Lorena Roldán, portavoz de Ciudadanos, ha defendido hoy que es «normal» que Betancor ejerciera como asesor y miembro de la JEC al mismo tiempo y que «en ningún caso sería ilegal; podía formar parte de la Junta Electoral sin problema», según ha dicho en una entrevista en Ràdio 4, de RNE.
La JEC se rige por la Ley Orgánica del Régimen Electoral General y en ella no se precisa ninguna incompatibilidad explícita, pero eso no le excluye de cumplir con el resto del ordenamiento jurídico, como explica Xavier Arbós, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Barcelona.
Por ejemplo, la Ley 53/1984 de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, que en su artículo 1.3 establece que «el desempeño de un puesto de trabajo por el personal incluido en el ámbito de aplicación de esta Ley será incompatible con el ejercicio de cualquier cargo, profesión o actividad, público o privado, que pueda impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes o comprometer su imparcialidad o independencia«.
El Código Penal también se refiere al incumplimiento de un deber de abstención en su art. 441.
¿El Congreso conocía el caso?
En el artículo de eldiario.es se señala que Betancor «ocupaba un cargo de asesor y un despacho en la quinta planta de las oficinas que el Congreso de los Diputados destinada a las formaciones políticas».
Sin embargo, fuentes del Congreso consultadas por Newtral.es aseguran que no se tenía constancia de este hecho y que se habría ocultado esta circunstancia si, efectivamente, ocupaba una de estas oficinas.
También niegan que Betancor cobrara un sueldo del Congreso, ya que no era asesor parlamentario, sino asesor político, por lo que el salario procedía de Ciudadanos.
¿Ciudadanos promovió su elección?
Sí, el 26 de octubre de 2017 el Grupo Parlamentario Ciudadanos presentó la propuesta de Betancor como candidato a vocal de la JEC.
En su comparecencia ante la Cámara, Betancor defiende sus méritos para ocupar ese cargo, pero no se refiere en ningún momento a su vinculación o afinidad con el partido. Unos días después, el 30 de octubre, fue nombrado mediante Real Decreto.
La Junta Electoral Central es el órgano superior de la administración electoral y tiene carácter permanente. Está compuesta por ocho vocales elegidos de entre los magistrados del Tribunal Supremo, y cinco más catedráticos de Derecho o de Ciencias Políticas y Sociología, en activo, que son designados a propuesta de los partidos con representación en el Congreso.
¿Se presentaba como experto en temas de corrupción?
Sí, en la misma comisión de nombramiento en la que resultó elegido, Gutiérrez Vivas recordó que Betancor había participado en el Congreso «como experto en temas de corrupción y sobre todo en lo que tiene que ver con la corrupción política dentro de la Comisión de Lucha contra la Corrupción y protegiendo a los denunciantes». En ese momento, el diputado añadió: «Por tanto, entiendo que conoce usted cómo funciona esto».
Además, Betancor es autor de libros y textos sobre corrupción y corrosión del Estado de derecho.
¿Esto inhabilita las decisiones de la JEC?
Todavía no se sabe si la JEC tomará medidas para inhabilitar las decisiones que se tomaron mientras Betancor era vocal y en las que hubiera podido existir conflicto de intereses.
Xabier Arbós defiende que solo habría que revocar las decisiones en caso de que el voto del catedrático hubiera sido decisivo. «No habría que retirarlas si ninguna de ellas se adoptó con el voto decisivo de Betancor. En caso contrario, entonces sí podrían ser anuladas». Aunque explica que hay otras interpretaciones de juristas que defienden que, si se puede mantener que influyó, aunque su voto no fuera decisivo, podría anularse.
¿A quién afecta?
El president de la generalitat, Quim Torra, anunció ayer que presentará una querella por soborno, prevaricación y/o delito electoral contra Betancor porque considera que está «en el origen de su inhabilitación» como diputado, y cree que el vínculo de Betancor con Ciudadanos «pone en duda todas las decisiones tomadas por la JEC en los dos últimos años».
Perquè és a l’origen de la meva inhabilitació, presentaré una querella per suborn, prevaricació i/o delicte electoral contra Betancor i els que siguin responsables d’aquest escàndol que posa en dubte totes les decisions preses per la JEC els últims 2 anys. https://t.co/1w8M6m5QdX
— Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) February 27, 2020
Su abogado, Gonzalo Boye, también ha criticado en Twitter que «fue esta misma JEC, con Betancor cobrando de Ciudadanos, la que sancionó al president Quim Torra y le denunció ante Fiscalía que, finalmente, presentó querella en su contra ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por ‘desobedecer’ una orden de la JEC instigada por el propio Betancor».
¿Ya había sido denunciado?
Sí, en mayo del año pasado el Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid anunció que no admitió la querella por prevaricación contra Betancor y Carlos Vidal, otro miembro de la JEC, al considerar que no había indicios de delito.
La querella había sido presentada por la coalición Lliures per Europa, liderada por el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont al considerar que existía una «enemistad manifiesta» entre ambos, después de que Betancor y Vidal votaran a favor de excluir al expresidente catalán y a dos de sus exconsejeros de la lista para las elecciones europeas, aunque la decisión fue revocada unos meses después.
Scandalous revelations by @eldiarioes: Spanish electoral authority under the influence of political party that payed a member who decided in our cases.
— Carles Puigdemont (@KRLS) February 27, 2020
I will try to explain why we are victims of political persecution from Spanish authorities: https://t.co/yULTKUcXSY
Pero no fue la única denuncia pública. En la sentencia del TSJ de Cataluña sobre la condena e inhabilitación a Torra figura que «la defensa denuncia la imparcialidad de dos de los Vocales de la Junta Electoral Central, Sres. Andrés Betancor y Carlos Vidal».
¿Fallaron los controles?
El único control de acceso al cargo de vocal de la JEC es la comisión de nombramiento en el Congreso, donde los diputados pueden formular preguntas o aclaraciones a los candidatos propuestos.
¿La Universidad estaba al tanto?
La Comisión de profesorado de la Universidad Pompeu Fabra (UPF) concedió el paso a dedicación parcial el 1 de marzo de 2017, a petición de Betancor. Sin embargo, el equipo de prensa de la Universidad señala que «para la concesión de este cambio no es obligatorio informar de las actividades privadas que se desea realizar, salvo en caso de potencial incompatibilidad».
El rector de la UPF abrió ayer un procedimiento informativo para esclarecer esta cuestión y, en su caso, adoptar las medidas oportunas.
Davant les informacions aparegudes avui, 27 de feb., en relació a les activitats del prof. Andrés Betancor , el rector de la UPF ha ordenat l’obertura d’un expedient informatiu per aclarir si les actuacions d’aquest professor poden ser objecte de sanció per part de la Universitat
— UPF Barcelona (@UPFBarcelona) February 27, 2020
La UPF, en tanto que universidad pública, está sujeta al régimen de incompatibilidades que establece la legislación para los empleados al servicio de administraciones públicas, así como a las previstas para el profesorado en la Ley Orgánica de Universidades.
¿Incompatibilidad o conflicto de intereses?
Más allá de que la ley electoral no establece una incompatibilidad de manera explícita, los expertos defienden que, en cualquier caso, lo grave del doble cargo reside en el conflicto de intereses.
«Creo que, en general, no debería haber mantenido un puesto profesional y remunerado con otro como funcionario en el que se trataba de asuntos que interesaban al partido político que le estaba pagando, pero menos aún, en ningún caso, cuando debía atender recursos presentados por ese partido político», explica Arbós. «No puede ser que estés cobrando como asesor permanente de un partido y que al mismo tiempo actúes y no te inhibas en los asuntos que tenga interés el partido en el que asesoras».
¿Qué ha dicho Ciudadanos?
Las cúpulas del partido han evitado responder sobre el caso. Tanto Inés Arrimadas como Edmundo Bal y Marcos de Quinto han eludido las preguntas al respecto.
También Francisco Igea, candidato a presidir Ciudadanos, ha asegurado lo siguiente: «Andrés Betancur ha colaborado con nosotros desde hace… desconozco su situación contractual, cuándo estaba y cuándo no estaba contratado. No le puedo dar una información que yo no tengo. Nosotros siempre hemos creído que los controladores tienen que ser imparciales y esa es la doctrina del partido», ha dicho en una entrevista en Los Desayunos de TVE.
Desde Ciudadanos han admitido que Betancor figuraba en nómina, pero no han especificado sus funciones ni el salario que cobraba.
La hemeroteca: Dolores Delgado
Ciudadanos fue uno de los partidos más críticos con el nombramiento de Dolores Delgado como Fiscal General del Estado e, incluso, llegó a plantear una reforma para garantizar la independencia de este órgano.
Bal afirmó en enero que el nombramiento de Delgado como fiscal general del Estado iba en contra de los principios de «imparcialidad, independencia técnica y despolitización» que debe cumplir el Ministerio Público.
Fuentes:
- Ley Orgánica del Régimen Electoral General
- Junta Electoral Central
- BOE
- Congreso de los Diputados
- TSJ de Cataluña
- Xavier Arbós, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Barcelona
- Universidad Pompeu Fabra
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