Voto unánime en el Congreso a favor de avanzar en los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad. La semana pasada, el parlamento español dijo sí a la Proposición de Ley, registrada por Ciudadanos en 2019, que modificaría el Código Penal para ilegalizar las esterilizaciones forzadas a personas de este colectivo, “una práctica que sufren especialmente las mujeres”, como explica a Newtral.es Marta Valencia, secretaria de organización de la Confederación Española de Personas Con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE).
El texto legal, que todavía tiene que ser sometido a votación en el Senado, reformaría el Código Penal eliminando el párrafo segundo del artículo 156 que, actualmente, permite las esterilizaciones no consentidas con una autorización judicial. Autorización que necesariamente conlleva primero la incapacitación judicial de la persona.
El problema, por tanto, no es solo la esterilización en sí, sino que la incapacitación previa elimina la autonomía de las personas con discapacidad en muchos ámbitos: “Te afecta a todas las esferas de tu vida. No puedes disponer de tu patrimonio, no te puedes casar, no puedes trabajar… Te convierten en un sujeto absolutamente dependiente, es una anulación total como ciudadanas y ciudadanos”, apunta a Newtral.es Isabel Caballero, coordinadora de la Fundación CERMI Mujeres.
Más de una década para implementar este derecho
La aprobación definitiva de esta ley y su entrada en vigor supondría un paso más en la lucha por dotar de autonomía a las personas con discapacidad, como ya lo fue en 2018 la modificación de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) para devolver el derecho a voto a cerca de 100.000 personas que habían sido inhabilitadas para ello.
“Hay que abogar por un modelo de apoyo en la toma de decisiones, es decir, crear mecanismos para que las personas sean informadas y sean ellas las que tomen las decisiones que crean más convenientes”, señala Isabel Caballero. Según la coordinadora de CERMI Mujeres, todavía falta mucha “pedagogía social” para que se deje de ver a las personas con discapacidad como seres sin los mismos derechos que el resto de la ciudadanía: “Deben poder decidir por sí mismas. Y si tienen dificultad para entender determinada información, pues que tengan el apoyo para entenderla”, añade.
La batalla por la autonomía sexual y reproductiva se libra desde hace más de una década, después de que en 2006 la ONU aprobase la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por España en 2008. En su artículo 23, la Convención habla de respetar “el derecho de las personas con discapacidad a decidir libremente y de manera responsable el número de hijos que quieren tener y el tiempo que debe transcurrir entre un nacimiento y otro”, así como “a tener acceso a información, educación sobre reproducción y planificación familiar apropiados para su edad, y se ofrezcan los medios necesarios que les permitan ejercer esos derechos”. También señala que estas personas, incluidas niñas y niños, tienen derecho a mantener su fertilidad en igualdad de condiciones con las demás.
“España llevaba más de una década incumpliendo la Convención que había ratificado”, señala Marta Valencia, de COCEMFE. A pesar de que este voto en el Congreso aún era el penúltimo trámite, Inés de Araoz, asesora jurídica en la organización Plena Inclusión, apunta que “se espera que para finales de año la norma esté aprobada”.
Es importante que toda la sociedad sepa que en ningún caso se puede esterilizar a una persona sin su consentimiento
El artículo 156 del Código Penal señala que “no será punible la esterilización acordada [o forzada, como se conoce de manera informal] por órgano judicial en el caso de personas que de forma permanente no puedan prestar en modo alguno el consentimiento”, y esto será “siempre que se trate de supuestos excepcionales”. “El problema de estas excepcionalidades de las que habla el Código Penal es que no hay criterios para su interpretación”, explica De Araoz en conversación con Newtral.es.
Para esta abogada especializada en derechos de las personas con discapacidad, los trámites que faltan “se prevé que se agilicen, ya que hay un acuerdo unánime en que ese párrafo del Código Penal debe desaparecer”. El reto, apunta De Araoz, es la difusión de la propia reforma: “Cuando se aprobó la reforma sobre el derecho a voto de las personas con discapacidad, nos llegaron sentencias posteriores a la entrada en vigor de esta norma de que se había privado de este derecho. Es importante que toda la sociedad sepa que en ningún caso se puede esterilizar a una persona sin su consentimiento para que no haya casos una vez la reforma esté en vigor”.
Esterilización forzada, una cuestión de género
No solo la ONU considera que la esterilización forzada contraviene los derechos fundamentales de las personas, sino que también el Convenio de Estambul, aprobado en 2011 por el Consejo de Europa y ratificado por España en 2014, contempla esta práctica como una forma de violencia de género, reconociendo que la sufren principalmente mujeres.
“Apenas hay datos”, denuncia Isabel Caballero, de CERMI Mujeres. “Partimos de los informes del Consejo General del Poder Judicial [CGPJ] que, grosso modo, indican que hay unas 100 esterilizaciones vía judicial al año. Sin embargo, el CGPJ no desagrega los datos ni por sexo ni por tipo de discapacidad, por lo que apenas disponemos de información oficial”, añade.
No obstante, según la organizadora de esta fundación, “el personal técnico viene observando desde hace muchos años que son principalmente las mujeres quienes son sometidas a esta práctica, especialmente aquellas con discapacidad intelectual”.
En esto coincide también Inés de Araoz, de Plena Inclusión, quien señala que “en el caso de los hombres, la esterilización forzada es muchísimo más excepcional”, así como Marta Valencia, de COCEMFE, que apunta: “Históricamente se ha privado a las mujeres del derecho a la salud sexual y reproductiva. En el caso de las mujeres con discapacidad es igual, pero se añade la infantilización constante que sufrimos”.
Según Valencia, “la mayoría de mujeres con discapacidad a las que han esterilizado ni siquiera lo saben”: “Se les dice que las van a operar y ya. No se les explica nada más allá de eso. La mayoría no son conscientes ni se enteran a posteriori, lo que dificulta mucho también que puedan denunciar”.
Por ello, Marta Valencia considera que este paso “es fundamental”, pero hay que seguir evolucionando hacia “un modelo menos capacitista”: “Las mujeres con discapacidad también tenemos deseo sexual. Y también necesitamos ir al ginecólogo y que subirnos a la camilla exploratoria no sea una odisea si, por ejemplo, vas en silla de ruedas. De hecho, a mí con 40 años me han llegado a preguntar en la consulta si alguna vez había tenido relaciones sexuales. Son preguntas que no le harían a una mujer de 40 años sin discapacidad”.
Esta negación de la autonomía obedece, según la secretaria de organización de COCEMFE, a que “se aniña a las mujeres con discapacidad, como también pasa cuando tenemos algún problema de salud mental”. “En una sociedad plenamente inclusiva, nosotras también tenemos que estar informadas y consentir. En el ámbito concreto de los derechos sexuales y reproductivos solo hace falta dar formación específica al personal sanitario. No podemos seguir invisibilizadas”, concluye.
Los casos de esterilización TODOS pasan por autorización judicial, esto quiere decir que un juez evalúa caso por caso la necesidad de ello y se apoya en psicólogos para el discernimiento del sujeto. Si no se les dice y ellos ni consienten o se niegan es porque no saben de lo que se les habla. Y esto se hace, por desgracia, porque el abuso a mujeres discapacitadas es frecuente y porque ni ellas mismas saben lo que les ocurre, y porque tampoco hay demasiado control en los pisos tutelados para evitar materniaded y paternidades de personas que ni saben ni pueden tener cura. Esa ley es papel mojado porque en la práctica no va a servir de nada.
Dependerá del tipo de discapacidad de la mujer,
No todas las discapacidades son iguales, no seamos nazis.por favor.
Necesitaríamos un equipo de expertos que evaluararan del tipo de incapidad de que se trata
Y sobre todo, hacer conscientes a esas mujeres del compromiso que conlleva la maternidad.
Y saber si pueden ser responsables de asumir un compromiso tan importante.