Qué implica el anteproyecto de ley para proteger entidades críticas que propone el Gobierno 

El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de ley de protección y resiliencia de entidades críticas, una norma que prevé apoyar el funcionamiento de empresas (públicas o privadas) que se dediquen a sectores estratégicos como la energía, el transporte o la sanidad, entre otros. 

• El objetivo pasa por proteger a estas empresas de fenómenos naturales u otras amenazas como sabotajes o riesgos tecnológicos, según ha explicado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. 

• En primera vuelta. Ahora debe pasar por un proceso de consulta con los sectores y organismos implicados hasta que se envíe al Congreso de los Diputados para su tramitación como proyecto de ley. 

• De urgencia. El Gobierno ha acordado la tramitación por la vía de urgencia, lo que reduce los plazos ordinarios en las Cortes Generales a la mitad. 

Una directiva pendiente. La iniciativa planteada por el Gobierno trae a la legislación nacional, un mes después del apagón eléctrico del pasado 28 de abril, una directiva europea cuya fecha límite de transposición se cumplió en octubre del año pasado relativa a la resiliencia de las entidades críticas. 

La propuesta. La iniciativa legislativa del Gobierno contempla proteger a las empresas pertenecientes a sectores estratégicos y se asienta sobre las siguientes medidas:

• Contempla crear un catálogo nacional que recoja las entidades críticas y estratégicas a las que afecta la norma, un documento que será revisado cada cuatro años como mínimo, ha explicado el ministro. 
• Las empresas consideradas críticas tendrán que impulsar un plan de resiliencia para estudiar los riesgos que supone prestar sus servicios.
• Prevé impulsar un Centro nacional para la protección y resiliencia de las entidades críticas (CNPREC) que sustituya al actual Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas (CNPIC) y que dependerá de la Secretaría de Estado de Seguridad. 
• Propone crear un sistema, aún por definir, para comprobar los posibles antecedentes que puedan tener los trabajadores de entidades críticas. 
• Cada empresa designará a un responsable de seguridad y resiliencia de la entidad que será la persona encargada de notificar incidentes.

¿A quién afecta? El anteproyecto afecta a las entidades críticas del territorio nacional, salvo a las que pertenecen al sector bancario, de mercados financieros o de infraestructuras digitales, que quedan fuera por tener su propia regulación, explica el comunicado posterior a la rueda de prensa del Consejo de Ministros. 

• También quedan fuera del ámbito de aplicación entidades dependientes del Ministerio de Defensa o de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado nacionales (o los autonómicos con competencias reconocidas), puesto que se rigen por su propia normativa. 

Sectores estratégicos. La propuesta considera sectores estratégicos el de la energía, el transporte, la sanidad, el agua, la Administración pública, la producción, transformación y distribución de alimentos, la industria nuclear, las instalaciones de investigación o la seguridad privada, entre otros.