De quién son competencia los enterramientos de los migrantes fallecidos en el mar

En lo que va de año, al menos 422 personas han muerto o desaparecido en la ruta del Atlántico hacia Canarias, según el registro de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) de Naciones Unidas. Pero ¿quién se encarga de los enterramientos de los migrantes fallecidos en el mar?

En septiembre, la alcaldesa de Mogán (Gran Canaria), Onalia Bueno, de Juntos por Mogán-Coalición Canaria, anunció que su ayuntamiento no financiaría “ni un enterramiento más”, como explicó en declaraciones a RTVE Canarias.

Para Bueno, debería ser el Gobierno central el que abone los gastos ocasionados por un enterramiento. “Nosotros ya no vamos a asumir ningún enterramiento más, por parte por lo menos de Mogán, porque lo debe pagar el Gobierno de España”, mantiene la alcaldesa, que defendió que cedería “sus” nichos, pero no los costes. 

Sin embargo, desde la Delegación del Gobierno en Canarias y la Federación Canaria de Municipios (Fecam), mantienen que es competencia de los municipios.

Ayuntamiento y Estado: la competencia de cada uno sobre los enterramientos de migrantes fallecidos en el mar

“La competencia es de los ayuntamientos”, aseguran a Newtral.es desde la Delegación del Gobierno en Canarias, aunque no han sabido indicar qué norma recoge dicha competencia. Por su parte, la alcaldesa de Mogán mantiene, en declaraciones recogidas por Informativos RTVC, que “cuando (los migrantes) mueren en alta mar es competencia del Estado. Los ayuntamientos no tenemos competencias en aguas nacionales”.

Pero ¿de quién es la competencia legalmente? En conversación con Newtral.es, Ignacio Diaz de Aguilar, abogado y especialista en derecho de asilo, explica la polémica y señala que hay dos partes:

“Hay una serie de convenios internacionales que vinculan a España algunas normas, delimitan las zonas de las que tiene que hacerse cargo el salvamento, indican cómo hay que hacer y qué obligaciones hay en caso de naufragio…”. Por tanto, el experto indica que ni las autonomías ni los municipios tienen competencias fuera de las aguas territoriales. “Es todo obligación del Estado: rescatar y llevar a puerto las personas y, si han fallecido, hacerse cargo de ellas y darles un trato digno”, asegura. 

Cuando el buque llega a puerto. “Es importante recordar que en Derecho existe el principio de lealtad institucional por el que las instituciones (comunidades, ayuntamientos y Estado) deben colaborar”, explica Diaz de Aguilar, que señala que son los municipios los que tienen las competencias sobre los cementerios. Y aquí, es donde surge la polémica: la gestión de los enterramientos viene recogida en un decreto de 1974 sobre el Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria. 

• En concreto, en su artículo 9, especifica que los servicios municipales son los encargados de cubrir los costes de los entierros de aquellas personas sin recursos (“incluidas en la beneficencia”) que mueren en su territorio, un aspecto que también destaca el experto. “Todos los ayuntamientos corren con estos gastos cuando una persona indigente fallece en su término municipal”, señala. 

Por tanto, según este experto, los consistorios tienen la obligación de financiar los enterramientos de las personas sin recursos que fallecen en su territorio, pero no de los migrantes fallecidos en el mar. “Una cosa es que no se haga, pero de entrada no es obligatorio que los Ayuntamientos corran con estos costes”, concluye el experto, que recuerda que Mogán y otros municipios han estado cubriendo dichos gastos hasta ahora. 

Los convenios internacionales y el deber de rescatar 

Hay varios tratados internacionales que ponen el foco de actuación en los Estados, como señala Diaz de Aguilar. Algunos de ellos son:

• Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, de 1982. En su artículo 98 señala que “todo Estado exigirá al capitán de un buque” que, siempre que sea seguro, “preste auxilio a toda persona que se encuentre en peligro de desaparecer en el mar”. 
• Convenio sobre la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, que España ratificó en 1980. “Cada uno de los Gobiernos Contratantes se obliga a garantizar la adopción de las medidas que exija la vigilancia de costas y el salvamento de personas que se hallen en peligro cerca de las costas, en el mar”, señala. 
• Real Decreto Legislativo 2/2011. En su artículo 264.1 destaca que “el servicio público de salvamento de la vida humana en la mar y de la lucha contra la contaminación del medio marino se prestará por la Administración General del Estado, así como por las restantes Administraciones públicas competentes, de acuerdo con el principio de coordinación”. 

 La ruta hacia Canarias: desde 2021 más de 2.000 personas han fallecido en el mar

Desde enero hasta el 30 de septiembre, últimos datos disponibles del Ministerio del Interior, el número de personas que han llegado a España por vía marítima asciende a 25.640, de los cuales el 58,4% lo ha hecho en las islas Canarias. 

Sin embargo, como reflejan los datos de la OIM, 422 migrantes fallecieron o están desaparecidos, una cifra que llega a las 2.107 personas si se atienden a los datos desde enero de 2021. El principal motivo de la muerte es el ahogamiento en el mar. 

Como señala el organismo de Naciones Unidas, la ruta hacia Canarias “es extremadamente peligrosa debido en gran parte a la duración del viaje de ultramar y a la falta de capacidad especializada para las operaciones de búsqueda y rescate”.

• Según la OIM, el punto de cruce más cercano en Marruecos se encuentra a aproximadamente 95 kilómetros fuera del país, “pero la gran mayoría de las partidas en esta ruta ocurren mucho más lejos”. 
• “Estos viajes pueden implicar que los migrantes deban quedarse en alta mar por días e incluso semanas, y los barcos en los que se encuentran no cuentan con suficiente provisión de comida ni de agua para quienes se encuentran a bordo”, señalan.