El 19 de octubre finalizaba el plazo para presentar enmiendas a la ley del aborto (o Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo), cuyo objetivo, además de implementar derechos vinculados a la salud sexual y reproductiva, como el permiso menstrual, es que el acceso a la interrupción del embarazo sea más garantista.
Así, como explicábamos en Newtral.es, el proyecto para reformar la ley del aborto contempla algunas cuestiones principales como:
- Implementar la interrupción del embarazo en la sanidad pública para evitar la desigualdad territorial (provincias donde no se practican abortos)
- Eliminar el periodo de reflexión de tres días y la obligatoriedad de recibir un sobre con políticas activas a la maternidad
- Crear un registro de objetores de conciencia para asegurar que en los centros públicos siempre haya personal suficiente para atender a las pacientes
- Permitir que el consentimiento de las menores de 16 y 17 años sea suficiente para abortar
- Bajas vinculadas a derechos sexuales y reproductivos: permiso menstrual, permiso tras un aborto (espontáneo o no) y permiso preparto a partir de la semana 39
- Dispensa gratuita de métodos anticonceptivos, así como de la píldora del día después
Sin embargo, la reforma en tramitación, tal y como se remitió a las Cortes, no aborda la manera en qué están regulados los comités clínicos que autorizan los abortos por motivos médicos a partir de la semana 22. En esta investigación de Newtral.es sobre dichos comités contábamos que cada año hay mujeres que se ven obligadas a viajar al extranjero (a Bruselas, por ejemplo) porque un comité clínico les ha denegado la posibilidad de interrumpir un embarazo tras haberse detectado una malformación fetal grave.
De acuerdo con la ley vigente, aprobada en 2010, el aborto pasada la semana 22 solo se permite cuando hay una malformación incompatible con la vida o una enfermedad extremadamente grave e incurable. Y así lo debe ratificar un comité clínico, cuyos miembros son designados por la administración competente de las CCAA.
Además de que hay mujeres que viajan al extranjero tras la negativa de un comité clínico, las expertas consultadas por este medio coincidían en que la regulación actual del comité tiene otros problemas asociados:
- La mujer puede elegir a un miembro del comité pero casi nunca es informada de esto o desconoce este derecho
- Se puede elevar un caso al comité tantas veces sea necesario, pero también es ampliamente desconocido
- El comité no tiene por qué razonar su decisión ni aportar documentación alguna, la ley no se lo exige
- La ley no establece incompatibilidad entre ser objetor de conciencia y formar parte del comité
Enmiendas en la ley del aborto: así se modificaría lo relativo al comité clínico
Durante la fase de enmiendas de la ley del aborto, Unidas Podemos ha presentado una enmienda para modificar precisamente algunas de estas cuestiones.
Así, este grupo parlamentario propone que el comité no tenga la última palabra, sino que se puede recurrir la decisión iniciando un expediente de jurisdicción voluntaria. En ese caso, sería el juez quien, tras escuchar a la paciente en cuestión, tomaría una decisión: “Una vez confirmado el dictamen y si la usuaria no está de acuerdo con la decisión podrá recurrir a la vía judicial para que puedan ser valorados otras variables más allá de la anomalía fetal”, apunta la enmienda.
Por otro lado, la reforma normativa contempla la creación de un registro de objetores de conciencia. En otra de las enmiendas a la ley del aborto presentada por el grupo parlamentario de Unidas Podemos se introduce la imposibilidad de constar en este registro y, a la vez, en un comité: “Ninguno de los miembros del comité podrá formar parte del registro de objetores de la interrupción voluntaria del aborto ni haber formado parte en los últimos 3 años”.
Por último, y respecto a las enmiendas presentadas para modificar el comité, este grupo parlamentario incluye lo siguiente: “Confirmado el diagnóstico por el comité, la mujer decidirá sobre la intervención. En caso que el dictamen no confirme el diagnóstico deberá introducirse el fundamento racional en el mismo”. De este modo, el comité estará obligado a argumentar su negativa.
Las enmiendas de otros grupos parlamentarios
El Partido Popular, en sus enmiendas a la ley del aborto, propone eliminar el permiso menstrual y el permiso tras un aborto (sea espontáneo o no). Respecto a la baja menstrual, el grupo parlamentario alega que “va a perjudicar a las mujeres más que beneficiarles en términos de empleo y empleabilidad”.
También han introducido una enmienda para eliminar el artículo que regula el aborto libre en las primeras 14 semanas, así como todos los artículos vinculados a ello (el de crear un registro de objetores de conciencia, el que eliminaría el periodo de reflexión o el que permitiría a las menores de 16 y 17 años abortar sin permiso parental). Otra de las enmiendas es para suprimir el artículo que regularía la dispensa gratuita de métodos anticonceptivos. Según el grupo popular, “no responde a las necesidades planteadas desde los colectivos profesionales sanitarios ni supone garantía alguna de avance en términos de calidad y seguridad asistencial”.
El PSOE, por su parte, centra varias de las enmiendas a la ley del aborto en la gestación subrogada o gestación por sustitución. Por ejemplo, aboga por incluir en las campañas de concienciación aquellas que “desmitifiquen algunas formas de violencia reproductiva como la gestación por sustitución”.
Además, introduce la imposibilidad de que “aquellas organizaciones contrarias al derecho recogido en la presente ley de interrupción voluntaria del embarazo” puedan beneficiarse del apoyo y la participación que brinda la administración pública.
El concepto de violencia obstétrica ocupa un lugar importante en el conjunto de enmiendas presentadas. En el texto remitido a las Cortes no se incluía este concepto que hace referencia a aquellas violencias vinculadas a procesos reproductivos. Sin embargo, tanto el grupo Unidas Podemos, ERC, Compromís y EH Bildu han presentado enmiendas para introducir este concepto en la futura legislación.
Desde la CUP apuestan por despenalizar el aborto, es decir, que este delito desaparezca del Código Penal para que no se sancione ni castigue a una persona que aborta fuera de los plazos de la ley ni al facultativo que lo realiza en estas mismas circunstancias.
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